Concurso Magistratura Nación cheat sheet

Art. 31 CN: esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación; las autoridades provinciales deben conformarse a ella.

Art. 75 inc. 22 CN: ciertos tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y no derogan artículo alguno de la primera parte; se complementan con ella.

Control de constitucionalidad en Argentina es difuso y judicial: cualquier juez puede inaplicar una norma contraria a la Constitución en un caso concreto.

Art. 14 CN: todos los habitantes gozan de los derechos de trabajar, comerciar, navegar y ejercer industria lícita; las leyes que los reglamenten no pueden alterarlos (art. 28).

Art. 16 CN: igualdad ante la ley; no se admiten prerrogativas de sangre ni títulos de nobleza; los impuestos deben ser iguales para iguales.

Art. 18 CN: garantías del debido proceso: juez natural, defensa en juicio, no declarar contra sí mismo, no ser detenido sin orden escrita, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.

Art. 99 inc. 3 CN: el Poder Ejecutivo no puede dictar disposiciones de carácter legislativo; los decretos de necesidad y urgencia requieren acuerdo de ministros y control de la Comisión Bicameral.

Reforma constitucional de 1994: incorporó el amparo (art. 43), el habeas corpus y habeas data, la autonomía municipal (art. 123) y la preexistencia étnica de los pueblos indígenas (art. 75 inc. 17).

Art. 116 CN: corresponde a la Corte Suprema y tribunales inferiores el conocimiento de causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, leyes nacionales y tratados con naciones extranjeras.

CCyC art. 1: los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes aplicables, los usos y costumbres y los principios generales del derecho, en ese orden.

Capacidad de ejercicio (art. 23 CCyC): toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, salvo las limitaciones expresamente previstas; la incapacidad es de interpretación restrictiva.

Prescripción adquisitiva (usucapión): posesión continua, pública, pacífica e ininterrumpida con ánimo de titular; plazos de 10 años con justo título y buena fe o 20 años sin ellos para inmuebles (art. 1897 y ss.).

Obligaciones: el deudor responde con todo su patrimonio (art. 743 CCyC); la responsabilidad por incumplimiento genera resarcimiento de daño e intereses.

Responsabilidad civil (arts. 1708-1780 CCyC): factores de atribución objetivo y subjetivo; el daño debe ser cierto, patrimonial o extrapatrimonial; función preventiva y resarcitoria.

Contratos (art. 957 CCyC): acuerdo de voluntades destinado a regir relaciones jurídicas patrimoniales; rigen el principio de libertad contractual, buena fe y fuerza obligatoria.

Matrimonio y divorcio: el divorcio puede solicitarse sin expresión de causa (art. 437 CCyC); la separación personal fue eliminada como categoría autónoma en el régimen vigente.

Derechos reales: numerus clausus (art. 1884 CCyC); solo los derechos reales tipificados legalmente pueden constituirse sobre cosas.

Principio de legalidad (art. 18 CN y art. 1 CP): no hay delito ni pena sin ley previa; prohibición de analogía y de retroactividad de la ley penal más gravosa.

Estructura del delito: acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad; la imputabilidad es presupuesto de la culpabilidad (art. 34 CP).

Legítima defensa (art. 34 inc. 6 CP): agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente por parte del defendido.

Tentativa (art. 42 CP): el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad; pena reducida de un tercio a la mitad.

Participación criminal: autor, instigador y cómplice necesario (art. 45 CP); el cómplice secundario recibe la pena del delito disminuida de un tercio a la mitad (art. 46 CP).

Concurso real de delitos (art. 55 CP): acumulación de penas; límite máximo de cumplimiento efectivo de 50 años en el régimen del CP argentino.

Prisión preventiva: medida cautelar, no pena; debe cesar cuando no subsistan los motivos que la originaron; plazos y control conforme arts. 280 y ss. CPPN y garantías constitucionales.

Delitos contra la administración pública: peculado (art. 260 CP), cohecho (arts. 258-259 CP), malversación (art. 261 CP) y negociaciones incompatibles (art. 265 CP).

