Concurso Magistratura CABA cheat sheet

Art. 31 CN: esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación; las provincias deben conformarse a ella.

Art. 75 inc. 22 CN (1994): otorga jerarquía constitucional a once instrumentos de derechos humanos y habilita nuevos con igual carácter; los tratados prevalecen sobre las leyes internas.

Art. 75 inc. 24 CN: los tratados de integración delegatorios de competencias a organismos supranacionales requieren mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara y pueden prever el control judicial directo.

Control de constitucionalidad: en el sistema argentino es difuso y judicial (caso Marbury v. Madison como origen; en Argentina, Fallos 33:162, 'Municipalidad c. Elortondo'); no existe tribunal constitucional especializado.

Art. 14 CN: derechos de trabajar, comerciar, navegar, ejercer industria lícita, peticionar, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio; reglamentados por leyes que no los alteren.

Art. 43 CN: acción de amparo contra actos u omisiones de autoridades públicas o particulares; hábeas corpus y hábeas data; el amparo no procede cuando existe otro medio judicial más idóneo.

Art. 16 CN: igualdad ante la ley; la igualdad exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; no prohíbe distinciones razonables fundadas en criterios objetivos.

Art. 99 inc. 3 CN: el Poder Ejecutivo dicta decretos de necesidad y urgencia solo cuando circunstancias excepcionales hagan imposible seguir los trámites ordinarios; requiere acuerdo de la Comisión Bicameral Permanente y ratificación legislativa.

Art. 116 CN: corresponde a la Corte Suprema y tribunales inferiores el conocimiento de las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes de la Nación y los tratados, con las excepciones del art. 75 inc. 12.

Art. 1 CCyC: fuentes del derecho: la ley, los usos, prácticas y costumbres solo cuando la ley o los interesados se refieren a ellas; los principios generales del derecho se aplican como fuente integradora.

Art. 2 CCyC: las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes; no tienen efecto retroactivo salvo disposición en contrario.

Art. 16 CCyC: los derechos deben ser ejercidos de buena fe; el abuso del derecho (art. 10) se configura por ejercicio antifuncional o contrario a los fines que la ley tuvo en miras.

Art. 260 CCyC: obligaciones de dar cosas ciertas; el deudor cumple entregando la cosa en el lugar y tiempo convenidos, con sus accesorios.

Art. 957 CCyC: contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.

Art. 1002 CCyC: el contrato tiene fuerza obligatoria entre las partes y solo puede ser modificado o dejado sin efecto por mutuo consentimiento o por causas legales.

Art. 1050 CCyC: la resolución por incumplimiento requiere constitución en mora del deudor, salvo que la mora sea automática; la resolución tiene efecto retroactivo entre las partes.

Art. 1187 CCyC: responsabilidad civil; el factor de atribución subjetivo (culpa o dolo) es la regla general; la responsabilidad objetiva se aplica en los casos previstos por la ley (arts. 1757 y ss.).

Art. 1 Ley 19.550: la sociedad es sujeto de derecho con personalidad jurídica propia; el contrato social requiere instrumento público o privado con firmas certificadas e inscripción en el Registro Público.

Art. 18 CN: principio de legalidad penal: nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso; prohíbe la analogía in malam partem.

Art. 1 CP: principio de territorialidad de la ley penal; se aplica a los delitos cometidos en el territorio de la Nación o en lugares sometidos a su jurisdicción.

Art. 4 CP: la pena se extingue por muerte del imputado, amnistía, indulto, prescripción, perdón del ofendido en delitos de acción privada y renuncia del agraviado en delitos de instancia privada.

Art. 34 CP: causas de inimputabilidad: insuficiencia de facultades mentales, estado de inconsciencia, error de hecho esencial, obediencia debida y fuerza física irresistible.

Art. 41 CP: atenuantes y agravantes de la pena: la extensión del daño, la edad, la educación, la conducta anterior y la reincidencia (art. 50) como agravante.

Art. 62 CP: prescripción de la acción penal: 15 años para delitos con pena máxima de prisión perpetua; 12 años para pena máxima superior a 10 años; 8 años para pena máxima de 6 a 10 años; 5 años para pena máxima inferior a 6 años.

Art. 67 CP: interrupción de la prescripción por comisión de otro delito, por actos procesales de secuela del juicio y por la constitución en querella; el plazo se reinicia.

Art. 14 CPPN: el proceso penal comienza con la investigación fiscal; el juez de garantías controla la imputación y las medidas de coerción; el juicio oral es público y contradictorio.

Art. 210 CPPN: medidas de coerción: la prisión preventiva requiere peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación y no puede exceder los plazos legales; el imputado tiene derecho a la revisión judicial.

