EUC-CYAG (Examen Uniforme de Certificación en Contabilidad y Auditoría Gubernamental) cheat sheet
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Marco legal y normativo de la contabilidad gubernamental
La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) es de observancia obligatoria para los tres órdenes de gobierno y establece la armonización contable.
El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) emite las normas contables y lineamientos que rigen la contabilidad gubernamental en México.
Los entes públicos deben registrar sus operaciones en un sistema de contabilidad gubernamental que cumpla con los postulados básicos de contabilidad gubernamental.
Los postulados básicos incluyen: sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integridad, periodicidad y consistencia.
La LGCG exige la generación de información financiera, presupuestaria, programática y económica de forma periódica y accesible.
El marco normativo incluye la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que regula la auditoría superior de la federación.
Las entidades federativas y municipios deben adoptar las normas del CONAC y publicar su información financiera en sus portales de transparencia.
El incumplimiento de la LGCG puede generar responsabilidades administrativas, civiles o penales según la legislación aplicable.
Contabilidad gubernamental y registro de operaciones
El registro contable se realiza por partida doble: todo cargo debe tener un abono de igual magnitud.
La contabilidad gubernamental integra el registro presupuestario y el patrimonial; ambos deben conciliarse.
Los momentos contables del gasto son: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
Los momentos contables del ingreso son: estimado, modificado, devengado y recaudado.
El devengado es el reconocimiento de una obligación de pago derivada de un gasto aprobado y comprometido.
El ejercicio se refiere a la emisión del documento que acredita la obligación de pago, mientras que el pagado es la extinción de la obligación.
La cuenta pública debe incluir el estado de situación financiera, estado de actividades, estado de variaciones en la hacienda pública y estado de flujos de efectivo.
Los registros contables deben conservarse por un plazo mínimo de 5 años, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
Presupuesto público y control presupuestario
El presupuesto de egresos se clasifica por objeto del gasto, por tipo de gasto (corriente y de capital) y por función.
El control presupuestario compara el monto ejercido contra el presupuesto modificado y detecta desviaciones.
Las modificaciones presupuestarias deben ser autorizadas por la autoridad competente y registradas en el sistema.
El techo presupuestario es el límite máximo de gasto autorizado; no puede rebasarse sin la autorización correspondiente.
Los ingresos se estiman en la Ley de Ingresos; los ingresos excedentes pueden destinarse conforme a las reglas de disciplina financiera.
El control interno presupuestario incluye la verificación de la disponibilidad presupuestaria antes de comprometer recursos.
La cuenta pública debe presentar el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica y funcional.
El incumplimiento de las disposiciones presupuestarias puede dar lugar a observaciones de auditoría y responsabilidades.
Auditoría gubernamental: normas y procedimientos
Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) son el marco de referencia para la auditoría gubernamental.
La auditoría gubernamental puede ser financiera, de cumplimiento, de desempeño o forense, según su objetivo.
La evidencia de auditoría debe ser suficiente, competente, relevante y confiable para sustentar las conclusiones.
El muestreo de auditoría puede ser estadístico o no estadístico; la selección debe ser representativa y documentada.
El riesgo de auditoría es la combinación del riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección.
La materialidad es el umbral o monto a partir del cual las omisiones o errores pueden influir en las decisiones de los usuarios.
Los procedimientos de auditoría incluyen inspección, observación, confirmación, recálculo, reejecución y procedimientos analíticos.
El auditor debe documentar su trabajo en papeles de trabajo que respalden el informe y las conclusiones.
Control interno y gestión de riesgos en el sector público
El control interno es un proceso integrado que proporciona seguridad razonable sobre el logro de los objetivos institucionales.
El modelo COSO consta de cinco componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión.
Los principios de control interno incluyen la segregación de funciones, la autorización y la documentación de las operaciones.
La gestión de riesgos implica identificar, evaluar, mitigar y monitorear los riesgos que afectan los objetivos de la entidad.
La matriz de riesgos es una herramienta que relaciona la probabilidad de ocurrencia con el impacto potencial.
El control interno debe ser evaluado periódicamente para determinar su eficacia y detectar deficiencias.
Las deficiencias de control interno deben comunicarse a la administración y, si son significativas, al órgano de gobierno.
La auditoría interna evalúa la eficacia del control interno y contribuye a la mejora continua de la gestión pública.
Ética profesional, independencia e integridad
Los principios éticos fundamentales del auditor incluyen integridad, objetividad, competencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional.
La independencia es la capacidad de actuar con objetividad y sin influencias que comprometan el juicio profesional.
La independencia puede verse afectada por conflictos de interés, relaciones familiares o financieras, y presiones externas.
El auditor debe evitar situaciones que generen un conflicto de interés y, de existir, revelarlo y abstenerse de participar.
La confidencialidad obliga a no divulgar información obtenida durante la auditoría sin autorización, salvo obligación legal.
La integridad implica ser honesto y transparente en todas las relaciones profesionales y de negocio.
El código de ética de la IFAC y las normas de la INTOSAI son referentes para la conducta ética en el sector público.
El incumplimiento de los principios éticos puede dar lugar a sanciones profesionales y responsabilidades administrativas.
Informes de auditoría y seguimiento de hallazgos
El informe de auditoría debe contener el objetivo, el alcance, la metodología, los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones.
Los hallazgos deben estar sustentados con evidencia suficiente y competente, y describir la condición, criterio, causa y efecto.
Las recomendaciones deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos.
El seguimiento de hallazgos verifica la implementación de las acciones correctivas y la subsistencia de las observaciones.
Los hallazgos no atendidos pueden escalar a responsabilidades administrativas o penales, según corresponda.
El informe debe ser claro, objetivo y oportuno, y presentarse a las instancias competentes para su atención.
La opinión del auditor puede ser no modificada (favorable) o modificada (con salvedades, adversa o abstención).
El seguimiento debe documentarse y comunicarse periódicamente hasta la solventación total de los hallazgos.