Control de constitucionalidad y competencia de la Ciudad sobre el subterráneo
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sanciona una ley que declara el servicio de subterráneo como servicio público de competencia exclusiva local, fija tarifas y crea una comisión de usuarios con facultades sancionatorias. El Poder Ejecutivo Nacional había transferido el servicio a la Ciudad por convenio, pero retuvo la facultad de aprobar el cuadro tarifario mientras no se completara una auditoría técnica pendiente. Un usuario interpone acción de amparo contra la Ciudad por el aumento dispuesto unilateralmente. La Ciudad opone falta de legitimación pasiva y sostiene que la competencia es concurrente. El juez debe resolver sobre la admisibilidad y el fondo, con un planteo de inconstitucionalidad de la ley local por parte del Estado Nacional.
1. ¿Cómo debe analizarse la distribución de competencias entre Nación y Ciudad respecto del servicio, y qué estándar de control corresponde aplicar a la ley local?
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El punto de partida es el art. 129 CN y el art. 75 inc. 30: la Ciudad tiene autonomía plena en materia de servicios públicos de carácter local, pero la Nación conserva competencia cuando el servicio tiene alcance interjurisdiccional o cuando la transferencia fue parcial. El análisis no es de jerarquía normativa sino de delimitación de competencias: primero se verifica si la materia fue efectivamente transferida y en qué extensión (aquí, el convenio retuvo la aprobación tarifaria).
El estándar de control combina dos pasos: (i) test de competencia, para determinar si la Ciudad legisla dentro de su esfera; (ii) si hay duda, principio de interpretación favorable a la autonomía, pero sin vaciar la competencia federal retenida. La ley local que fija tarifas invade una facultad no transferida, por lo que resulta parcialmente inválida en ese aspecto, sin que ello afecte la creación de la comisión de usuarios si se limita a funciones de control no sancionatorio.
2. ¿Qué decisión corresponde sobre la legitimación pasiva de la Ciudad y sobre el planteo de inconstitucionalidad del Estado Nacional?
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La Ciudad es parte legitimada pasivamente porque es quien presta el servicio y dictó el acto tarifario impugnado; la falta de legitimación debe rechazarse. Respecto del planteo de inconstitucionalidad, el juez debe examinar la ley local a la luz del bloque de constitucionalidad y del convenio de transferencia. Al ser una ley de la Ciudad, rige el control difuso y la posibilidad de declarar su invalidez en el caso concreto.
La solución razonable es declarar la inconstitucionalidad parcial del artículo tarifario por invasión de competencia no transferida, mantener la vigencia del resto de la ley y ordenar la retrotracción del aumento hasta tanto se complete la auditoría y la Nación apruebe el cuadro. No corresponde declarar la inconstitucionalidad total porque la norma tiene un núcleo local válido y el principio de conservación de la ley impone preservar lo no viciado.