Ley 19.549 (LPA): el acto administrativo requiere competencia, causa, objeto, forma, motivación y finalidad (art. 7); la falta de alguno de estos elementos lo torna nulo.

Art. 14 LPA: el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y ejecutividad; puede ser ejecutado mientras no sea suspendido por autoridad competente.

Art. 17 LPA: el recurso de revocación se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto; el recurso jerárquico ante el superior; ambos son optativos y habilitan la vía judicial.

Art. 25 LPA: el silencio de la Administración frente a una petición se considera negativo a los 60 días hábiles (o plazo especial); habilita el reclamo administrativo previo.

Art. 3 Ley 19.549: el procedimiento administrativo se rige por los principios de legalidad, impulso de oficio, informalismo, verdad material, celeridad, economía y contradicción.

Ley 24.240 (Defensa del Consumidor): el consumidor tiene derecho a la información, a la protección de la salud y seguridad, y a la reparación; el proveedor responde objetivamente por daños.

Ley 25.164 (Marco de Regulación del Empleo Público): el ingreso a la función pública se realiza por concurso público; el régimen disciplinario prevé apercibimiento, suspensión y exoneración.

Ley 19.549, art. 12: el acto administrativo debe ser notificado al interesado; la notificación defectuosa no afecta su validez si el interesado tomó conocimiento efectivo.

Ley 20.744 (contrato de trabajo) y su relación con el empleo público: la estabilidad del empleado público se rige por la LPA y el régimen de la carrera administrativa, no por la LCT, salvo remisión expresa.

Art. 14 bis CN: derechos del trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea y protección contra el despido arbitrario.

Art. 23 LCT: el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre; presume la existencia del contrato cuando se acredita la prestación de servicios.

Art. 90 LCT: el período de prueba no puede exceder de 3 meses; durante ese lapso cualquiera de las partes puede extinguir el contrato sin expresión de causa ni indemnización.

Art. 245 LCT: indemnización por antigüedad: un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual.

Art. 247 LCT: despido por falta o disminución de trabajo: el empleador debe abonar una indemnización equivalente a la mitad de la del art. 245, con preaviso.

Art. 232 LCT: preaviso: 1 mes para antigüedad menor a 5 años y 2 meses para mayor; su omisión genera una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración del período.

Ley 24.013 (Empleo): el trabajo no registrado o deficientemente registrado genera indemnizaciones adicionales; la registración tardía extingue el derecho a percibirlas si el trabajador no reclama en plazo.

Ley 24.241 (SIPA): el Sistema Integrado Previsional Argentino otorga prestaciones por vejez, invalidez y muerte; la jubilación ordinaria requiere 30 años de aportes y edad de 65 años (hombres) o 60 (mujeres).

Ley 27.541 y Ley 25.323: la indemnización por despido se incrementa en un 50% cuando el empleador no registra la relación o lo hace deficientemente, y en un 20% cuando no abona en plazo.

Art. 31 CN: esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación; las provincias deben conformarse a ella.

Art. 75 inc. 22 CN (1994): otorga jerarquía constitucional a once instrumentos de derechos humanos y habilita nuevos con igual carácter; los tratados prevalecen sobre las leyes internas.

Art. 75 inc. 24 CN: los tratados de integración delegatorios de competencias a organismos supranacionales requieren mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara y pueden prever el control judicial directo.

Control de constitucionalidad: en el sistema argentino es difuso y judicial (caso Marbury v. Madison como origen; en Argentina, Fallos 33:162, 'Municipalidad c. Elortondo'); no existe tribunal constitucional especializado.

Art. 14 CN: derechos de trabajar, comerciar, navegar, ejercer industria lícita, peticionar, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio; reglamentados por leyes que no los alteren.

Art. 43 CN: acción de amparo contra actos u omisiones de autoridades públicas o particulares; hábeas corpus y hábeas data; el amparo no procede cuando existe otro medio judicial más idóneo.

Art. 16 CN: igualdad ante la ley; la igualdad exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; no prohíbe distinciones razonables fundadas en criterios objetivos.

Art. 99 inc. 3 CN: el Poder Ejecutivo dicta decretos de necesidad y urgencia solo cuando circunstancias excepcionales hagan imposible seguir los trámites ordinarios; requiere acuerdo de la Comisión Bicameral Permanente y ratificación legislativa.

Art. 116 CN: corresponde a la Corte Suprema y tribunales inferiores el conocimiento de las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes de la Nación y los tratados, con las excepciones del art. 75 inc. 12.

Art. 1 CCyC: fuentes del derecho: la ley, los usos, prácticas y costumbres solo cuando la ley o los interesados se refieren a ellas; los principios generales del derecho se aplican como fuente integradora.

Art. 2 CCyC: las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes; no tienen efecto retroactivo salvo disposición en contrario.

