Despido, período de prueba y fraude en la registración
Una trabajadora ingresa a una empresa de servicios con un contrato que fija un período de prueba de seis meses, aunque la convención colectiva aplicable prevé tres meses. Durante el período, es registrada con una categoría inferior y con salario parcialmente en negro. A los cuatro meses es despedida sin expresión de causa, invocándose el período de prueba. La trabajadora reclama indemnización por despido, diferencias salariales y multas por registración deficiente. La empleadora sostiene que el período de prueba pactado es válido porque fue acordado individualmente y que el despido durante ese lapso no genera indemnización.
1. ¿Es válido el período de prueba de seis meses pactado individualmente y qué efecto tiene el despido dentro de ese lapso?
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El período de prueba está regulado por la ley y por la convención colectiva; no puede ampliarse por acuerdo individual en perjuicio del trabajador. Si la convención fija tres meses, el pacto de seis es inválido en el excedente por aplicación del principio de norma más favorable y de irrenunciabilidad. El despido dentro del período de prueba válido no genera indemnización por antigüedad, pero sí debe registrarse correctamente y no puede encubrir un despido arbitrario.
Si el período de prueba ya había vencido (tres meses) al momento del despido, este se rige por las reglas comunes y genera indemnización. La empleadora no puede invocar un período de prueba inválido para eludir la indemnización.
2. ¿Cómo se cuantifican las diferencias salariales y las multas por registración deficiente?
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Las diferencias salariales se calculan por la categoría real desempeñada y el salario no registrado, con intereses. La registración deficiente (categoría inferior y salario parcialmente en negro) habilita las multas previstas en la ley laboral, que se calculan sobre las remuneraciones devengadas no registradas.
La carga de la prueba de la categoría y del salario en negro recae en la trabajadora, pero se facilita con testigos, correos, recibos y pericias contables. El juez debe aplicar el principio de primacía de la realidad: si las tareas efectivamente desempeñadas corresponden a una categoría superior, prevalece la realidad sobre la registración. Las multas no se acumulan automáticamente: debe verificarse cada presupuesto y evitarse la duplicación de sanciones por el mismo hecho.