Concurso Magistratura Mendoza key terms

Facultad de los jueces de examinar si una norma o acto de autoridad resulta compatible con la Constitución y, en caso de conflicto, privarlo de aplicación para el caso concreto.

Principio según el cual la Constitución ocupa la cúspide del ordenamiento jurídico, de modo que todas las normas y actos inferiores deben subordinarse a ella y ceder ante sus mandatos.

Conjunto de normas de jerarquía constitucional que integran el parámetro de control, incluyendo la Constitución, los tratados de derechos humanos enumerados y el derecho internacional incorporado.

Acción constitucional breve y sumaria destinada a tutelar derechos y garantías no protegidos adecuadamente por los procedimientos ordinarios, frente a actos u omisiones de autoridad pública o de particulares.

Garantía constitucional que protege la libertad ambulatoria frente a detenciones ilegales o arbitrarias, permitiendo al juez verificar las condiciones de la privación de libertad y ordenar la inmediata corrección.

Garantía que asegura a toda persona un procedimiento con juez competente, defensa técnica, contradicción, prueba y sentencia fundada, conforme a las reglas preestablecidas por la ley.

Derecho de la persona sometida a un proceso a ser oída, contar con asistencia letrada, ofrecer y controlar la prueba y recurrir las decisiones que la afecten.

Principio procesal que exige que las partes puedan conocer y discutir las pruebas y argumentos de la contraria antes de que el juez resuelva, garantizando la bilateralidad del debate.

Atributo de las provincias que les permite dictar su propia constitución, organizar sus instituciones y ejercer los poderes no delegados a la Nación, dentro del marco de la Constitución federal.

Facultades que las provincias transfirieron al Estado federal mediante la Constitución, de modo que solo pueden ejercerlas en la medida y con los alcances que el texto nacional autoriza.

Órgano elegido por el pueblo de la provincia con la única misión de reformar total o parcialmente la constitución local, sujeto a los límites y procedimientos que la propia carta establece.

Procedimiento agravado mediante el cual se modifica el texto de la Constitución, requiriendo la intervención de un órgano especial y el cumplimiento de las etapas y mayorías previstas.

Unidad política y administrativa de base territorial y poblacional que, reconocida por la Constitución, ejerce autonomía en el orden local para satisfacer necesidades de la comunidad.

Reconocimiento constitucional de la capacidad del municipio para dictar su propia carta orgánica, elegir sus autoridades y administrar los intereses locales sin tutela provincial.

Norma fundamental dictada por la convención municipal que organiza los poderes locales, regula su funcionamiento y establece los derechos y garantías de los vecinos.

Deber de reparar los daños causados por la actividad administrativa, legislativa o judicial cuando ella es ilegítima o genera sacrificios especiales no debidos por el administrado.

Declaración unilateral de voluntad de un órgano estatal en ejercicio de función administrativa que produce efectos jurídicos directos sobre derechos o intereses de los administrados.

Sucesión ordenada de actos y trámites regulados por el derecho público que la administración debe cumplir para formar y exteriorizar sus decisiones, respetando audiencia y fundamentación.

Impugnación que el interesado dirige contra un acto administrativo ante la propia administración o su superior jerárquico, para obtener su revocación, modificación o anulación.

Criterio de imputación de responsabilidad estatal que considera el funcionamiento anormal, deficiente o tardío del servicio público como fuente del deber de reparar el daño.

Relación jurídica en virtud de la cual una parte, llamada deudor, queda vinculada a realizar una prestación en favor de otra, llamada acreedor, quien puede exigir su cumplimiento.

Acto jurídico bilateral o plurilateral por el cual las partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, obligándose recíprocamente.

Deber de resarcir el daño injustamente causado a otro, sea por incumplimiento de una obligación previa o por un hecho ilícito que lesiona un interés jurídicamente protegido.

Modo de extinguir o adquirir derechos por el transcurso del tiempo y el cumplimiento de los requisitos legales, que consolida situaciones jurídicas y otorga certeza a las relaciones.

Pérdida automática de un derecho o de la posibilidad de ejercerlo por el vencimiento del plazo fijado por la ley o por la voluntad de las partes, sin necesidad de declaración.

