PR Bar Reválida key terms

Facultad que tiene el Estado para resolver controversias mediante tribunales, aplicando la ley a los casos concretos que se le someten dentro del territorio y la materia que le corresponden.

Límite legal que determina qué tribunal específico puede conocer un asunto, según su materia, cuantía, territorio y jerarquía, dentro de la jurisdicción general del Estado.

Acto procesal mediante el cual se notifica al demandado la existencia de una demanda en su contra y se le concede un plazo para comparecer y defenderse ante el tribunal.

Situación jurídica del demandado que, habiendo sido emplazado válidamente, no comparece al proceso dentro del plazo concedido, lo que permite continuar el caso sin su participación.

Comunicación formal y por escrito que el tribunal o una parte dirige a otra para informarle de una resolución, actuación o término, dejando constancia de la fecha en que se efectúa.

Resolución judicial que pone fin a la instancia, declarando el derecho de las partes respecto de las pretensiones planteadas, tras el análisis de la prueba y los argumentos expuestos.

Efecto de una sentencia firme que impide volver a litigar la misma controversia entre las mismas partes, otorgando certeza y estabilidad a la decisión judicial.

Recurso ordinario mediante el cual una parte solicita a un tribunal superior que revise y revoque o modifique la sentencia o resolución dictada por un tribunal inferior.

Recurso extraordinario por el cual un tribunal de máxima jerarquía decide discrecionalmente revisar una decisión de un tribunal inferior, generalmente por plantear cuestiones de derecho relevantes.

Garantía constitucional que asegura a toda persona un procedimiento justo, con notificación adecuada, oportunidad de ser oída y un tribunal imparcial antes de ser privada de vida, libertad o propiedad.

Acción constitucional que permite a una persona detenida solicitar de inmediato al tribunal que examine la legalidad de su detención y ordene su liberación si esta carece de fundamento.

Principio según el cual todas las personas e instituciones, incluido el propio Estado, están sometidas a la ley, que debe ser pública, igualitaria y aplicada por tribunales independientes.

Aptitud reconocida por la ley a toda persona para ser titular de derechos y obligaciones, que se adquiere con el nacimiento y se extingue con la muerte.

Aptitud de una persona para ejercer por sí misma sus derechos y contraer obligaciones válidamente, que depende de la edad y del estado mental y puede ser limitada judicialmente.

Acto jurídico que libera a un menor de edad de la patria potestad o tutela, permitiéndole administrar sus bienes y actuar en juicio, aunque con ciertas restricciones legales.

Conjunto de derechos y deberes de los padres sobre los hijos menores no emancipados, orientado a su cuidado, educación y representación legal, ejercido en beneficio del menor.

Atribución a uno o ambos progenitores del cuidado personal y la convivencia habitual con el hijo menor, decidida conforme al interés óptimo del menor.

Obligación legal de una persona de proporcionar a otra, generalmente un menor o cónyuge, lo necesario para su subsistencia, vivienda, salud y educación, fijada judicialmente según los recursos del obligado.

Disolución judicial del vínculo matrimonial que pone fin a la sociedad legal de bienes y permite a las partes contraer nuevo matrimonio, regulando además custodia y alimentos.

Acuerdo otorgado por los cónyuges antes o durante el matrimonio para regular el régimen económico de sus bienes, como la sociedad de gananciales o la separación de bienes.

Derecho real de garantía que grava un inmueble para asegurar el cumplimiento de una obligación, permitiendo al acreedor ejecutarlo y cobrarse con el producto de su venta si esta no se cumple.

Modo de adquirir la propiedad de un bien mediante su posesión continua, pública y en concepto de dueño durante el plazo que fija la ley, también llamada usucapión.

Acto jurídico unilateral, personal y revocable por el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte, debiendo cumplir las solemnidades que exige la ley.

Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja una persona al morir y que se transmiten a sus herederos, ya sea por testamento o por disposición legal.

Persona designada por el testador o por el tribunal para administrar la herencia, cumplir las disposiciones testamentarias y entregar los bienes a los herederos.