Art. 16 CCyC: los derechos deben ser ejercidos de buena fe; el abuso del derecho (art. 10) se configura por ejercicio antifuncional o contrario a los fines que la ley tuvo en miras.

Art. 260 CCyC: obligaciones de dar cosas ciertas; el deudor cumple entregando la cosa en el lugar y tiempo convenidos, con sus accesorios.

Art. 957 CCyC: contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.

Art. 1002 CCyC: el contrato tiene fuerza obligatoria entre las partes y solo puede ser modificado o dejado sin efecto por mutuo consentimiento o por causas legales.

Art. 1050 CCyC: la resolución por incumplimiento requiere constitución en mora del deudor, salvo que la mora sea automática; la resolución tiene efecto retroactivo entre las partes.

Art. 1187 CCyC: responsabilidad civil; el factor de atribución subjetivo (culpa o dolo) es la regla general; la responsabilidad objetiva se aplica en los casos previstos por la ley (arts. 1757 y ss.).

Art. 1 Ley 19.550: la sociedad es sujeto de derecho con personalidad jurídica propia; el contrato social requiere instrumento público o privado con firmas certificadas e inscripción en el Registro Público.

Art. 18 CN: principio de legalidad penal: nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso; prohíbe la analogía in malam partem.

Art. 1 CP: principio de territorialidad de la ley penal; se aplica a los delitos cometidos en el territorio de la Nación o en lugares sometidos a su jurisdicción.

Art. 4 CP: la pena se extingue por muerte del imputado, amnistía, indulto, prescripción, perdón del ofendido en delitos de acción privada y renuncia del agraviado en delitos de instancia privada.

Art. 34 CP: causas de inimputabilidad: insuficiencia de facultades mentales, estado de inconsciencia, error de hecho esencial, obediencia debida y fuerza física irresistible.

Art. 41 CP: atenuantes y agravantes de la pena: la extensión del daño, la edad, la educación, la conducta anterior y la reincidencia (art. 50) como agravante.

Art. 62 CP: prescripción de la acción penal: 15 años para delitos con pena máxima de prisión perpetua; 12 años para pena máxima superior a 10 años; 8 años para pena máxima de 6 a 10 años; 5 años para pena máxima inferior a 6 años.

Art. 67 CP: interrupción de la prescripción por comisión de otro delito, por actos procesales de secuela del juicio y por la constitución en querella; el plazo se reinicia.

Art. 14 CPPN: el proceso penal comienza con la investigación fiscal; el juez de garantías controla la imputación y las medidas de coerción; el juicio oral es público y contradictorio.

Art. 210 CPPN: medidas de coerción: la prisión preventiva requiere peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación y no puede exceder los plazos legales; el imputado tiene derecho a la revisión judicial.

Ley 19.549 (LPA): el acto administrativo requiere competencia, causa, objeto, forma, motivación y finalidad (art. 7); la falta de alguno de estos elementos lo torna nulo.

Art. 14 LPA: el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y ejecutividad; puede ser ejecutado mientras no sea suspendido por autoridad competente.

Art. 17 LPA: el recurso de revocación se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto; el recurso jerárquico ante el superior; ambos son optativos y habilitan la vía judicial.

Art. 25 LPA: el silencio de la Administración frente a una petición se considera negativo a los 60 días hábiles (o plazo especial); habilita el reclamo administrativo previo.

Art. 3 Ley 19.549: el procedimiento administrativo se rige por los principios de legalidad, impulso de oficio, informalismo, verdad material, celeridad, economía y contradicción.

Ley 24.240 (Defensa del Consumidor): el consumidor tiene derecho a la información, a la protección de la salud y seguridad, y a la reparación; el proveedor responde objetivamente por daños.

Ley 25.164 (Marco de Regulación del Empleo Público): el ingreso a la función pública se realiza por concurso público; el régimen disciplinario prevé apercibimiento, suspensión y exoneración.

Ley 19.549, art. 12: el acto administrativo debe ser notificado al interesado; la notificación defectuosa no afecta su validez si el interesado tomó conocimiento efectivo.

Ley 20.744 (contrato de trabajo) y su relación con el empleo público: la estabilidad del empleado público se rige por la LPA y el régimen de la carrera administrativa, no por la LCT, salvo remisión expresa.

Art. 14 bis CN: derechos del trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea y protección contra el despido arbitrario.

Art. 23 LCT: el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre; presume la existencia del contrato cuando se acredita la prestación de servicios.

Art. 90 LCT: el período de prueba no puede exceder de 3 meses; durante ese lapso cualquiera de las partes puede extinguir el contrato sin expresión de causa ni indemnización.

Art. 245 LCT: indemnización por antigüedad: un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual.