Competencia: es la aptitud del juez para conocer en un caso concreto; se determina por materia, territorio, grado y cuantía; es improrrogable salvo en lo patrimonial disponible.

Demanda: acto procesal que introduce la pretensión; requiere sujeto, objeto y causa; debe cumplir requisitos formales del art. 330 CPCCN (datos del actor, hechos, derecho y petitorio).

Nulidad procesal: solo procede cuando la irregularidad causa perjuicio efectivo; principio de trascendencia; las nulidades son relativas salvo las expresamente declaradas absolutas.

Prueba: carga probatoria a quien afirma hechos controvertidos (art. 377 CPCCN); el juez puede ordenar medidas para mejor proveer.

Sentencia: debe ser congruente con las pretensiones (principio de congruencia); requiere fundamentación fáctica y jurídica bajo pena de nulidad.

Recursos: aclaratoria, revocatoria, apelación, nulidad y queja; la apelación se concede en efecto suspensivo o devolutivo según el caso (arts. 241 y ss. CPCCN).

Cosa juzgada: efecto de la sentencia firme que impide revisar la misma pretensión entre las mismas partes; requiere identidad de sujeto, objeto y causa.

Proceso penal: sistema acusatorio en el CPPN reformado; el juez de garantías controla la investigación y el juez de juicio decide sobre la culpabilidad.

Principio de legalidad administrativa: la Administración solo puede actuar conforme a la ley que le atribuye competencia; el silencio no otorga facultades.

Acto administrativo (Ley 19.549, art. 7): debe reunir competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad; la ausencia de alguno lo torna nulo o anulable.

Estabilidad del acto propio: la Administración no puede revocar sus propios actos regulares que crearon derechos subjetivos, salvo ilegalidad manifiesta y con resarcimiento.

Recurso de alzada (art. 94 LNPA): agota la vía administrativa; el silencio de la Administración por 30 días hábiles habilita la instancia judicial.

Contrato administrativo: rige el régimen de derecho público con prerrogativas estatales (ius variandi, potestad sancionatoria, rescisión unilateral) y el equilibrio financiero.

Responsabilidad del Estado (art. 1112 CCyC y régimen especial): por actividad legítima o ilegítima; requiere daño cierto, imputabilidad y relación causal; prescripción de 3 años.

Procedimiento administrativo: principios de informalismo, impulso de oficio, verdad material, celeridad y debido proceso adjetivo (art. 1 LNPA).

Empleo público: estabilidad relativa; el agente puede ser removido por sumario con garantías; la carrera administrativa se rige por el principio de idoneidad.

Principio protectorio (art. 14 bis CN y art. 9 LCT): en caso de duda sobre la aplicación de normas o hechos, se resuelve en favor del trabajador.

Contrato de trabajo (art. 21 LCT): acuerdo por el cual una persona se obliga a prestar servicios a otra bajo su dependencia, mediante remuneración; presunción de existencia por la prestación de servicios (art. 23 LCT).

Período de prueba: 3 meses general, 6 meses en empresas de hasta 5 trabajadores y 12 meses en empresas de más de 100 (art. 92 bis LCT, según escala vigente).

Despido sin causa: genera indemnización por antigüedad (un mes de sueldo por año o fracción mayor a 3 meses), preaviso e integración del mes de despido (art. 245 LCT).

Jornada de trabajo: máxima de 8 horas diarias y 48 semanales (Ley 11.544); horas suplementarias con recargo del 50% en días hábiles y 100% en inhábiles.

Vacaciones: 14 días con antigüedad hasta 5 años, 21 días de 5 a 10 años, 28 días de 10 a 20 años y 35 días con más de 20 años (art. 150 LCT).

Riesgos del trabajo (Ley 24.557): cobertura obligatoria por ART; el empleador responde por incumplimiento de normas de seguridad; opción de acción civil en caso de dolo o culpa grave.

Convenio colectivo: aplica a los trabajadores comprendidos en su ámbito; la ultraactividad y la homologación son requisitos para su vigencia; prevalece la norma más favorable (art. 8 LCT).