Concurso Magistratura CABA key terms

Norma fundamental del ordenamiento jurídico argentino que organiza el Estado, distribuye competencias entre Nación y provincias y reconoce derechos. En CABA rige junto con la Constitución local, que debe respetar el piso federal.

Norma suprema local sancionada en 1996 que organiza los poderes de la Ciudad, reconoce derechos y garantías adicionales y establece el sistema de control. Su validez depende de no contradecir la Constitución Nacional.

Atributo reconocido a la Ciudad de Buenos Aires tras la reforma de 1994 para dictar su propio estatuto organizativo, elegir autoridades y ejercer competencias legislativas y jurisdiccionales, con los límites que fija la ley de garantías.

Facultad de los jueces de inaplicar normas contrarias a la Constitución en un caso concreto. En Argentina es difuso y se ejerce a instancia de parte, con efectos limitados al litigio.

Requisito para acceder a la instancia extraordinaria federal: que la sentencia definitiva involucre la interpretación de normas federales o plantee agravio a garantías constitucionales, con relación directa e inmediata a lo resuelto.

Remedio ante la Corte Suprema contra sentencias definitivas de tribunales inferiores por cuestión federal, arbitrariedad o gravedad institucional. Exige sentencia definitiva, agravio actual y relación directa entre lo decidido y la norma federal.

Causal excepcional que habilita la intervención de la Corte Suprema cuando la cuestión trasciende el interés individual y afecta el funcionamiento de instituciones básicas o el interés general de la comunidad.

Situación en que se sacrifica un bien jurídico ajeno para evitar un mal mayor, propio o de tercero, cuando el peligro es actual o inminente y no existe otro medio razonable de evitarlo. Es causal de justificación.

Causal de justificación que excluye la antijuridicidad cuando se repele una agresión ilegítima, actual o inminente, con un medio racionalmente necesario y sin exceso. Requiere falta de provocación suficiente del agredido.

Carácter contrario a derecho de una conducta típica. Se excluye cuando concurre una causal de justificación, como la legítima defensa o el estado de necesidad, de modo que el hecho deja de ser delito.

Juicio de reproche personal dirigido al autor de un hecho antijurídico, por haber podido actuar de otro modo. Excluyen la culpabilidad la inimputabilidad, el error de prohibición invencible y la inexigibilidad de otra conducta.

Capacidad psíquica de comprender la criminalidad del acto y de dirigir las acciones. En el Código Penal se presume desde los 18 años y puede excluirse por insuficiencia de facultades, alteraciones morbosas o estado de inconsciencia.

Desconocimiento o falso conocimiento sobre la ilicitud del hecho. Si es invencible excluye la culpabilidad; si es vencible, atenúa la pena cuando el delito es doloso y no excluye la responsabilidad en los culposos.

Voluntad de realizar el hecho típico, con conocimiento de sus elementos. Puede ser directo, cuando se persigue el resultado, o eventual, cuando se lo representa como posible y se acepta.

Actuación negligente, imprudente o imperita que causa un resultado típico sin intención. Solo se responde por culpa cuando la ley lo prevé expresamente en el tipo penal.

Adecuación de una conducta concreta a la descripción legal de un delito. Es el primer filtro del análisis penal y exige que el hecho encuadre en la figura sin forzar sus elementos.

Medida cautelar de coerción que restringe la libertad del imputado durante el proceso, cuando existen riesgos procesales como fuga o entorpecimiento. No es una pena y debe revisarse periódicamente.

Garantía que impide tratar al imputado como culpable antes de una sentencia firme. Obliga a que la condena se funde en pruebas de cargo suficientes y a que la duda favorezca al acusado.

Regla de valoración que ordena absolver cuando, tras el juicio, subsiste una duda razonable sobre la responsabilidad penal del imputado. Deriva de la presunción de inocencia.

Sanción que priva de efectos a un acto procesal defectuoso. Puede ser absoluta, por afectar garantías constitucionales, o relativa, por vicios que solo lesionan intereses particulares y requieren perjuicio y oportuno planteo.

Conjunto de garantías que aseguran un procedimiento justo: juez natural, defensa, contradicción, publicidad y plazo razonable. Se aplica a toda actuación estatal que pueda afectar derechos.

Derecho a ser oído, ofrecer y producir prueba y contar con asistencia letrada antes de que se decida sobre derechos. Es inviolable y su privación genera nulidad absoluta.

Declaración unilateral de un órgano estatal en ejercicio de función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales. Debe ser dictado por autoridad competente, con causa, objeto, forma y motivación válidos.

