USAC Derecho Específica key terms

Aptitud reconocida por el ordenamiento para ser titular de derechos y obligaciones. Se adquiere con el nacimiento y se extingue con la muerte o la declaración de fallecimiento.

Aptitud de una persona para realizar por sí misma actos jurídicos válidos y eficaces. Puede faltar o estar limitada por minoría de edad o por incapacitación judicial, supliéndose mediante representación o asistencia.

Mecanismo por el que una persona actúa en nombre e interés de otra que carece de capacidad de obrar suficiente, como los padres respecto de hijos menores o el tutor respecto del tutelado.

Conjunto de derechos y deberes de los progenitores orientados al cuidado, educación y representación de los hijos menores no emancipados, ejercido siempre en beneficio del hijo conforme al interés superior del menor.

Aquella en que cada uno de los deudores puede ser obligado al cumplimiento íntegro de la prestación, y el acreedor puede reclamarla a cualquiera de ellos, con derecho de reembolso posterior entre los codeudores.

Aquella en que la prestación se divide entre varios deudores o acreedores, de modo que cada uno responde o cobra solo su parte, salvo que la ley o el título establezcan solidaridad.

Extinción de la acción o del derecho por el transcurso del plazo legal sin que el titular lo ejercite. Requiere invocación por el interesado y se interrumpe por reclamación, reconocimiento o ejercicio judicial.

Pérdida de un derecho o de una acción por el transcurso del plazo fijado legalmente, apreciable de oficio y no susceptible de interrupción, a diferencia de la prescripción extintiva.

Modo de adquirir la propiedad u otros derechos reales mediante la posesión continuada durante el tiempo y con los requisitos exigidos por la ley, distinguiéndose la ordinaria de la extraordinaria.

Poder de hecho sobre una cosa o derecho, ejercido de forma directa o por medio de otra persona, que el ordenamiento protege con independencia de que el poseedor sea o no titular del derecho.

Acto, contrato o disposición legal que justifica la adquisición o el ejercicio de un derecho, permitiendo al titular invocar su existencia frente a terceros conforme a la ley.

Institución pública que inscribe actos y derechos sobre bienes inmuebles, otorgando protección al titular inscrito mediante los principios de publicidad, fe pública y prioridad registral.

Derecho real de garantía sobre un bien inmueble que asegura el cumplimiento de una obligación sin desplazar la posesión al acreedor, permitiendo su ejecución en caso de incumplimiento.

Regla según la cual solo pueden imponerse penas por hechos tipificados como delito por ley anterior a su comisión, escrita, cierta y estricta, prohibiendo la analogía y la retroactividad desfavorable.

Adecuación exacta de una conducta concreta a la descripción legal de un delito, abarcando elementos objetivos y subjetivos del tipo, sin la cual no puede exigirse responsabilidad penal.

Juicio de reproche personal dirigido al autor de un hecho típico y antijurídico, que exige imputabilidad, conocimiento de la antijuridicidad y ausencia de causas que excluyan la responsabilidad.

Situación de quien no puede ser reprochado penalmente por padecer anomalía o alteración psíquica, intoxicación plena, grave alteración de la percepción o por ser menor de la edad penal.

Consecuencia jurídico-penal distinta de la pena, orientada a la prevención y reinserción, aplicable a sujetos inimputables o peligrosos, con duración y control judicial conforme a la ley.

Ejecución de un delito iniciada por actos externos pero no consumada por causas independientes de la voluntad del autor, castigada con pena inferior a la del delito consumado.

Momento en que se realizan todos los elementos del tipo penal, produciéndose el resultado típico o agotándose la conducta descrita, lo que determina la pena principal.

Condición de quien realiza el hecho por sí mismo, conjuntamente con otros o por medio de otro usado como instrumento, distinguiéndose de la participación en calidad de cómplice o encubridor.

Participación en un delito mediante actos anteriores o simultáneos no esenciales que favorecen su ejecución, sin dominio del hecho, castigada con pena inferior a la del autor.

Regla que ordena las normas jurídicas en una pirámide, de modo que las de rango inferior no pueden contradecir a las superiores, siendo la Constitución la norma suprema del ordenamiento.

Mecanismo por el que un órgano jurisdiccional verifica la conformidad de leyes y actos con la Constitución, pudiendo declarar su nulidad o inaplicación según el modelo adoptado.

Conjunto de normas, además del texto constitucional, que sirven de parámetro para enjuiciar la validez de las leyes, incluyendo tratados y leyes orgánicas de desarrollo.

Acción procesal constitucional dirigida a proteger derechos fundamentales frente a actos u omisiones de autoridades o particulares que los vulneren, previa satisfacción del principio de subsidiariedad.

Garantía constitucional que exige que toda decisión que afecte derechos se adopte mediante un procedimiento previamente establecido, con juez imparcial, audiencia, contradicción y motivación.

