Presupuesto participativo en Puerto Aranda: el moderador con interés
En Puerto Aranda, municipio de 38.000 habitantes, el presupuesto participativo asignó 1.200 millones de pesos a infraestructura deportiva. Llegaron dos iniciativas: (a) cancha sintética en el barrio Central, 900 millones, respaldada con 4.500 firmas; (b) adecuación de tres canchas en barrios periféricos, 850 millones, con 2.100 firmas. La asamblea de presupuesto participativo, de 120 delegados, se reunió el 14 de marzo. El presidente de la junta del barrio Central, promotor de la propuesta (a), fue designado moderador de la votación; su cuñado es representante legal de la empresa que presentó la cotización de la cancha sintética. La propuesta (a) ganó 61 votos contra 58. Dos semanas después el alcalde firmó el convenio con esa empresa sin publicar las actas de la asamblea ni adelantar proceso de selección. Un grupo de vecinos de los barrios periféricos quiere impugnar la decisión y pide asesoría.
1. Ordene los mecanismos de participación y control que la comunidad puede usar, del más idóneo al menos idóneo, y justifique cada uno.
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1. Derecho de petición ante la alcaldía y la secretaría de planeación para obtener actas de la asamblea, listado de delegados, cotizaciones y estudios previos. Es el primer paso: sin documentos no se puede controvertir nada, y la entidad tiene plazo legal para responder.
2. Veeduría ciudadana sobre el convenio y la contratación, que permite hacer seguimiento al gasto y dejar constancia escrita de las irregularidades.
3. Solicitud de control fiscal y disciplinario a la Contraloría municipal y a la Personería, por la firma del convenio sin proceso de selección ni publicación.
4. Acción popular, si se alega afectación de derechos colectivos como el goce del espacio público o la realización de obras respetando las normas urbanísticas; es la vía judicial propia para ese tipo de derechos.
5. Acción de tutela, solo de forma residual y si existiera afectación concreta de un derecho fundamental sin otro medio eficaz. No es la vía principal aquí, porque los derechos en juego son colectivos y la tutela es subsidiaria.
2. ¿El conflicto de interés del moderador anula por sí solo la votación de 61 contra 58? Argumente considerando la diferencia de votos y la firma del convenio.
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No la anula de forma automática: un vicio en la conducción de una votación asamblearia no equivale a la nulidad inmediata del acto, y la decisión de 120 delegados no se reduce al voto de una persona. Pero el conflicto es material, no formal, por tres razones acumuladas: el moderador no se declaró impedido, moderó una votación sobre su propia propuesta y su cuñado es el representante legal del contratista favorecido. Con apenas tres votos de diferencia, cualquier influencia en el manejo de turnos, tiempos o conteo pudo ser decisiva, y la legitimidad de la decisión queda comprometida aunque el resultado se mantuviera.
A esto se suma un problema independiente y más grave: la firma del convenio sin publicación de actas ni proceso de selección desconoce los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva de la contratación pública. Ese hecho puede dar lugar a nulidad del contrato, responsabilidad fiscal y disciplinaria. La conclusión razonable es que el conflicto por sí solo no invalida, pero combinado con la ausencia de publicidad y de selección configura una irregularidad sustancial que la comunidad puede y debe controvertir por las vías del punto anterior.