Presupuesto participativo: el acueducto, la cancha y las firmas
En un municipio de 48 000 habitantes, el presupuesto participativo de 2026 asciende a $900 millones. La asamblea barrial debe priorizar entre tres proyectos: reparar el acueducto de la vereda El Salto, que abastece a 300 familias y cuyas últimas pruebas reportaron contaminación con coliformes; construir una cancha sintética solicitada por 1 500 firmantes, en su mayoría jóvenes; y pavimentar 600 metros de la vía de acceso al mercado, usada a diario por 200 comerciantes. Cada proyecto cuesta entre $500 y $700 millones, así que solo uno puede financiarse completo este año. La Secretaría de Salud emitió un concepto de riesgo alto por el agua y la Personería advirtió que ya existe una orden judicial que obliga a garantizar agua apta para consumo. El alcalde, sin embargo, anuncia que «acatará la voluntad popular» y decidirá según el número de firmas, y pide a la asamblea votar rápido.
1. ¿Qué criterio debería pesar más en la priorización y cómo se relaciona con la noción de interés general?
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Debe pesar el acueducto, porque está en juego un derecho fundamental (agua potable y salud) y existe además una orden judicial y un concepto técnico de riesgo alto. Los derechos fundamentales no se someten a votación mayoritaria: el interés general no equivale a la suma de preferencias, sino a la garantía de condiciones básicas para todos, incluida una minoría de 300 familias.
Esto no descalifica a los otros proyectos: la cancha y la pavimentación son demandas legítimas y pueden programarse en vigencias siguientes. La decisión correcta es priorizar por derechos y luego planificar, no escoger solo por número de firmas.
El argumento del alcalde confunde legitimidad (apoyo popular) con justicia (prioridad de derechos). Una mayoría puede válidamente decidir entre opciones equivalentes, pero no puede decidir que una familia siga consumiendo agua contaminada.
2. Distinga el uso del derecho de petición, la acción de tutela, la veeduría ciudadana y el cabildo abierto en esta situación. ¿Cuál corresponde a cada necesidad?
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- Derecho de petición: para pedir información o una actuación concreta a la administración, por ejemplo, el cronograma de reparación del acueducto o los resultados de laboratorio. Es el primer paso y no exige abogado.
- Acción de tutela: procede si un derecho fundamental está amenazado o vulnerado y no hay otro medio eficaz. Aquí encaja si las familias siguen consumiendo agua contaminada pese a la orden judicial; no sirve para exigir una cancha, porque eso no es un derecho fundamental.
- Veeduría ciudadana: para vigilar la ejecución y el gasto del proyecto elegido, con acceso a documentos y a las obras.
- Cabildo abierto: para discutir el presupuesto y las prioridades ante el concejo, con voz de la comunidad.
Regla práctica: petición para informar y solicitar, tutela para proteger derechos, veeduría para controlar, cabildo para deliberar. Ninguna reemplaza a las otras.
3. Si la asamblea vota por la cancha y el acueducto queda sin recursos, ¿cómo se evalúa esa decisión en términos de legitimidad y de legalidad? ¿Qué debería hacer la administración?
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Legitimidad procedimental: la votación puede ser válida si siguió las reglas de la asamblea; hay respaldo de la mayoría.
Problema de legalidad y de legitimidad sustantiva: la decisión mantiene una situación ordenada por un juez y calificada como riesgo alto, y deja sin financiar el único proyecto que protege un derecho fundamental. La votación no exonera al alcalde: la obligación de garantizar agua apta es suya, y un juez puede ordenar el cumplimiento y exigir responsabilidades. Una mayoría no puede autorizar el incumplimiento de una orden judicial.
Curso razonable: financiar el acueducto este año, informar públicamente por qué se prioriza, comprometer por escrito la cancha y la pavimentación en un plan plurianual con fechas y fuentes de recursos, y abrir veeduría sobre ambas. Así se atiende el derecho sin desconocer la demanda ciudadana.