Derecho fundamental a acceder a los tribunales, obtener una resolución motivada fundada en derecho y ejecutarla, sin que quede impune la lesión de derechos e intereses legítimos.

Potestad exclusiva del Estado de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ejercida por jueces y tribunales independientes, imparciales, predeterminados por ley e inamovibles.

Atribución concreta a un órgano jurisdiccional del conocimiento de determinados asuntos, fijada por criterios de materia, cuantía, territorio y grado, y controlable de oficio o a instancia de parte.

Efecto de las resoluciones firmes que impide volver a plantear el mismo objeto procesal entre las mismas partes, garantizando la seguridad jurídica y la estabilidad de las decisiones judiciales.

Medio de impugnación ordinario que somete al tribunal superior la revisión de una resolución del inferior, tanto en los hechos como en el derecho aplicado, para su confirmación o revocación.

Recurso extraordinario ante el tribunal supremo u órgano superior, limitado a motivos tasados como infracción de ley, doctrina jurisprudencial o quebrantamiento de garantías procesales.

Cuestión que plantea un órgano jurisdiccional a otro para que se abstenga de conocer un asunto por estimar que carece de competencia, resolviéndose conforme a las reglas procesales aplicables.

Derecho fundamental que impide considerar culpable a una persona hasta que exista sentencia firme, exigiendo que la condena se funde en pruebas de cargo válidas y suficientes.

Criterio de valoración probatoria según el cual, ante duda razonable sobre los hechos o la culpabilidad, debe resolverse en favor del acusado, vinculado a la presunción de inocencia.

Privación de libertad de una persona sospechosa antes de la sentencia, sometida a plazos legales y a control judicial, y regida por los principios de excepcionalidad y proporcionalidad.

Procedimiento judicial sumario que permite a cualquier persona privada de libertad solicitar el control inmediato de la legalidad de su detención y su puesta a disposición judicial.

Declaración de voluntad, juicio o conocimiento de una administración pública en ejercicio de potestades administrativas, que produce efectos jurídicos y goza de presunción de validez.

Efecto que la falta de resolución expresa de la administración dentro del plazo legal produce sobre la solicitud del interesado, pudiendo ser estimatorio o desestimatorio según la ley.

Vía jurisdiccional para impugnar actos, reglamentos y actuaciones administrativas por infracción del ordenamiento, previo agotamiento de la vía administrativa cuando proceda.

Vicio del acto administrativo que se produce cuando la administración persigue un fin distinto del previsto por el ordenamiento, aunque el acto sea formalmente correcto.

Extinción del contrato de trabajo por decisión del empleador sin causa justificada o con defectos formales, que da derecho a readmisión o indemnización según la opción legal.

Despido que vulnera derechos fundamentales o se produce por causas discriminatorias o represalias, declarado nulo por el juez y con derecho a readmisión inmediata y salarios de tramitación.

Acuerdo escrito entre representantes de trabajadores y empresarios que regula condiciones laborales y de empleo, con eficacia vinculante y jerarquía sobre el contrato individual.

Proceso de diálogo y acuerdo entre organizaciones sindicales y empresariales para fijar condiciones de trabajo, reconocido como derecho fundamental y base del sistema de relaciones laborales.

Sociedad mercantil cuyo capital está dividido en acciones y en la que los socios no responden personalmente de las deudas sociales, limitando su riesgo al capital aportado.

Principio societario según el cual los socios solo responden de las deudas de la sociedad hasta el límite de su aportación, salvo supuestos legales de levantamiento del velo.

Técnica jurisprudencial que permite prescindir de la personalidad jurídica de la sociedad cuando se usa de forma abusiva o fraudulenta para eludir responsabilidades, alcanzando a los socios.

Órgano soberano de la sociedad anónima que reúne a los socios para adoptar por mayoría los acuerdos de su competencia, como aprobación de cuentas, nombramiento de administradores y modificación de estatutos.

Principio del derecho internacional según el cual los tratados en vigor obligan a las partes y deben cumplirse de buena fe, no pudiendo invocarse el derecho interno para incumplirlos.

Conjunto de normas imperativas de derecho internacional aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional, que no admiten acuerdo en contrario y solo pueden modificarse por norma posterior de igual rango.

Acuerdo escrito entre Estados u otros sujetos de derecho internacional, regido por el derecho internacional, que puede constar en uno o varios instrumentos y recibe distintos nombres.

Principio general que exige a los sujetos de derecho actuar con lealtad y honestidad en sus relaciones jurídicas, sirviendo como criterio interpretativo y como límite al ejercicio de derechos.

Principio interpretativo y de actuación que obliga a considerar primordialmente el bienestar del menor en toda decisión administrativa, judicial o legislativa que le afecte.