Derecho Constitucional (nacional y provincial)
Núcleo de estudio
El candidato debe dominar la jerarquía de fuentes (art. 31 CN y el bloque de constitucionalidad tras la reforma de 1994 con el art. 75 inc. 22), la forma de gobierno y la distribución de competencias entre Nación y provincias (arts. 121 a 129), el control de constitucionalidad difuso y sus efectos, y los remedios procesales (amparo, hábeas corpus, hábeas data). En el plano provincial importa la Constitución de Mendoza: organización de poderes, autonomía municipal (art. 5 CN como garantía federal), y el sistema de control concentrado que ejerce la Suprema Corte provincial.
Trampas frecuentes
- Confundir el control difuso nacional (cualquier juez, inaplicación al caso) con el control concentrado mendocino, donde ciertos conflictos se reservan a la Suprema Corte.
- Tratar los tratados de derechos humanos con jerarquía simplemente legal: el art. 75 inc. 22 les da jerarquía constitucional y los somete a un procedimiento agravado de denuncia.
- Olvidar que las provincias conservan todo poder no delegado (art. 121) y que las facultades concurrentes e implícitas generan zonas grises.
- Ignorar la distinción entre inconstitucionalidad y inconvencionalidad.
Ejemplo trabajado
Si una norma provincial exige un depósito previo para acceder a la justicia, el análisis correcto combina tres pasos: (1) ¿hay derecho constitucional o convencional comprometido (tutela judicial efectiva, art. 18 CN y art. 8 CADH)?; (2) ¿la restricción es razonable o desnaturaliza el derecho?; (3) ¿qué órgano controla y con qué efectos? Regla de oro: primero identifique el derecho, luego la norma, después el órgano y el efecto del control.