La oferta del “tramitador” para borrar una fotomulta

1. Riesgo económico inmediato. Sin recibo ni comprobante, usted no tiene forma de probar nada. Lo más probable es que la multa siga registrada y usted deba pagarla igual: ₡75.000 perdidos y la sanción intacta.

2. Riesgo penal. Alterar un registro administrativo, ofrecer o recibir dinero para que un funcionario omita un acto de su cargo o intermediar en ello puede configurar delitos como cohecho, tráfico de influencias o falsedad. Usted no sería “la víctima de un vivo”: estaría participando.

3. Riesgo de extorsión futura. Quien tiene en su poder la información de que usted pagó un soborno adquiere poder permanente sobre usted: puede pedirle más dinero, más favores o amenazar con denunciarlo.

4. Riesgo laboral. Usted conduce para una empresa. Un proceso penal o administrativo, una licencia suspendida o una investigación interna pueden costarle el trabajo, además de la sanción de tránsito.

5. Riesgo de falsa tranquilidad. Aunque “desapareciera” la boleta, los puntos y el historial pueden seguir acumulándose; usted seguiría conduciendo creyendo que está en regla cuando no lo está, y una infracción posterior lo tomaría con el expediente cargado.

Criterio general: la vía ilegal no reduce el riesgo, lo multiplica y lo traslada del plano administrativo al penal. La respuesta correcta es un “no” claro.

Primero, el calendario. Revise la fecha de notificación y el plazo para impugnar. Un trámite presentado fuera de plazo se rechaza aunque tenga razón: el plazo es el primer dato que debe confirmar.

Elementos con potencial de impugnación en este caso:

• Señalización deficient. Si la rama del árbol tapa la señal de 50 y las fotografías lo demuestran, hay un vicio en la señalización que sostiene la sanción. Documente con fotos fechadas y, si es posible, georreferenciadas, desde el punto de vista del conductor y desde la aproximación.
• Aviso previo de radar. Verifique si existe y a qué distancia está colocado; si falta o es insuficiente, es un argumento técnico.
• Evidencia fotográfica. Solicite la imagen: debe permitir identificar el vehículo, la placa y, razonablemente, al conductor. Si la imagen no permite identificar a quien conducía, discútalo.
• Certificación del equipo. Un radar debe contar con verificación vigente; puede solicitarse ese respaldo.
• Zona escolar. Confirme si el tramo estaba efectivamente demarcado y señalizado como tal; de eso depende la calificación de la infracción.

Si la impugnación no prospera: pague dentro del plazo para evitar intereses y recargos, y guarde el comprobante. Pagar no es “admitir que fue justo”, es cerrar el expediente y evitar que crezca.

Efecto en el sistema de puntos. Cada infracción resta puntos del saldo del conductor. La gravedad de esta sanción es alta porque se trata de exceso de velocidad en zona de 50 km/h cercana a una escuela: el exceso es de 28 km/h y el contexto multiplica el riesgo. Acumular infracciones puede llevar a la suspensión de la licencia, y conducir con la licencia suspendida es una falta mucho más grave que la original.

Efecto laboral. Para un repartidor la licencia es el instrumento de trabajo. La cadena es: más infracciones → menos puntos → suspensión → sin ingresos. Por eso la decisión racional no es esconder el problema, sino reducirlo: no volver a exceder la velocidad, respetar los límites en zonas escolares, y revisar el saldo de puntos en el registro correspondiente.

Con la empresa: infórmelo. El vehículo puede estar cubierto por el seguro del patrono y muchos contratos exigen reportar multas y suspensiones; ocultarlo convierte un problema administrativo en una causa de despido justificado. Proponga un plan concreto (pago de la multa, revisión de rutas y tiempos de entrega que no presionen la velocidad) y pida por escrito que no se le exijan tiempos que impliquen infringir la ley.

Criterio final: el sistema de puntos no es un castigo arbitrario; es un indicador de riesgo acumulado. Un conductor con puntos bajos no necesita un “tramitador”, necesita cambiar la conducta antes de que la sanción la imponga el Estado.