Art. 247 LCT: despido por falta o disminución de trabajo: el empleador debe abonar una indemnización equivalente a la mitad de la del art. 245, con preaviso.

Art. 232 LCT: preaviso: 1 mes para antigüedad menor a 5 años y 2 meses para mayor; su omisión genera una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración del período.

Ley 24.013 (Empleo): el trabajo no registrado o deficientemente registrado genera indemnizaciones adicionales; la registración tardía extingue el derecho a percibirlas si el trabajador no reclama en plazo.

Ley 24.241 (SIPA): el Sistema Integrado Previsional Argentino otorga prestaciones por vejez, invalidez y muerte; la jubilación ordinaria requiere 30 años de aportes y edad de 65 años (hombres) o 60 (mujeres).

Ley 27.541 y Ley 25.323: la indemnización por despido se incrementa en un 50% cuando el empleador no registra la relación o lo hace deficientemente, y en un 20% cuando no abona en plazo.

Art. 31 CN: esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación; las provincias deben conformarse a ella.

Art. 75 inc. 22 CN (1994): otorga jerarquía constitucional a once instrumentos de derechos humanos y habilita nuevos con igual carácter; los tratados prevalecen sobre las leyes internas.

Art. 75 inc. 24 CN: los tratados de integración delegatorios de competencias a organismos supranacionales requieren mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara y pueden prever el control judicial directo.

Control de constitucionalidad: en el sistema argentino es difuso y judicial (caso Marbury v. Madison como origen; en Argentina, Fallos 33:162, 'Municipalidad c. Elortondo'); no existe tribunal constitucional especializado.

Art. 14 CN: derechos de trabajar, comerciar, navegar, ejercer industria lícita, peticionar, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio; reglamentados por leyes que no los alteren.

Art. 43 CN: acción de amparo contra actos u omisiones de autoridades públicas o particulares; hábeas corpus y hábeas data; el amparo no procede cuando existe otro medio judicial más idóneo.

Art. 16 CN: igualdad ante la ley; la igualdad exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; no prohíbe distinciones razonables fundadas en criterios objetivos.

Art. 99 inc. 3 CN: el Poder Ejecutivo dicta decretos de necesidad y urgencia solo cuando circunstancias excepcionales hagan imposible seguir los trámites ordinarios; requiere acuerdo de la Comisión Bicameral Permanente y ratificación legislativa.

Art. 116 CN: corresponde a la Corte Suprema y tribunales inferiores el conocimiento de las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes de la Nación y los tratados, con las excepciones del art. 75 inc. 12.

Art. 1 CCyC: fuentes del derecho: la ley, los usos, prácticas y costumbres solo cuando la ley o los interesados se refieren a ellas; los principios generales del derecho se aplican como fuente integradora.

Art. 2 CCyC: las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes; no tienen efecto retroactivo salvo disposición en contrario.

Art. 16 CCyC: los derechos deben ser ejercidos de buena fe; el abuso del derecho (art. 10) se configura por ejercicio antifuncional o contrario a los fines que la ley tuvo en miras.

Art. 260 CCyC: obligaciones de dar cosas ciertas; el deudor cumple entregando la cosa en el lugar y tiempo convenidos, con sus accesorios.

Art. 957 CCyC: contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.

Art. 1002 CCyC: el contrato tiene fuerza obligatoria entre las partes y solo puede ser modificado o dejado sin efecto por mutuo consentimiento o por causas legales.

Art. 1050 CCyC: la resolución por incumplimiento requiere constitución en mora del deudor, salvo que la mora sea automática; la resolución tiene efecto retroactivo entre las partes.

Art. 1187 CCyC: responsabilidad civil; el factor de atribución subjetivo (culpa o dolo) es la regla general; la responsabilidad objetiva se aplica en los casos previstos por la ley (arts. 1757 y ss.).

Art. 1 Ley 19.550: la sociedad es sujeto de derecho con personalidad jurídica propia; el contrato social requiere instrumento público o privado con firmas certificadas e inscripción en el Registro Público.

Art. 18 CN: principio de legalidad penal: nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso; prohíbe la analogía in malam partem.

Art. 1 CP: principio de territorialidad de la ley penal; se aplica a los delitos cometidos en el territorio de la Nación o en lugares sometidos a su jurisdicción.

Art. 4 CP: la pena se extingue por muerte del imputado, amnistía, indulto, prescripción, perdón del ofendido en delitos de acción privada y renuncia del agraviado en delitos de instancia privada.

Art. 34 CP: causas de inimputabilidad: insuficiencia de facultades mentales, estado de inconsciencia, error de hecho esencial, obediencia debida y fuerza física irresistible.

