MP Carrera Fiscal Oposición key terms

Mecanismo por el que un juez o tribunal, antes de dictar sentencia, plantea al Tribunal Constitucional si una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez depende el fallo contradice la Constitución.

Conjunto formado por la Constitución y las normas que la desarrollan para delimitar competencias, como los estatutos de autonomía y ciertas leyes orgánicas, empleado para enjuiciar la validez de otras normas.

Proceso constitucional para proteger los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en los artículos 14 a 29 y la objeción de conciencia del artículo 30 CE frente a vulneraciones de poderes públicos o particulares.

Procedimiento ante el Tribunal Constitucional que resuelve disputas entre el Estado y las comunidades autónomas, o entre estas entre sí, sobre el ejercicio de competencias atribuidas por la Constitución y los estatutos.

Deber de indemnizar los daños y perjuicios causados a particulares por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, siempre que sean efectivos, evaluables económicamente e individualizables en relación con el servicio.

Declaración unilateral de voluntad, juicio, conocimiento o deseo dictada por una Administración Pública en ejercicio de potestades administrativas, sujeta al Derecho administrativo y susceptible de impugnación.

Efecto que la ley atribuye a la falta de resolución expresa de un procedimiento en plazo, que puede ser estimatorio o desestimatorio según la norma aplicable, sin eximir a la Administración del deber de resolver.

Contrato administrativo cuyo objeto es la ejecución de una obra conforme al proyecto aprobado, con precio cierto, en el que el contratista asume obligaciones de resultado y responde de los defectos conforme a la ley.

Efecto que impide volver a plantear ante un tribunal un litigio ya resuelto por sentencia firme, por identidad de partes, objeto y causa de pedir, o por vinculación prejudicial cuando la ley lo prevé.

Situación que se produce cuando un mismo asunto está pendiente ante dos órganos judiciales con identidad de partes, objeto y causa, lo que permite al demandado alegarla para evitar resoluciones contradictorias.

Situación procesal del demandado que no comparece en el plazo concedido para contestar, lo que no impide la continuación del proceso, pero limita los efectos de la sentencia y exige notificación personal en ciertos casos.

Procedimiento civil declarativo caracterizado por la oralidad, la concentración de actuaciones en una vista y la limitación de la cuantía y de las materias que pueden tramitarse por esta vía.

Medida cautelar privativa de libertad acordada mediante auto motivado cuando concurren indicios de delito, riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva, y no existe otra medida menos lesiva suficiente.

Procedimiento judicial sumario que permite a toda persona privada de libertad ilegalmente solicitar del juez que verifique la legalidad de la detención y adopte las medidas oportunas, incluida la puesta en libertad.

Privación de libertad por tiempo estrictamente necesario para practicar averiguaciones, con límite máximo legal de setenta y dos horas antes de poner al detenido a disposición judicial, salvo supuestos especiales.

Fase inicial del proceso penal ante el juez de instrucción, destinada a comprobar el hecho delictivo, sus circunstancias y la identidad de los responsables, antes de decidir sobre la transformación en procedimiento abreviado.

Cauce procesal penal aplicable a delitos castigados con penas privativas de libertad no superiores a nueve años, caracterizado por la simplificación de trámites y la posibilidad de conformidad entre acusación y defensa.

Acto por el que el acusado acepta los hechos y la calificación jurídica más grave formulada por la acusación, lo que permite dictar sentencia sin celebración de juicio cuando concurren los requisitos legales.

Forma de imputación subjetiva en la que el autor se representa la producción del resultado típico como probable y, aun así, actúa, aceptando su eventual realización en lugar de confiar en que no ocurra.

Modalidad de imprudencia en la que el sujeto prevé la posibilidad del resultado lesivo pero confía, de forma no justificada, en que no se producirá, a diferencia del dolo eventual, donde lo acepta.

Desconocimiento o representación equivocada de un elemento objetivo del tipo penal, que excluye el dolo y puede dar lugar a responsabilidad imprudente si el error es vencible y la ley castiga la imprudencia.

Ignorancia o equivocada creencia sobre la ilicitud de la conducta, que excluye la culpabilidad si es invencible y la atenúa si es vencible, siempre que el autor no pudiera conocer la prohibición.

Atenuación de la responsabilidad aplicable cuando concurren los presupuestos de una causa de exención pero faltan algunos de sus requisitos, lo que permite rebajar la pena conforme al artículo 68 del Código Penal.

Relación obligatoria con pluralidad de deudores o acreedores en la que cada deudor puede ser requerido por el total de la prestación y el cumplimiento de uno libera a los demás frente al acreedor.

Obligación con pluralidad de sujetos que se divide en tantas partes como deudores o acreedores, de modo que cada uno responde o puede exigir solo su cuota, salvo que la ley o el título dispongan otra cosa.

