Demolición municipal sin acto previo: ¿amparo o contencioso administrativo?
La Municipalidad de San Jerónimo, invocando un plan regulador aprobado en 2019 y una «declaratoria de interés público» del Concejo, envía una cuadrilla a las 6:00 a.m. del 14 de marzo de 2024 al precario La Esperanza. Sin notificación previa, sin acto administrativo escrito y sin orden judicial, los trabajadores derriban la pared del frente y parte del techo de la casa de doña Rosa, de 68 años, donde viven también su hija y dos nietos menores. Los vecinos graban la escena: los funcionarios impiden sacar muebles y documentos y alegan que existe un «oficio de urgencia» del Departamento de Ingeniería. La familia presenta un escrito el 15 de marzo ante la Sala Constitucional; la Municipalidad opone que la vía idónea es el contencioso administrativo, que no se agotó la vía administrativa y que la obra responde a un plan regulador vigente.
1. ¿Es admisible el recurso de amparo pese a que la Municipalidad invoca la vía contencioso administrativa y el agotamiento de la vía administrativa?
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El amparo es la vía idónea porque se trata de una vía de hecho.
Razonamiento: (1) el artículo 48 de la Constitución confía a la Sala Constitucional la protección de los derechos fundamentales mediante el amparo; (2) la vía contencioso administrativa presupone un acto o una resolución impugnable, y aquí no hubo acto notificado ni procedimiento, sino ejecución material; (3) el requisito de agotar la vía administrativa no se aplica cuando no existe acto que recurrir y cuando la violación es continua e irreparable; (4) la subsidiariedad del amparo opera solo si el otro medio es idóneo y eficaz, lo que no ocurre frente a una demolición en curso.
La Sala no debe rechazar el amparo por la simple invocación de un plan regulador: precisamente la ausencia de acto de aplicación es lo que configura la vía de hecho. Conclusión: admisible, con posibilidad de medidas cautelares inmediatas.
2. ¿Qué derechos fundamentales se comprometen y qué podría ordenar la Sala?
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Derechos comprometidos: inviolabilidad del domicilio (artículo 23 constitucional), propiedad (artículo 45), vivienda adecuada y protección de la familia, integridad personal y de los menores, y debido proceso en cuanto a legalidad y tutela judicial (artículos 39 y 41).
La Sala puede: suspender de inmediato la obra; ordenar el cese de la vía de hecho; disponer medidas de protección para doña Rosa y los menores; ordenar la restitución de lo posible; y apercibir a la autoridad con desobediencia. No se trata de anular el plan regulador -eso correspondería a la acción de inconstitucionalidad o al contencioso-, sino de reparar la lesión concreta. La orden debe ser ejecutable: identificar al alcalde y al departamento responsable, fijar plazo y apercibir con multas.
Si la demolición ya consumó el daño, el amparo puede declarar la violación y ordenar la reparación, sin sustituir la acción indemnizatoria.
3. La Municipalidad alega que existe un plan regulador y una declaratoria de interés público. ¿Bastan para legitimar la ejecución material?
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No. Un plan regulador es una norma general y una declaratoria de interés público es una calificación; ninguna sustituye el acto administrativo de aplicación, debidamente motivado y notificado, ni el procedimiento previo.
Si la obra implica privación de la propiedad, el artículo 45 constitucional exige ley, calificación de interés público e indemnización previa. La administración no puede hacerse justicia por sí misma: la ejecutoriedad del acto no autoriza allanar el domicilio sin orden judicial ni desconocer la audiencia. Además, la urgencia debe probarse y someterse a proporcionalidad: demoler la casa de una familia exige analizar alternativas menos lesivas. Un «oficio de urgencia» interno no es título suficiente.
Conclusión: el interés público es un fin legítimo, pero no dispensa la legalidad, la motivación, la audiencia ni la indemnización.