Actividad procesal mediante la cual las partes aportan al juez los elementos de convicción necesarios para acreditar los hechos controvertidos y fundamentar la decisión.

Regla que indica a cuál de las partes corresponde aportar la prueba de un hecho determinado, con la consecuencia de soportar el resultado desfavorable si no logra acreditarlo.

Resolución judicial que decide el fondo del asunto sometido a conocimiento del juez, poniendo fin al proceso en la instancia y conteniendo la fundamentación de hecho y de derecho.

Medio de impugnación mediante el cual la parte agraviada solicita al tribunal superior que revise la decisión del juez inferior, con el fin de obtener su revocación o modificación.

Efecto de la sentencia firme que impide volver a discutir en otro proceso la misma cuestión ya resuelta, brindando estabilidad y seguridad a las decisiones judiciales.

Principio de legalidad penal según el cual no puede imponerse pena alguna sin una ley previa que describa el hecho como delito y fije la sanción correspondiente.

Adecuación exacta de la conducta concreta a la descripción legal de un delito, exigencia que impide castigar hechos no previstos de manera precisa en la ley penal.

Garantía que impone tratar a toda persona como inocente hasta que una sentencia firme, fundada en pruebas suficientes, declare su responsabilidad penal.

Juicio de reproche personal dirigido al autor de un hecho típico y antijurídico, que exige imputabilidad, conocimiento de la antijuridicidad y exigibilidad de otra conducta.

Acuerdo por el cual una persona se obliga a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación de otra, que se compromete a pagar una remuneración.

Elemento esencial del contrato de trabajo que consiste en la sujeción del trabajador al poder de dirección y disciplina del empleador respecto del modo, tiempo y lugar de la prestación.

Extinción unilateral del contrato de trabajo decidida por el empleador, que puede ser justificada o arbitraria y genera distintos efectos indemnizatorios según su causa.

Situación jurídica que ocupa una persona dentro de la organización familiar, determinada por el matrimonio, la filiación y las uniones convivenciales, y que es oponible a todos.

Vínculo jurídico que une a una persona con sus progenitores, del cual derivan derechos y deberes recíprocos como el nombre, los alimentos y la responsabilidad parental.

Principio rector que obliga a considerar primordialmente el bienestar de niñas, niños y adolescentes en toda decisión que los afecte, orientando la actuación de familia y del Estado.

Transmisión de los derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos, sea por disposición de la ley o por testamento válido, a partir de su muerte.

Persona llamada por la ley o por testamento a recibir la totalidad o una cuota del patrimonio del causante, respondiendo por las deudas en proporción a su porción.

Porción del patrimonio del causante que la ley reserva a determinados herederos forzosos, quienes no pueden ser privados de ella por disposición testamentaria.

Conjunto de principios y deberes que orientan la conducta del magistrado, exigiendo independencia, imparcialidad, integridad, prudencia y compromiso con el servicio de justicia.

Deber del juez de resolver sin favorecer a ninguna de las partes, manteniéndose ajeno a sus intereses y apartándose cuando existan circunstancias que comprometan su objetividad.

Abstención voluntaria del juez que se considera impedido por vínculos personales o interés en el asunto, para preservar la imparcialidad del tribunal.

Facultad de las partes de solicitar la separación del juez del conocimiento del caso cuando concurra alguna de las causales legales que afectan su imparcialidad.

Régimen que somete a los jueces a consecuencias disciplinarias, civiles o penales por el ejercicio indebido de sus funciones, garantizando a la vez su independencia.

Órgano encargado de seleccionar, evaluar y proponer a los candidatos a jueces, así como de ejercer funciones disciplinarias, según el diseño institucional vigente.

Rama del derecho internacional que establece obligaciones de los Estados de respetar y garantizar derechos fundamentales, con mecanismos de protección en el plano universal y regional.

Deber de los órganos estatales, en especial de los jueces, de verificar la compatibilidad de las normas y prácticas internas con los tratados de derechos humanos y su interpretación.

Derecho de toda persona a acudir a un tribunal independiente e imparcial para obtener tutela efectiva de sus derechos, sin obstáculos económicos, sociales o de otra índole.

Ordenamiento escalonado de las fuentes del derecho en el que cada norma encuentra su validez en otra superior, lo que permite resolver antinomias y controlar la legalidad.