Medidas de apoyo a una persona mayor: curatela, venta de la vivienda y poder preventivo
En un juzgado de primera instancia se tramita un expediente de provisión de medidas de apoyo promovido por el hijo mayor de una mujer de 78 años, viuda, diagnosticada de Alzheimer en fase moderada (MMSE 21/30), que vive sola con una cuidadora ocho horas al día. El hijo pide la curatela representativa y, en el mismo escrito, autorización para vender el piso familiar (valorado en 245.000 €) y financiar así una residencia de 3.100 €/mes. El hijo menor se opone: sostiene que su hermano pretende quedarse con el dinero y aporta un poder notarial preventivo de 2019 en el que la madre le designaba a él como apoderado, con facultad para actos de disposición. Oída en el juzgado, la mujer dice que quiere seguir en su casa, que no se fía del hijo mayor y que «el dinero es para sus nietos». El Fiscal debe emitir dictamen.
1. ¿Qué medida de apoyo procede y con qué alcance? Razone sobre necesidad, proporcionalidad y respeto a la voluntad.
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Tras la Ley 8/2021 el punto de partida no es la incapacitación, sino la voluntad y las preferencias de la persona (art. 249 CC). La medida debe ser la menos restrictiva posible y ajustada a la situación real.
- Existe necesidad de apoyo: Alzheimer moderado y vida sola buena parte del día justifican una medida formal; la guarda de hecho de la cuidadora, por sí sola, no cubre decisiones patrimoniales ni sanitarias.
- La curatela es la medida formal típica (art. 269 CC). Pero debe ser asistencial, no representativa: la representación es excepcional y exige motivación. La señora conserva capacidad para decidir sobre su vida cotidiana y sobre su vivienda, y su voluntad expresa es quedarse en casa.
- La curatela representativa con venta del piso sería desproporcionada y contraria a la voluntad manifestada. No se acredita que la atención en domicilio sea inviable; si se plantea la residencia, habrá que valorar informes sociales y médicos y explorar alternativas de apoyo en casa.
- Persona idónea para el cargo: los dos hijos están en conflicto declarado, de modo que conviene proponer una entidad tutelar o un curador imparcial, con rendición de cuentas y con medidas de seguimiento.
El dictamen debe ser favorable a la medida, pero con contenido asistencial, con la voluntad de la señora como eje y con prohibición de actos de disposición sin autorización judicial específica.
2. ¿Puede autorizarse en ese mismo expediente la venta del piso? ¿Qué eficacia tiene el poder preventivo de 2019?
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No en ese expediente. El objeto del procedimiento es la provisión de medidas de apoyo, no autorizar actos de disposición. La venta de un inmueble por el curador representativo requiere autorización judicial (art. 271 CC), y esa autorización se tramita en pieza separada, con audiencia del Ministerio Fiscal y de la persona afectada, y con examen de necesidad y utilidad.
A ello se añade un obstáculo material: la señora se opone a la venta y tiene capacidad para expresar esa preferencia. Si la curatela es asistencial, decide ella; si se pretende representativa, la autorización judicial no puede amparar un acto contrario a su voluntad sin justificación reforzada.
Poder preventivo de 2019:
- Es válido y se mantiene tras la reforma, pero despliega efectos cuando la persona lo necesite y siempre en su interés; no convierte al apoderado en un representante libre.
- Su ejercicio queda sometido a medidas de control y a la salvaguarda de la voluntad del poderdante; puede exigirse inventario, rendición de cuentas y autorización judicial para actos de disposición.
- El poder no resuelve el conflicto entre hermanos. Si el apoderado actúa en conflicto de interés con la señora o con el otro hijo, procede defensor judicial.
El Fiscal debe oponerse a que la venta se acuerde en el expediente de medidas de apoyo y remitir el debate a la pieza de autorización, con audiencia de la interesada.
3. ¿Qué posición debe adoptar el Fiscal en el dictamen y qué puede hacer si el juzgado no le da traslado o resuelve sin oírle?
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El Fiscal no es parte en el expediente ni defiende a uno de los hijos: defiende la legalidad y el interés de la persona con discapacidad. Eso obliga a:
- Emitir dictamen motivado y preceptivo, sin alinearse con ninguna de las posiciones familiares, centrado en la voluntad de la señora y en la idoneidad del apoyo.
- Proponer contenido concreto: curatela asistencial, curador imparcial, límites a los actos de disposición, información periódica al juzgado y coordinación con servicios sociales.
- Dejar constancia del conflicto de intereses entre los hijos y de la conveniencia de un defensor judicial si el apoderado del poder de 2019 actúa en beneficio propio.
- Si no se le da traslado o se resuelve sin su intervención: interesar la nulidad de actuaciones por omisión de un trámite esencial, recurrir la resolución y, en su caso, instar la revisión de las medidas de apoyo adoptadas. El Fiscal puede también promover el expediente cuando lo considere necesario.
Principio de cierre: la medida de apoyo no puede convertirse en un instrumento para decidir por la persona lo que la familia considera conveniente. La venta de la vivienda, sin audiencia real y sin autorización específica, sería un acto nulo y un mal precedente.