Art. 41 CP: atenuantes y agravantes de la pena: la extensión del daño, la edad, la educación, la conducta anterior y la reincidencia (art. 50) como agravante.

Art. 62 CP: prescripción de la acción penal: 15 años para delitos con pena máxima de prisión perpetua; 12 años para pena máxima superior a 10 años; 8 años para pena máxima de 6 a 10 años; 5 años para pena máxima inferior a 6 años.

Art. 67 CP: interrupción de la prescripción por comisión de otro delito, por actos procesales de secuela del juicio y por la constitución en querella; el plazo se reinicia.

Art. 14 CPPN: el proceso penal comienza con la investigación fiscal; el juez de garantías controla la imputación y las medidas de coerción; el juicio oral es público y contradictorio.

Art. 210 CPPN: medidas de coerción: la prisión preventiva requiere peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación y no puede exceder los plazos legales; el imputado tiene derecho a la revisión judicial.

Ley 19.549 (LPA): el acto administrativo requiere competencia, causa, objeto, forma, motivación y finalidad (art. 7); la falta de alguno de estos elementos lo torna nulo.

Art. 14 LPA: el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y ejecutividad; puede ser ejecutado mientras no sea suspendido por autoridad competente.

Art. 17 LPA: el recurso de revocación se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto; el recurso jerárquico ante el superior; ambos son optativos y habilitan la vía judicial.

Art. 25 LPA: el silencio de la Administración frente a una petición se considera negativo a los 60 días hábiles (o plazo especial); habilita el reclamo administrativo previo.

Art. 3 Ley 19.549: el procedimiento administrativo se rige por los principios de legalidad, impulso de oficio, informalismo, verdad material, celeridad, economía y contradicción.

Ley 24.240 (Defensa del Consumidor): el consumidor tiene derecho a la información, a la protección de la salud y seguridad, y a la reparación; el proveedor responde objetivamente por daños.

Ley 25.164 (Marco de Regulación del Empleo Público): el ingreso a la función pública se realiza por concurso público; el régimen disciplinario prevé apercibimiento, suspensión y exoneración.

Ley 19.549, art. 12: el acto administrativo debe ser notificado al interesado; la notificación defectuosa no afecta su validez si el interesado tomó conocimiento efectivo.

Ley 20.744 (contrato de trabajo) y su relación con el empleo público: la estabilidad del empleado público se rige por la LPA y el régimen de la carrera administrativa, no por la LCT, salvo remisión expresa.

Art. 14 bis CN: derechos del trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea y protección contra el despido arbitrario.

Art. 23 LCT: el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre; presume la existencia del contrato cuando se acredita la prestación de servicios.

Art. 90 LCT: el período de prueba no puede exceder de 3 meses; durante ese lapso cualquiera de las partes puede extinguir el contrato sin expresión de causa ni indemnización.

Art. 245 LCT: indemnización por antigüedad: un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual.

Art. 247 LCT: despido por falta o disminución de trabajo: el empleador debe abonar una indemnización equivalente a la mitad de la del art. 245, con preaviso.

Art. 232 LCT: preaviso: 1 mes para antigüedad menor a 5 años y 2 meses para mayor; su omisión genera una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración del período.

Ley 24.013 (Empleo): el trabajo no registrado o deficientemente registrado genera indemnizaciones adicionales; la registración tardía extingue el derecho a percibirlas si el trabajador no reclama en plazo.

Ley 24.241 (SIPA): el Sistema Integrado Previsional Argentino otorga prestaciones por vejez, invalidez y muerte; la jubilación ordinaria requiere 30 años de aportes y edad de 65 años (hombres) o 60 (mujeres).

Ley 27.541 y Ley 25.323: la indemnización por despido se incrementa en un 50% cuando el empleador no registra la relación o lo hace deficientemente, y en un 20% cuando no abona en plazo.

Art. 31 CN: esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación; las provincias deben conformarse a ella.

Art. 75 inc. 22 CN (1994): otorga jerarquía constitucional a once instrumentos de derechos humanos y habilita nuevos con igual carácter; los tratados prevalecen sobre las leyes internas.

Art. 75 inc. 24 CN: los tratados de integración delegatorios de competencias a organismos supranacionales requieren mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara y pueden prever el control judicial directo.

Control de constitucionalidad: en el sistema argentino es difuso y judicial (caso Marbury v. Madison como origen; en Argentina, Fallos 33:162, 'Municipalidad c. Elortondo'); no existe tribunal constitucional especializado.

Art. 14 CN: derechos de trabajar, comerciar, navegar, ejercer industria lícita, peticionar, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio; reglamentados por leyes que no los alteren.

Art. 43 CN: acción de amparo contra actos u omisiones de autoridades públicas o particulares; hábeas corpus y hábeas data; el amparo no procede cuando existe otro medio judicial más idóneo.

