Perito judicial con informe previo para la aseguradora demandada
Un arquitecto técnico en ejercicio libre es designado perito judicial en un procedimiento sobre filtraciones en la cubierta de un edificio de 36 viviendas, con juicio señalado a 45 días. Su informe debe determinar el origen del daño y valorar la reparación (68.400 €). Al recibir la documentación descubre que cuatro años antes redactó, para la aseguradora del promotor demandado, un presupuesto de reparación de la misma cubierta, y conserva en su archivo fotografías y mediciones de entonces. Un mes después, el abogado del promotor le ofrece «un incentivo de 3.000 €» si el informe atribuye el daño a la comunidad demandante, y le insinúa que, como perito de designación judicial, su retribución «la fija él». El arquitecto tampoco ha comunicado a su corredor de seguros una reclamación del año anterior por un informe similar, todavía abierta.
1. ¿Puede aceptar el encargo y el incentivo? Razone desde la imparcialidad del perito y sus consecuencias.
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Imparcialidad. El perito de designación judicial no es un asesor de parte: debe ser y parecer independiente. Un informe previo encargado por la aseguradora del demandado sobre el mismo elemento, con archivo propio del estado del edificio, crea una apariencia de parcialidad objetiva, con independencia de la honestidad personal del técnico. Lo correcto es comunicarlo por escrito al juzgado y abstenerse; si no lo hace, la parte contraria puede recusarle y el informe quedará contaminado aunque sea técnicamente correcto.
El incentivo. No puede aceptarse bajo ninguna fórmula (bonus, éxito, complemento). La retribución del perito judicial se fija por el juzgado conforme a las normas arancelarias aplicables; ninguna parte puede alterarla, y la insinuación contraria es falsa. Aceptar dinero condicionado al resultado de un dictamen puede constituir falso testimonio en su modalidad de dictamen pericial (Código Penal, arts. 458 y ss.), además de infracción disciplinaria colegial y Civil.
Actuación correcta. (1) Rechazar el ofrecimiento por escrito. (2) Conservar el correo o mensaje como prueba. (3) Ponerlo en conocimiento del juzgado y, si procede, del colegio profesional. (4) No emitir informe alguno mientras no se resuelva la abstención. El silencio o la tolerancia convierten un conflicto ético en un problema penal.
2. ¿Qué debe hacer respecto a sus deberes de confidencialidad con el anterior cliente y de información a su aseguradora?
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Confidencialidad frente al anterior cliente. El presupuesto y las fotografías de hace cuatro años pertenecen al encargo de la aseguradora; no puede reutilizarlos libremente en un informe nuevo ni revelar datos internos de su cliente anterior. Pero tampoco puede ocultar al juzgado que conoce el edificio de primera mano. Solución: declarar el hecho (que existió un encargo previo y que conserva documentación), sin aportar el contenido protegido, y dejar que el juez decida sobre su incorporación. Si el juzgado requiere el documento, debe informar previamente a ambas partes, incluida la aseguradora.
Deberes frente a la aseguradora propia. La póliza de responsabilidad civil y la Ley de contrato de seguro exigen declarar con veracidad en el cuestionario inicial y comunicar al asegurador las reclamaciones y la agravación del riesgo. Una reclamación abierta y no comunicada puede justificar que la entidad reduzca la indemnización o la rechace, precisamente cuando más falta hace la cobertura.
Actuación. Comunicar por escrito al corredor la reclamación pendiente, con fecha, causa y cuantía estimada, y verificar si el siniestro está cubierto y si la defensa jurídica está incluida. Documentar la notificación.
Consecuencia práctica. Un perito puede tener razón técnica y perder el caso por un conflicto de intereses o por una cobertura mal gestionada. Ambas cosas se evitan con transparencia documentada desde el primer día.
3. Si finalmente firma el informe sin resolver el conflicto, ¿qué consecuencias previsibles cabe esperar y cómo se valoran?
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Procesales. La parte contraria planteará la recusación o impugnará el dictamen por falta de imparcialidad. Aunque el juez no anule la prueba, su fuerza probatoria queda muy debilitada y el pleito puede necesitar un segundo perito, con coste y retraso. Un informe dictado por quien debió abstenerse es un informe vulnerable, no un informe ganador.
Civiles. Si el dictamen erróneo o sesgado contribuye a una resolución dañosa, se abre la vía de responsabilidad profesional frente al perito, con cobertura o sin ella según lo declarado a la aseguradora.
Penales. Un dictamen manifiestamente contrario a la verdad, o alterado con reticencias, puede encajar en el falso testimonio (Código Penal, arts. 458 y ss.), con independencia de la retribución pactada.
Disciplinarias y colegiales. Vulneración de los deberes deontológicos de independencia, integridad y confidencialidad, con posibles sanciones colegiales y pérdida de designaciones futuras.
Valoración global. El riesgo no es solo jurídico: el perito construye su reputación sobre la credibilidad de sus dictámenes. En este caso la ganancia esperada (3.000 €) es incomparablemente menor que el coste esperado. La conducta correcta, además de ética, es la más rentable a medio plazo.