Derecho Administrativo: acto, silencio, contratación y responsabilidad
Qué evalúa el examen
Se evalúa la Ley General de la Administración Pública (Ley 6227), la Ley General de Contratación Pública (Ley 9986) y el Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 8508): acto administrativo, procedimiento, silencio, contratación y responsabilidad del Estado.
Acto administrativo y legalidad
- Elementos: competencia, objeto lícito y posible, causa, motivación y fin público. La falta de motivación afecta la validez del acto.
- La Administración actúa sometida a la ley, con potestades regladas y discrecionales; la discrecionalidad es controlable por desviación de poder y por los principios generales.
- La Ley 6227 distingue nulidad absoluta, nulidad relativa y simple irregularidad, con efectos distintos en cuanto a convalidación y retroactividad.
Silencio administrativo
El silencio negativo se produce a los tres meses en los procedimientos iniciados por el interesado, y habilita la impugnación del acto presunto. El silencio positivo es excepcional: requiere previsión legal expresa y suele condicionarse a que no exista oposición fundada de terceros o informe técnico contrario.
Contratación pública
La Ley 9986 regula licitación pública, licitación abreviada, contratación directa por excepción y procedimientos de urgencia. El cartel es la ley del contrato; contra él procede la objeción y contra la adjudicación el recurso de apelación, resuelto por la Contraloría General de la República.
Responsabilidad y control judicial
El artículo 190 de la Ley 6227 consagra la responsabilidad objetiva del Estado por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, sin perjuicio de la responsabilidad personal del funcionario. El control jurisdiccional corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo, previo agotamiento de la vía administrativa cuando sea exigible.
Ejemplo trabajado
Una municipalidad deniega una patente mediante un acuerdo de dos líneas que no expresa hechos ni fundamentos. Aunque la decisión pudiera ser materialmente correcta, el acto es inválido por falta de motivación y no puede subsanarse a posteriori en la vía judicial: el interesado puede pedir su anulación y, en su caso, la indemnización de los daños.
Errores que cuestan puntos
- Dar por producido un silencio positivo sin norma expresa que lo autorice.
- Impugnar el cartel por la vía del recurso de apelación, que se reserva a la adjudicación.
- Confundir la responsabilidad objetiva del Estado con la culpa personal del funcionario.