Art. 16 CN: igualdad ante la ley; la igualdad exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; no prohíbe distinciones razonables fundadas en criterios objetivos.

Art. 99 inc. 3 CN: el Poder Ejecutivo dicta decretos de necesidad y urgencia solo cuando circunstancias excepcionales hagan imposible seguir los trámites ordinarios; requiere acuerdo de la Comisión Bicameral Permanente y ratificación legislativa.

Art. 116 CN: corresponde a la Corte Suprema y tribunales inferiores el conocimiento de las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes de la Nación y los tratados, con las excepciones del art. 75 inc. 12.

Art. 1 CCyC: fuentes del derecho: la ley, los usos, prácticas y costumbres solo cuando la ley o los interesados se refieren a ellas; los principios generales del derecho se aplican como fuente integradora.

Art. 2 CCyC: las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes; no tienen efecto retroactivo salvo disposición en contrario.

Art. 16 CCyC: los derechos deben ser ejercidos de buena fe; el abuso del derecho (art. 10) se configura por ejercicio antifuncional o contrario a los fines que la ley tuvo en miras.

Art. 260 CCyC: obligaciones de dar cosas ciertas; el deudor cumple entregando la cosa en el lugar y tiempo convenidos, con sus accesorios.

Art. 957 CCyC: contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.

Art. 1002 CCyC: el contrato tiene fuerza obligatoria entre las partes y solo puede ser modificado o dejado sin efecto por mutuo consentimiento o por causas legales.

Art. 1050 CCyC: la resolución por incumplimiento requiere constitución en mora del deudor, salvo que la mora sea automática; la resolución tiene efecto retroactivo entre las partes.

Art. 1187 CCyC: responsabilidad civil; el factor de atribución subjetivo (culpa o dolo) es la regla general; la responsabilidad objetiva se aplica en los casos previstos por la ley (arts. 1757 y ss.).

Art. 1 Ley 19.550: la sociedad es sujeto de derecho con personalidad jurídica propia; el contrato social requiere instrumento público o privado con firmas certificadas e inscripción en el Registro Público.

Art. 18 CN: principio de legalidad penal: nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso; prohíbe la analogía in malam partem.

Art. 1 CP: principio de territorialidad de la ley penal; se aplica a los delitos cometidos en el territorio de la Nación o en lugares sometidos a su jurisdicción.

Art. 4 CP: la pena se extingue por muerte del imputado, amnistía, indulto, prescripción, perdón del ofendido en delitos de acción privada y renuncia del agraviado en delitos de instancia privada.

Art. 34 CP: causas de inimputabilidad: insuficiencia de facultades mentales, estado de inconsciencia, error de hecho esencial, obediencia debida y fuerza física irresistible.

Art. 41 CP: atenuantes y agravantes de la pena: la extensión del daño, la edad, la educación, la conducta anterior y la reincidencia (art. 50) como agravante.

Art. 62 CP: prescripción de la acción penal: 15 años para delitos con pena máxima de prisión perpetua; 12 años para pena máxima superior a 10 años; 8 años para pena máxima de 6 a 10 años; 5 años para pena máxima inferior a 6 años.

Art. 67 CP: interrupción de la prescripción por comisión de otro delito, por actos procesales de secuela del juicio y por la constitución en querella; el plazo se reinicia.

Art. 14 CPPN: el proceso penal comienza con la investigación fiscal; el juez de garantías controla la imputación y las medidas de coerción; el juicio oral es público y contradictorio.

Art. 210 CPPN: medidas de coerción: la prisión preventiva requiere peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación y no puede exceder los plazos legales; el imputado tiene derecho a la revisión judicial.

Ley 19.549 (LPA): el acto administrativo requiere competencia, causa, objeto, forma, motivación y finalidad (art. 7); la falta de alguno de estos elementos lo torna nulo.

Art. 14 LPA: el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y ejecutividad; puede ser ejecutado mientras no sea suspendido por autoridad competente.

Art. 17 LPA: el recurso de revocación se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto; el recurso jerárquico ante el superior; ambos son optativos y habilitan la vía judicial.

Art. 25 LPA: el silencio de la Administración frente a una petición se considera negativo a los 60 días hábiles (o plazo especial); habilita el reclamo administrativo previo.

Art. 3 Ley 19.549: el procedimiento administrativo se rige por los principios de legalidad, impulso de oficio, informalismo, verdad material, celeridad, economía y contradicción.

Ley 24.240 (Defensa del Consumidor): el consumidor tiene derecho a la información, a la protección de la salud y seguridad, y a la reparación; el proveedor responde objetivamente por daños.

