Clausura municipal y negativa de licencia: amparo, definitividad y suspensión

Vía correcta. La clausura y la negativa de licencia son actos de autoridad ajenos a un procedimiento judicial y no son sentencias definitivas, por lo que procede el amparo indirecto ante juez de distrito.

Plazo. Son quince días hábiles desde la notificación del acto (art. 17 de la Ley de Amparo). La negativa se notificó el 12 de junio y la demanda se presentó el 15: en tiempo. La clausura es un acto de efectos continuados, de modo que mientras subsista y se ejecute puede reclamarse, sin que el plazo se tenga por precluido mientras persistan sus efectos.

Definitividad. Es el punto delicado. Conforme al artículo 61 de la Ley de Amparo debe agotarse el recurso ordinario idóneo antes de acudir al amparo, salvo excepciones, entre ellas que el acto consista en una violación directa de la Constitución. La negativa sin fundamentación ni motivación puede ubicarse en ese supuesto, pero el riesgo de sobreseimiento es real si existe un recurso de revocación o reconsideración municipal idóneo. La estrategia prudente es impugnar la clausura en amparo y, en paralelo, agotar el recurso contra la negativa, o bien invocar expresamente la excepción y argumentar la violación directa de los artículos 14 y 16 constitucionales.

Acto de 2023. Es un acto distinto, firme y consentido: no puede impugnarse ahora. Sólo sirve como antecedente para acreditar la reiteración y la falta de motivación.

Respecto de la clausura: procede. La suspensión busca mantener la situación que existía antes del acto. La empresa estaba operando; retirar los sellos preserva la apariencia del buen derecho sin resolver el fondo. El juez puede concederla con efectos de levantar la clausura, exigiendo garantía y, en su caso, condicionándola a que la empresa cumpla los requisitos pendientes. La provisional suele resolverse en pocas horas o días, y la definitiva tras la audiencia incidental, valorando el interés social y la posible afectación a terceros.

Respecto de la negativa: difícilmente procede. Suspender una negativa implica ordenar que se otorgue la licencia, es decir, un efecto positivo o restitutorio que la Ley de Amparo reserva a supuestos excepcionales. La empresa no tenía la licencia antes del acto, de modo que la suspensión le daría más de lo que tenía y prejuzgaría el fondo. Lo esperable es que se niegue la suspensión sobre este punto.

Consecuencia práctica. La empresa puede seguir operando si se levanta la clausura, pero sin licencia; debe cuidar que ello no genere nuevas sanciones y acelerar la vía ordinaria contra la negativa.

Negativa sin fundamentación ni motivación. El oficio que sólo dice «incumplimiento al reglamento» viola los artículos 14 y 16 constitucionales: la autoridad debe citar las disposiciones aplicables y expresar los hechos y razones concretas. Sin ello, la empresa no puede defenderse.

Clausura sin audiencia previa. El Bando de Policía no puede derogar la garantía de audiencia. La clausura es un acto privativo y debe precederse de un procedimiento en el que se oiga al afectado, salvo los supuestos de excepción estrictamente previstos en la ley. Un reglamento o bando no está jerárquicamente facultado para suprimir esa garantía.

Requisitos excedidos. El municipio sólo tiene las facultades que le confiere el artículo 115 constitucional y la ley estatal; no puede crear requisitos adicionales a los previstos en la ley para otorgar una licencia. Exigir carta de buena conducta o constancia de no adeudo de agua es, además, una forma de coacción fiscal (usar el cobro de un servicio para condicionar un permiso), contraria al artículo 22 constitucional y al principio de legalidad tributaria. La autoridad debe limitarse a verificar el uso de suelo, la seguridad y los requisitos legales.

Resultado. Procede el amparo contra ambos actos, con la salvedad de la definitividad; conviene plantear como conceptos de violación la falta de fundamentación, la ausencia de audiencia y la inconstitucionalidad de los requisitos reglamentarios.