Concurso Magistratura Nación key terms

Facultad de los jueces para verificar si una norma inferior contradice la Constitución y, en su caso, declararla inaplicable o inconstitucional dentro del caso concreto.

Principio según el cual la Constitución ocupa la cúspide del ordenamiento jurídico, de modo que ninguna norma o acto estatal puede válidamente contradecirla.

Conjunto de normas de jerarquía constitucional que se integran con el texto formal de la Constitución, como ciertos tratados de derechos humanos incorporados expresamente.

Deber de los órganos estatales de contrastar las normas y prácticas internas con los tratados internacionales de derechos humanos y la interpretación de los tribunales supranacionales competentes.

Acción procesal constitucional destinada a proteger de manera urgente derechos y garantías lesionados o amenazados por actos u omisiones de autoridad o de particulares, cuando no existe otro remedio idóneo.

Garantía que permite a cualquier persona requerir judicialmente la exhibición de un detenido y el control de la legalidad y las condiciones de su privación de libertad.

Orden escalonado en que se ubican las fuentes del derecho, de modo que las normas de rango inferior no pueden válidamente contradecir a las de rango superior.

Modelo de organización estatal en el que el poder se ejerce conforme a normas preestablecidas, con división de funciones, control judicial y reconocimiento de derechos fundamentales.

Distribución del ejercicio del poder estatal entre órganos legislativo, ejecutivo y judicial, con controles recíprocos, para evitar su concentración y asegurar la libertad.

Conjunto de garantías mínimas que deben respetarse en todo procedimiento estatal, como la defensa, la imparcialidad del juez, la prueba y la motivación de las decisiones.

Aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones; se adquiere con el nacimiento y no se pierde por la incapacidad de hecho.

Aptitud de una persona para realizar por sí misma actos jurídicos válidos; puede estar restringida judicialmente cuando la persona no puede dirigirse ni administrar sus intereses.

Entidad distinta de sus miembros, creada por ley o por acto constitutivo, que puede adquirir derechos y contraer obligaciones y actúa por medio de sus representantes.

Mecanismo por el cual una persona actúa en nombre y por cuenta de otra que carece de capacidad de ejercicio, supliendo su voluntad en los actos jurídicos.

Vínculo jurídico que une a un acreedor con un deudor y que faculta al primero a exigir del segundo una prestación de dar, hacer o no hacer.

Deber de reparar el daño causado a otro mediante una indemnización, sea por incumplimiento de una obligación previa o por la comisión de un hecho ilícito.

Vínculo de causa a efecto entre la conducta del agente y el daño producido, que permite atribuirle jurídicamente la obligación de repararlo.

Razón jurídica por la cual se imputa a una persona el deber de responder por un daño, como el dolo, la culpa o el riesgo creado.

Retardo imputable del deudor en el cumplimiento de la obligación, que se produce por intimación del acreedor o por hallarse la obligación en plazo cierto.

Modo de extinción de una obligación por el transcurso del plazo fijado en la ley durante el cual el acreedor no ejerció su derecho.

Extinción de un derecho o de una facultad procesal por el transcurso del plazo legal, sin posibilidad de interrupción o suspensión, a diferencia de la prescripción.

Adecuación exacta de una conducta concreta a la descripción legal de un delito, requisito sin el cual no puede imponerse una pena.

Regla según la cual nadie puede ser penado por un hecho que no esté previamente descripto como delito por una ley anterior, escrita y cierta.

Juicio de reproche personal dirigido al autor de un hecho típico y antijurídico, cuando era imputable y podía exigírsele otra conducta.

Situación de quien, al momento del hecho, no podía comprender su criminalidad o dirigir sus acciones, por lo que no puede serle formulado reproche penal.

Causa de justificación que excluye la antijuridicidad cuando se repele una agresión ilegítima, actual o inminente, con un medio racionalmente necesario y sin exceso.

Contradicción de una conducta típica con el ordenamiento jurídico en su conjunto, que desaparece cuando concurre una causa de justificación.

Causa de justificación o de inculpabilidad que ampara a quien lesiona un bien jurídico ajeno para evitar un mal mayor, cuando no existe otro medio razonable de evitarlo.

Regla que impide aplicar una norma penal a hechos ocurridos antes de su vigencia, salvo que la nueva ley resulte más favorable al imputado.

Ejecución de un delito comenzada pero no consumada por causas ajenas a la voluntad del autor, que se castiga con una pena atenuada respecto del delito consumado.

Potestad del Estado de resolver conflictos jurídicos mediante decisiones definitivas e irrevocables, ejercida por jueces imparciales e independientes.

Medida de la jurisdicción que distribuye entre los distintos órganos judiciales el conocimiento de los asuntos según materia, territorio, grado y cuantía.

Efecto de la sentencia firme que impide volver a discutir en otro proceso el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes.

Resolución judicial que decide definitivamente el fondo del asunto, con fundamentación de hecho y de derecho, y que puede ser impugnada mediante los recursos previstos.

Impugnación que permite al tribunal superior revisar la decisión del inferior, tanto en los hechos como en el derecho, dentro de los límites del agravio invocado.

Derecho del imputado o de las partes a ser oídos, ofrecer y controlar la prueba y contradecir la acusación ante un juez imparcial en un proceso regular.

Declaración unilateral de la administración pública que produce efectos jurídicos directos sobre situaciones subjetivas de los administrados o de otros órganos estatales.

Serie ordenada de trámites que la administración debe cumplir para dictar un acto, asegurando la participación del interesado, la prueba y la motivación de la decisión.

Facultad de los jueces de revisar la legalidad de los actos y decisiones administrativos y de anularlos cuando violan la ley o los derechos de los administrados.

Acuerdo por el cual una persona se obliga a prestar servicios bajo la dependencia y dirección de otra, a cambio de una remuneración, con subordinación jurídica y económica.

Sujeción del trabajador a las órdenes, control y disciplina del empleador en la organización del trabajo, elemento que distingue el contrato laboral de otras prestaciones de servicios.

Extinción del contrato de trabajo decidida unilateralmente por el empleador sin causa justificada, que genera el derecho del trabajador a una indemnización legal.

Derecho del trabajador a conservar su empleo frente a decisiones arbitrarias del empleador, cuya tutela puede ser real, con reinstalación, o impropia, con indemnización.

Criterio interpretativo del derecho laboral que, ante la duda, favorece al trabajador como parte más débil de la relación, sin alterar la igualdad ante la ley.