Ley 25.164 (Marco de Regulación del Empleo Público): el ingreso a la función pública se realiza por concurso público; el régimen disciplinario prevé apercibimiento, suspensión y exoneración.

Ley 19.549, art. 12: el acto administrativo debe ser notificado al interesado; la notificación defectuosa no afecta su validez si el interesado tomó conocimiento efectivo.

Ley 20.744 (contrato de trabajo) y su relación con el empleo público: la estabilidad del empleado público se rige por la LPA y el régimen de la carrera administrativa, no por la LCT, salvo remisión expresa.

Art. 14 bis CN: derechos del trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea y protección contra el despido arbitrario.

Art. 23 LCT: el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre; presume la existencia del contrato cuando se acredita la prestación de servicios.

Art. 90 LCT: el período de prueba no puede exceder de 3 meses; durante ese lapso cualquiera de las partes puede extinguir el contrato sin expresión de causa ni indemnización.

Art. 245 LCT: indemnización por antigüedad: un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual.

Art. 247 LCT: despido por falta o disminución de trabajo: el empleador debe abonar una indemnización equivalente a la mitad de la del art. 245, con preaviso.

Art. 232 LCT: preaviso: 1 mes para antigüedad menor a 5 años y 2 meses para mayor; su omisión genera una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración del período.

Ley 24.013 (Empleo): el trabajo no registrado o deficientemente registrado genera indemnizaciones adicionales; la registración tardía extingue el derecho a percibirlas si el trabajador no reclama en plazo.

Ley 24.241 (SIPA): el Sistema Integrado Previsional Argentino otorga prestaciones por vejez, invalidez y muerte; la jubilación ordinaria requiere 30 años de aportes y edad de 65 años (hombres) o 60 (mujeres).

Ley 27.541 y Ley 25.323: la indemnización por despido se incrementa en un 50% cuando el empleador no registra la relación o lo hace deficientemente, y en un 20% cuando no abona en plazo.

Art. 31 CN: esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación; las provincias deben conformarse a ella.

Art. 75 inc. 22 CN (1994): otorga jerarquía constitucional a once instrumentos de derechos humanos y habilita nuevos con igual carácter; los tratados prevalecen sobre las leyes internas.

Art. 75 inc. 24 CN: los tratados de integración delegatorios de competencias a organismos supranacionales requieren mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara y pueden prever el control judicial directo.

Control de constitucionalidad: en el sistema argentino es difuso y judicial (caso Marbury v. Madison como origen; en Argentina, Fallos 33:162, 'Municipalidad c. Elortondo'); no existe tribunal constitucional especializado.

Art. 14 CN: derechos de trabajar, comerciar, navegar, ejercer industria lícita, peticionar, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio; reglamentados por leyes que no los alteren.

Art. 43 CN: acción de amparo contra actos u omisiones de autoridades públicas o particulares; hábeas corpus y hábeas data; el amparo no procede cuando existe otro medio judicial más idóneo.

Art. 16 CN: igualdad ante la ley; la igualdad exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; no prohíbe distinciones razonables fundadas en criterios objetivos.

Art. 99 inc. 3 CN: el Poder Ejecutivo dicta decretos de necesidad y urgencia solo cuando circunstancias excepcionales hagan imposible seguir los trámites ordinarios; requiere acuerdo de la Comisión Bicameral Permanente y ratificación legislativa.

Art. 116 CN: corresponde a la Corte Suprema y tribunales inferiores el conocimiento de las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes de la Nación y los tratados, con las excepciones del art. 75 inc. 12.

Art. 1 CCyC: fuentes del derecho: la ley, los usos, prácticas y costumbres solo cuando la ley o los interesados se refieren a ellas; los principios generales del derecho se aplican como fuente integradora.

Art. 2 CCyC: las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes; no tienen efecto retroactivo salvo disposición en contrario.

Art. 16 CCyC: los derechos deben ser ejercidos de buena fe; el abuso del derecho (art. 10) se configura por ejercicio antifuncional o contrario a los fines que la ley tuvo en miras.

Art. 260 CCyC: obligaciones de dar cosas ciertas; el deudor cumple entregando la cosa en el lugar y tiempo convenidos, con sus accesorios.

Art. 957 CCyC: contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.

Art. 1002 CCyC: el contrato tiene fuerza obligatoria entre las partes y solo puede ser modificado o dejado sin efecto por mutuo consentimiento o por causas legales.

Art. 1050 CCyC: la resolución por incumplimiento requiere constitución en mora del deudor, salvo que la mora sea automática; la resolución tiene efecto retroactivo entre las partes.

Art. 1187 CCyC: responsabilidad civil; el factor de atribución subjetivo (culpa o dolo) es la regla general; la responsabilidad objetiva se aplica en los casos previstos por la ley (arts. 1757 y ss.).