Conducta típica, antijurídica y culpable prevista en la ley penal, a la que corresponde una pena, y que puede cometerse por acción u omisión según el tipo legal.

Elemento subjetivo del delito que exige que el autor actúe con intención, conocimiento o negligencia respecto de los hechos que configuran la conducta punible.

Forma de culpabilidad en la que el autor quiere o acepta la realización del hecho delictivo, actuando con conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal.

Estándar que permite a la policía realizar un arresto o una inspección cuando los hechos y circunstancias conocidos justifican que una persona razonable crea que se cometió un delito.

Privación de libertad de una persona por autoridad competente, que debe fundarse en causa probable y notificarse de los cargos, con derecho a juicio rápido y asistencia de abogado.

Doctrina procesal que impide admitir en juicio la evidencia obtenida mediante registro o incautación ilegal, para disuadir la conducta policial contraria a la Constitución.

Registro documentado de cada traslado y cambio de manos de una pieza de evidencia, desde su recolección hasta su presentación en juicio, que garantiza su autenticidad e integridad.

Prueba que se presenta mediante el testimonio de una persona que declara bajo juramento sobre hechos que percibió directamente o de los que tiene conocimiento personal.

Prueba referente a la reputación o a actos anteriores de una persona, generalmente inadmisible para probar que actuó conforme a ellos en la ocasión que se juzga.

Acuerdo de voluntades entre dos o más partes que crea, modifica o extingue obligaciones exigibles, siempre que concurran consentimiento, objeto lícito y causa.

Tipo de sociedad mercantil cuyo capital está dividido en acciones y en la que los socios limitan su responsabilidad al monto de su aportación, sin responder personalmente por las deudas sociales.

Órgano supremo de la sociedad anónima, integrado por los accionistas, que adopta las decisiones fundamentales como elegir directores, aprobar estados financieros y modificar estatutos.

Persona o entidad que actúa en beneficio de otra, administrando bienes o intereses con un deber de lealtad y diligencia, como ocurre en un fideicomiso o en la representación societaria.

Falta de cumplimiento de una obligación pactada, que faculta a la parte cumplidora a exigir la ejecución forzosa, la resolución del contrato o la indemnización de los daños causados.

Persona que presta servicios personales a otra bajo su dirección y control, a cambio de una remuneración, en una relación que la ley presume laboral cuando concurren subordinación y dependencia.

Terminación de la relación laboral por decisión unilateral del patrono sin causa legal justificada, que genera el derecho del empleado a indemnización y a posibles remedios adicionales.

Contraprestación económica que el patrono paga al empleado por sus servicios, incluyendo sueldo base, comisiones, bonos y beneficios, y protegida contra descuentos no autorizados por ley.

Estatuto que regula las actuaciones de las agencias administrativas, estableciendo requisitos de notificación, vistas, órdenes y revisión judicial de las decisiones administrativas.

Entidad del gobierno ejecutivo creada por ley para regular, adjudicar o administrar un área específica, cuyas decisiones están sujetas al debido proceso y a revisión judicial.

Facultad de los tribunales para examinar la legalidad de las actuaciones administrativas y anularlas cuando son arbitrarias, caprichosas o contrarias a derecho.

Norma aprobada por la legislatura municipal para regular asuntos de interés local, como zonificación, uso de suelo, ruido y servicios, dentro de los límites que le confiere la ley estatal.

Situación en que el interés personal o económico del abogado o funcionario puede influir indebidamente en el ejercicio de sus deberes profesionales, exigiendo su divulgación y abstención.

Deber del abogado de mantener confidencial toda comunicación con su cliente relacionada con la representación legal, salvo las excepciones que autoriza la ley o el propio cliente.

Compensación económica que recibe el abogado por sus servicios profesionales, que debe ser razonable, pactada preferiblemente por escrito y no puede ser contingente en asuntos penales.

Falta de diligencia del abogado en el cumplimiento de sus deberes hacia el cliente, que causa daño y puede generar responsabilidad civil y disciplina ante el tribunal.