Serie ordenada de actos que la Administración cumple para dictar una decisión, con reglas de impulso, audiencia, prueba y publicidad. Tiene por fin asegurar la legalidad y la participación del interesado.

Impugnación que el interesado dirige contra un acto o resolución administrativa ante la propia Administración o su superior, para obtener su revocación, modificación o anulación. Agota la vía previa a la judicial.

Requisito que exige transitar los recursos internos antes de demandar al Estado. En algunos regímenes se admite el acceso directo a la justicia cuando el acto es nulo de nulidad absoluta o lesiona derechos esenciales.

Acuerdo de voluntades entre el Estado y un particular, o entre entes públicos, sometido a un régimen de derecho público. Incluye potestades exorbitantes como la dirección, modificación y rescisión unilateral por razones de interés público.

Actividad prestada por el Estado o por particulares bajo su control para satisfacer necesidades colectivas esenciales, con continuidad, regularidad y universalidad. Su régimen admite tarifas reguladas y obligaciones de prestación.

Deber de reparar los daños causados por su actividad u omisión. Puede ser por falta de servicio, por acto ilegítimo o por riesgo especial, y requiere daño cierto, imputabilidad y nexo causal.

Factor de atribución que hace responsable al Estado por el funcionamiento deficiente o irregular de un servicio a su cargo. No exige identificar al agente, sino acreditar que el servicio no funcionó como debía.

Vínculo jurídico entre el Estado y el agente que presta servicios personales bajo dependencia, con sujeción a un estatuto especial. Se distingue del contrato de trabajo por su régimen normativo y por los deberes de función.

Derecho del agente de carrera a conservar su cargo mientras subsistan las condiciones de idoneidad y no incurra en causales de cese. Limita el despido arbitrario y exige sumario previo con defensa.

Acuerdo por el cual una persona presta servicios bajo dependencia de otra, a cambio de una remuneración. Se presume su existencia cuando se acreditan prestación personal, habitualidad y subordinación.

Criterio que obliga a valorar los hechos tal como ocurren en la práctica, por encima de las formas o denominaciones que las partes asignen a la relación. Permite declarar la existencia de un vínculo laboral encubierto.

Extinción unilateral del contrato de trabajo por decisión del empleador. Si es sin justa causa genera indemnización por antigüedad, preaviso y vacaciones proporcionales; si es con justa causa, debe fundarse en injuria grave.

Crédito que recibe el trabajador despedido sin justa causa, calculado sobre la base de un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, con topes legales según el régimen aplicable.

Regla interpretativa del derecho laboral que, ante duda o desigualdad, favorece al trabajador. Se expresa en el in dubio pro operario, la norma más favorable y la condición más beneficiosa.

Sistema de protección frente a contingencias como vejez, invalidez, desempleo y cargas de familia, financiado con aportes y contribuciones. Comprende prestaciones de la ANSES y regímenes provinciales o especiales.

Régimen de reparación de daños sufridos por el trabajador en ocasión o por causa del trabajo, a cargo de aseguradoras de riesgos del trabajo. Cubre accidentes y enfermedades profesionales con prestaciones dinerarias y en especie.

Modo de extinguir acciones o derechos por el transcurso del tiempo fijado en la ley. En materia civil y laboral los plazos varían según la pretensión y pueden suspenderse o interrumpirse por actos del titular.

Pérdida de un derecho o de la posibilidad de ejercerlo por no realizarlo dentro del plazo legal, sin que el juez pueda dispensarlo. Se diferencia de la prescripción porque extingue el derecho y no solo la acción.

Vínculo jurídico que une a un acreedor con un deudor y faculta al primero a exigir una prestación de dar, hacer o no hacer. Sus fuentes son el contrato, la ley, el hecho ilícito y el enriquecimiento sin causa.

Acto jurídico bilateral o plurilateral por el cual las partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Rige el principio de libertad contractual con límites legales.

Deber de conducta leal y honesta que rige la negociación, celebración y ejecución de los contratos. Impide valerse de cláusulas abusivas o de la propia torpeza y obliga a un comportamiento coherente.

Ejercicio de un derecho que, por su finalidad o por las circunstancias, excede los límites de la buena fe y causa un daño injustificado. El juez puede ordenar el cese y la reparación del perjuicio.

Obligación de reparar el daño causado a otro. Requiere antijuridicidad, factor de atribución, daño y nexo causal; puede ser subjetiva, por dolo o culpa, u objetiva, por riesgo o garantía.

Ente creado por dos o más personas mediante un contrato que aportan bienes o servicios para producir y repartir ganancias. Adquiere personalidad jurídica desde su inscripción y responde por sus deudas con su patrimonio.