Examen de Idoneidad para Abogados key terms

Conjunto de deberes y normas éticas que rigen la conducta del abogado en el ejercicio de su profesión, cuya infracción puede generar responsabilidad disciplinaria ante el colegio profesional.

Deber de confidencialidad que obliga al abogado a no revelar hechos, documentos o comunicaciones conocidos por razón de su actividad, salvo consentimiento del cliente o habilitación legal expresa.

Situación en la que el interés del abogado, de otro cliente o de un tercero puede influir indebidamente en su actuación profesional, lo que exige abstención o renuncia al encargo.

Consecuencia jurídica que impone el colegio profesional al abogado por incumplir sus deberes deontológicos, mediante sanciones como apercibimiento, suspensión o expulsión.

Corporación de derecho público que agrupa a los abogados, ordena el ejercicio de la profesión y ejerce potestades disciplinarias sobre sus colegiados conforme a la ley.

Sistema de designación de abogados para asistir gratuitamente o con retribución pública a quienes no pueden costear defensa, garantizando el acceso a la justicia en causas penales y otras materias.

Derecho del detenido o investigado a ser asistido por un abogado desde su primera comparecencia y en todas las diligencias que afecten a sus derechos fundamentales.

Garantía constitucional que permite al imputado contradecir la acusación, aportar pruebas y contar con dirección jurídica técnica durante todo el procedimiento.

Principio según el cual toda persona se considera inocente hasta que una sentencia firme declare su culpabilidad tras un proceso con garantías.

Regla que determina qué parte debe acreditar los hechos que alega para que el tribunal los tenga por ciertos en su resolución.

Medio probatorio consistente en aportar al proceso documentos públicos o privados con el fin de acreditar hechos relevantes para la decisión judicial.

Registro que documenta quién ha tenido bajo su control una prueba física desde su recogida hasta su presentación judicial, para garantizar su autenticidad e integridad.

Conjunto de hechos probados que, relacionados entre sí, permiten inferir lógicamente la existencia de un hecho principal no acreditado directamente.

Extinción de la posibilidad de ejercer un derecho o de perseguir una infracción por el transcurso del plazo legalmente establecido sin que se haya actuado.

Pérdida de un derecho por no ejercitarlo dentro del plazo fijado por la ley, que suele apreciarse de oficio y no admite interrupción por actos extraprocesales.

Período de tiempo fijado por la ley o el tribunal dentro del cual debe realizarse un acto del proceso, cuyo incumplimiento produce preclusión o efectos desfavorables.

Sanción que declara inválido un acto del procedimiento por vulnerar normas esenciales o derechos fundamentales, obligando a retrotraer las actuaciones al momento anterior.

Obligación de reparar el daño causado a otro mediante indemnización, que puede surgir por incumplimiento contractual o por negligencia extracontractual.

Aptitud general para ser titular de derechos y obligaciones, que toda persona adquiere desde su nacimiento y conserva durante toda su vida.

Aptitud concreta para realizar eficazmente actos jurídicos por uno mismo, que puede limitarse por edad, incapacidad o resolución judicial.

Facultad de actuar en nombre e interés de otra persona, atribuida por la ley a determinados sujetos como padres o tutores, cuyos efectos recaen sobre el representado.

Contrato por el cual una persona confía a otra la realización de uno o varios actos jurídicos en su nombre, obligándose la segunda a ejecutarlos según las instrucciones.

Decisión unilateral de una administración pública que produce efectos jurídicos sobre los administrados y puede impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Efecto que la ley atribuye a la falta de resolución expresa de la administración dentro del plazo, permitiendo entender estimada o desestimada la solicitud.

Orden jurisdiccional competente para revisar la legalidad de los actos y disposiciones de las administraciones públicas y resolver sus conflictos con los ciudadanos.

Regla que exige que toda actuación de los poderes públicos se someta a la ley, de modo que ninguna autoridad puede actuar contra lo que el ordenamiento establece.

Acuerdo de voluntades entre dos o más partes que genera obligaciones exigibles, siempre que concurran consentimiento, objeto y causa lícitos.

Criterio de conducta que exige a las partes actuar con lealtad y coherencia en la negociación y ejecución de sus derechos y obligaciones.

Gastos derivados de un proceso judicial, como honorarios de abogados y peritos, cuya imposición a una de las partes decide el tribunal según el resultado.

Retribución que percibe el abogado por sus servicios, que debe pactarse de forma clara y respetar los criterios deontológicos de moderación y transparencia.

Documento que refleja las condiciones del servicio jurídico encargado, incluyendo alcance, honorarios y forma de pago, y que sirve para acreditar el acuerdo con el cliente.

Medio de impugnación que permite someter una resolución judicial a un tribunal superior para que la revise y, en su caso, la revoque o modifique.

Efecto que impide volver a discutir en un nuevo proceso lo ya resuelto por sentencia firme, garantizando la seguridad jurídica y la estabilidad de las decisiones.

Situación que se produce cuando un mismo asunto se encuentra pendiente ante dos tribunales, lo que puede paralizar el segundo procedimiento hasta que se resuelva el primero.

Condición que habilita a una persona para promover un proceso judicial por tener un interés legítimo o un derecho subjetivo afectado por la pretensión.

Condición que determina frente a quién debe dirigirse una demanda por ser la persona llamada a responder de la pretensión ejercitada en el proceso.

Nivel de cuidado y previsión que se espera de un profesional en el desempeño de su encargo, cuyo incumplimiento puede generar responsabilidad civil o disciplinaria.

Conjunto de operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes o dinero, respecto de las cuales el abogado puede tener deberes específicos de prevención.