Garantía personal por la que un tercero se obliga a cumplir la obligación del deudor principal en caso de incumplimiento, con carácter subsidiario salvo pacto de solidaridad, y con beneficio de excusión cuando proceda.

Derecho real de garantía que grava un bien inmueble sin desplazar su posesión, permitiendo al acreedor instar su realización forzosa y cobrarse con el precio obtenido si la obligación garantizada no se cumple.

Derecho real que atribuye a su titular la facultad de usar y disfrutar un bien ajeno, conservando su forma y sustancia, con la obligación de restituirlo al propietario al extinguirse el derecho.

Derecho real limitado sobre cosa ajena que permite al titular del predio dominante obtener una utilidad del predio sirviente, como el paso o las vistas, o que impone al propietario una abstención.

Porción de la herencia que la ley reserva a determinados herederos forzosos, como los hijos y descendientes, y de la que el testador no puede disponer libremente salvo en los supuestos legalmente previstos.

Orden de llamamiento legal a la herencia que se aplica cuando el causante no otorgó testamento válido o cuando este no dispone de todos sus bienes, siguiendo el orden de parentesco establecido en el Código Civil.

Extinción del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que exige acreditar la causa, respetar el periodo de preaviso y abonar la indemnización legalmente prevista.

Extinción del contrato por incumplimiento grave y culpable del trabajador, basada en las causas tasadas del Estatuto de los Trabajadores, que requiere carta con hechos y fechas y plazo de caducidad para impugnarlo.

Acuerdo escrito entre representantes de trabajadores y empresarios que regula condiciones de trabajo y productividad, con eficacia normativa y fuerza vinculante dentro de su ámbito de aplicación.

Facultad del socio o acreedor de solicitar la declaración de nulidad de actos realizados por la sociedad en fraude o perjuicio, cuando la ley concursal o societaria lo prevé para proteger el patrimonio.

Procedimiento colectivo que se declara cuando el deudor es insolvente, actual o inminente, para satisfacer a los acreedores mediante un convenio o una liquidación ordenada conforme a la ley concursal.

Deber de responder frente a la sociedad, socios y acreedores por los daños causados con actos contrarios a la ley o a los estatutos, y por el incumplimiento de obligaciones cuando concurra insolvencia.

Texto de la Unión Europea que reconoce derechos civiles, políticos, económicos y sociales, vinculante para las instituciones y para los Estados cuando aplican el Derecho de la Unión, con el mismo valor que los tratados.

Decisión judicial emitida por un Estado miembro para que otro Estado miembro detenga y entregue a una persona buscada para ejercer acciones penales o ejecutar una pena, basada en la confianza mutua.

Base de la cooperación judicial en la Unión Europea según la cual las decisiones judiciales de un Estado miembro se aceptan y ejecutan en otro sin control de fondo, salvo las excepciones legalmente tasadas.

Agencia de la Unión Europea que coordina a las autoridades judiciales nacionales en investigaciones de delincuencia grave transfronteriza, facilitando la cooperación, el intercambio de información y la ejecución de instrumentos judiciales.

Regla que somete la actuación del Ministerio Fiscal a la Constitución, las leyes y el resto del ordenamiento, de modo que no puede actuar por criterios de oportunidad ajenos a la norma ni dejar de ejercer acciones cuando proceda.

Característica del Ministerio Fiscal que exige que todos sus miembros actúen como un solo órgano, con criterios comunes, bajo la dirección del Fiscal General del Estado, sin perjuicio de la autonomía en su valoración jurídica.

Sometimiento de los fiscales a las instrucciones de sus superiores jerárquicos, que pueden ordenar actuaciones concretas, con la posibilidad de que el fiscal destinatario exponga su criterio y quede constancia escrita.

Registro documentado de todas las transferencias y manipulaciones de una prueba desde su recogida hasta su presentación en juicio, que garantiza su integridad e identidad y permite impugnar su autenticidad.

Dictamen emitido por un experto con conocimientos científicos o técnicos sobre hechos relevantes para el proceso, que debe ser objetivo, motivado y sometido a contradicción en el juicio.

Conjunto de hechos probados, no constitutivos por sí mismos del delito, que relacionados entre sí permiten inferir lógicamente la participación o el hecho principal, siempre que la inferencia sea razonable y motivada.

Diligencia judicial que se practica en el lugar del fallecimiento para identificar el cuerpo, determinar la causa y circunstancias de la muerte y ordenar la autopsia cuando sea necesaria para la investigación.

Examen médico-legal del cadáver ordenado por la autoridad judicial para establecer la causa, el mecanismo y la data de la muerte, así como para documentar lesiones y recoger muestras útiles para la investigación.