Art. 1 Ley 19.550: la sociedad es sujeto de derecho con personalidad jurídica propia; el contrato social requiere instrumento público o privado con firmas certificadas e inscripción en el Registro Público.

Art. 18 CN: principio de legalidad penal: nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso; prohíbe la analogía in malam partem.

Art. 1 CP: principio de territorialidad de la ley penal; se aplica a los delitos cometidos en el territorio de la Nación o en lugares sometidos a su jurisdicción.

Art. 4 CP: la pena se extingue por muerte del imputado, amnistía, indulto, prescripción, perdón del ofendido en delitos de acción privada y renuncia del agraviado en delitos de instancia privada.

Art. 34 CP: causas de inimputabilidad: insuficiencia de facultades mentales, estado de inconsciencia, error de hecho esencial, obediencia debida y fuerza física irresistible.

Art. 41 CP: atenuantes y agravantes de la pena: la extensión del daño, la edad, la educación, la conducta anterior y la reincidencia (art. 50) como agravante.

Art. 62 CP: prescripción de la acción penal: 15 años para delitos con pena máxima de prisión perpetua; 12 años para pena máxima superior a 10 años; 8 años para pena máxima de 6 a 10 años; 5 años para pena máxima inferior a 6 años.

Art. 67 CP: interrupción de la prescripción por comisión de otro delito, por actos procesales de secuela del juicio y por la constitución en querella; el plazo se reinicia.

Art. 14 CPPN: el proceso penal comienza con la investigación fiscal; el juez de garantías controla la imputación y las medidas de coerción; el juicio oral es público y contradictorio.

Art. 210 CPPN: medidas de coerción: la prisión preventiva requiere peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación y no puede exceder los plazos legales; el imputado tiene derecho a la revisión judicial.

Ley 19.549 (LPA): el acto administrativo requiere competencia, causa, objeto, forma, motivación y finalidad (art. 7); la falta de alguno de estos elementos lo torna nulo.

Art. 14 LPA: el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y ejecutividad; puede ser ejecutado mientras no sea suspendido por autoridad competente.

Art. 17 LPA: el recurso de revocación se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto; el recurso jerárquico ante el superior; ambos son optativos y habilitan la vía judicial.

Art. 25 LPA: el silencio de la Administración frente a una petición se considera negativo a los 60 días hábiles (o plazo especial); habilita el reclamo administrativo previo.

Art. 3 Ley 19.549: el procedimiento administrativo se rige por los principios de legalidad, impulso de oficio, informalismo, verdad material, celeridad, economía y contradicción.

Ley 24.240 (Defensa del Consumidor): el consumidor tiene derecho a la información, a la protección de la salud y seguridad, y a la reparación; el proveedor responde objetivamente por daños.

Ley 25.164 (Marco de Regulación del Empleo Público): el ingreso a la función pública se realiza por concurso público; el régimen disciplinario prevé apercibimiento, suspensión y exoneración.

Ley 19.549, art. 12: el acto administrativo debe ser notificado al interesado; la notificación defectuosa no afecta su validez si el interesado tomó conocimiento efectivo.

Ley 20.744 (contrato de trabajo) y su relación con el empleo público: la estabilidad del empleado público se rige por la LPA y el régimen de la carrera administrativa, no por la LCT, salvo remisión expresa.

Art. 14 bis CN: derechos del trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea y protección contra el despido arbitrario.

Art. 23 LCT: el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre; presume la existencia del contrato cuando se acredita la prestación de servicios.

Art. 90 LCT: el período de prueba no puede exceder de 3 meses; durante ese lapso cualquiera de las partes puede extinguir el contrato sin expresión de causa ni indemnización.

Art. 245 LCT: indemnización por antigüedad: un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual.

Art. 247 LCT: despido por falta o disminución de trabajo: el empleador debe abonar una indemnización equivalente a la mitad de la del art. 245, con preaviso.

Art. 232 LCT: preaviso: 1 mes para antigüedad menor a 5 años y 2 meses para mayor; su omisión genera una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración del período.

Ley 24.013 (Empleo): el trabajo no registrado o deficientemente registrado genera indemnizaciones adicionales; la registración tardía extingue el derecho a percibirlas si el trabajador no reclama en plazo.

Ley 24.241 (SIPA): el Sistema Integrado Previsional Argentino otorga prestaciones por vejez, invalidez y muerte; la jubilación ordinaria requiere 30 años de aportes y edad de 65 años (hombres) o 60 (mujeres).

Ley 27.541 y Ley 25.323: la indemnización por despido se incrementa en un 50% cuando el empleador no registra la relación o lo hace deficientemente, y en un 20% cuando no abona en plazo.