Materias jurídicas generales y deontología profesional: organización judicial, competencia procesal y deberes del abogado
Qué se examina
Este dominio combina las materias jurídicas generales -organización judicial, jurisdicción y competencia, actos y recursos- con la deontología del abogado, regida por el Estatuto General de la Abogacía Española (RD 135/2021), el Código Deontológico del CGAE y la Ley 34/2006 de acceso. El examen no pide definiciones: plantea supuestos y exige identificar la conducta correcta, la norma aplicable y, en su caso, la consecuencia disciplinaria.
Deberes nucleares
El secreto profesional (art. 5 EGA) protege todo lo conocido por razón del ejercicio, no solo las confidencias, e incluye a clientes potenciales; no cesa al terminar el encargo y faculta al letrado para no declarar (art. 416 LECrim).
La independencia impide aceptar un asunto con conflicto de intereses: defender a la vez a ambas partes, asumir un asunto conexo contra un cliente actual o reutilizar información de un cliente anterior. La prohibición alcanza al despacho en conjunto.
La diligencia es de medios, no de resultado; exige formación continua, seguro de responsabilidad civil y hoja de encargo con honorarios pactados. El pacto de cuota litis puro está prohibido. Los fondos de clientes se llevan en cuenta separada, sin confundirse con los del despacho ni compensarse con honorarios sin autorización. La publicidad es lícita si es veraz y discreta; el turno de oficio es obligatorio salvo excusa justificada.
Jurisdicción y competencia
La jurisdicción es única (art. 117 CE), pero se reparte en órdenes: civil, penal, contencioso-administrativo y social. La competencia objetiva atiende a materia y cuantía; la funcional, al reparto de instancias; la territorial, al domicilio del demandado. La falta de competencia se alega por declinatoria; la recusación sirve para apartar a un juez parcial, no para corregir competencia. Los plazos son hábiles, con agosto inhábil salvo excepciones legales.
Ejemplo razonado
Una abogada asesora a un trabajador sobre su despido y, semanas después, el despacho recibe el encargo de la empresa demandada en ese mismo despido. Existe identidad de asunto e intereses contrapuestos; el secreto sobre la información del trabajador vincula a todo el despacho; el consentimiento de la empresa no sanea el conflicto. Procede rechazar el encargo, comunicarlo a ambos y documentar la abstención. Aceptarlo abriría responsabilidad disciplinaria.
Trampas que restan puntos
- Creer que el secreto caduca al cobrar la minuta o que solo cubre lo dicho ante el juez.
- Pensar que el conflicto se resuelve cambiando de letrado dentro del mismo despacho.
- Confundir declinatoria (competencia) con recusación (imparcialidad).
- Dar por inhábil agosto en todos los órdenes jurisdiccionales.
- Responder con la definición en lugar de la conducta exigible al letrado.