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Prisión preventiva y plazo razonable en una causa con dos imputados

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Prisión preventiva y plazo razonable en una causa con dos imputados

En una causa penal de la Tercera Circunscripción Judicial de Mendoza, A y B están imputados por robo agravado por el uso de arma. A fue detenido el 3 de marzo; B, el 20 de junio. Al 1 de diciembre, ninguno tiene sentencia. La defensa de A plantea la mora: hubo 40 días de inactividad del Ministerio Público Fiscal, dos pedidos de prórroga de la investigación y un cambio de juez. B, en cambio, fue detenido 109 días después que A y su defensa no objetó el plazo. El juez debe resolver dos planteos: el cese de prisión de A por exceso de plazo y la situación de B, que no planteó nada. El fiscal se opone a la libertad de A invocando la gravedad del hecho y el riesgo de fuga.

1. ¿Cómo debe resolverse el planteo de A sobre el plazo de la prisión preventiva sin caer en automatismos?

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El análisis debe partir de que la prisión preventiva no es pena y que su límite no es solo cronológico sino de razonabilidad (art. 7.5 CADH y precedentes de la Corte Suprema sobre plazo razonable). Corresponde:

  1. Individualizar el cómputo: el plazo corre desde la detención de A (3 de marzo), no desde la de B. No puede usarse un criterio único para ambos.
  2. Analizar la conducta del órgano estatal: los 40 días de inactividad fiscal y las dos prórrogas son atribuibles al Estado, no al imputado; el cambio de juez no justifica per se la dilación.
  3. Ponderar la complejidad y la actividad defensiva: si la defensa no generó dilaciones, el peso de la mora recae en el Estado.
  4. Examinar el riesgo procesal concreto: la gravedad del hecho por sí sola no funda la prisión preventiva; deben verificarse pautas objetivas de fuga u obstrucción.

Conclusión razonada: si el plazo razonable fue excedido por causas imputables al Estado y no se acredita un riesgo concreto distinto, corresponde hacer lugar al cese o sustituir por medidas menos lesivas (art. 7.3 CADH). Si subsiste un riesgo fundado, puede mantenerse con motivación reforzada y control periódico.

2. ¿Qué debe hacer el juez respecto de B, que no planteó objeción alguna?

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La falta de planteo de B no convalida un encierro irrazonable. El control del plazo es una obligación judicial de oficio derivada del art. 7.5 CADH y de la naturaleza de orden público de la libertad ambulatoria.

  • El juez debe revisar de oficio la situación de B en la próxima audiencia, aunque su cómputo sea distinto (desde el 20 de junio).
  • No puede trasladar automáticamente la solución de A a B: deben compararse los plazos individuales y las causas de la dilación respecto de cada uno.
  • Si el plazo de B aún no es irrazonable, corresponde fijar una audiencia de control y dejar constancia de la revisión, para evitar que el silencio se convierta en renuncia a un derecho indisponible.

El criterio uniforme: la defensa puede no pedir, pero el juez no puede omitir el control periódico de la medida cautelar más gravosa.