Notario Estado de México key terms

Facultad que el Estado delega en el notario para dar autenticidad y certeza jurídica a los actos que ante él se otorgan, imprimiendo a los documentos la presunción de veracidad salvo prueba en contrario.

Conjunto ordenado de libros y apéndices que el notario conserva bajo su custodia, donde se asientan las escrituras, actas y demás instrumentos otorgados ante él, formando el archivo de la notaría.

Instrumento notarial que hace constar actos o contratos jurídicos, redactado en el protocolo, autorizado con la firma del notario y sellos, y que puede inscribirse en el registro público correspondiente.

Instrumento que el notario levanta para hacer constar hechos presenciados o verificados por él, sin que exista un contrato, como la notificación, la protocolización de documentos o la fe de hechos.

Acta en la que el notario narra de manera objetiva lo que percibe por sus sentidos o verifica directamente, sin emitir juicios de valor, a solicitud de quien tiene interés jurídico en ello.

Acto por el cual el notario incorpora al protocolo un documento que le fue presentado, dándole fecha cierta y conservación, sin que ello convalide su contenido ni su validez sustantiva.

Parte del protocolo donde se guardan los documentos, anexos, comprobantes y papeles que el notario debe conservar junto con las escrituras y actas, conforme a la legislación notarial estatal.

Comunicación que el notario debe enviar al Registro Nacional de Avisos de Testamento cuando autoriza un testamento, para que quede constancia de su otorgamiento y de su revocación por uno posterior.

Testamento otorgado ante notario en el que el testador manifiesta verbalmente su voluntad y el notario la redacta por escrito, firmando ambos y los testigos instrumentales cuando se requieran.

Efecto por el cual un testamento posterior deja sin vigor al anterior, total o parcialmente, sin necesidad de declaración expresa, pues la voluntad del testador puede cambiar mientras viva.

Documento otorgado ante notario en el que una persona faculta a otra para actuar en su nombre, pudiendo ser general o especial, y cuyo ejercicio se limita a los actos expresamente conferidos.

Contrato por el cual una persona se obliga a ejecutar por cuenta de otra los actos jurídicos que esta le encomienda, pudiendo ser gratuito u oneroso y con o sin representación.

Facultad que la ley confiere a ciertas personas para actuar en nombre y por cuenta de otra, como los padres respecto de sus hijos menores o los tutores respecto de sus pupilos.

Conjunto de reglas que determina cómo se administran y se reparten los bienes durante el matrimonio y al disolverse, pudiendo ser sociedad conyugal o separación de bienes.

Convenio que los cónyuges celebran antes del matrimonio o durante él, ante notario, para fijar el régimen patrimonial de su unión y las reglas sobre sus bienes presentes y futuros.

Régimen patrimonial en el que los cónyuges forman un patrimonio común con los bienes adquiridos durante el matrimonio, correspondiendo a cada uno la mitad de las ganancias al disolverse.

Contrato por el cual una persona transfiere gratuitamente a otra la propiedad de un bien, requiriendo para su validez formalidades notariales y, en ciertos casos, la insinuación judicial o notarial.

Contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar su precio en dinero, formalizándose en escritura pública cuando recae sobre inmuebles.

Sociedad mercantil cuyo capital social está representado por acciones y en la que los socios limitan su responsabilidad al monto de sus aportaciones, rigiéndose por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Documento notarial que formaliza la creación de una sociedad mercantil, conteniendo los estatutos, el capital social, el objeto social y los datos de los socios, y que debe inscribirse en el registro público.

Institución que da publicidad a los actos mercantiles y a la constitución, modificación y extinción de sociedades, otorgando certeza a terceros sobre la situación jurídica de los comerciantes.

Documento que representa una parte alícuota del capital social de una sociedad anónima y confiere a su titular derechos económicos y políticos, como dividendos y voto en asambleas.

Documento necesario para ejercitar el derecho literal que en él se consigna, como la letra de cambio o el pagaré, cuya emisión y transmisión se rigen por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Título de crédito por el cual una persona se obliga a pagar una suma determinada de dinero a otra o a su orden en la fecha y lugar señalados, pudiendo ser objeto de endoso.

Acto escrito en el título de crédito o en hoja adherida por el cual el tenedor transfiere los derechos que el documento confiere, debiendo firmar y, en su caso, indicar al endosatario.

Medio de control constitucional por el cual se protege a las personas frente a actos de autoridad que violan sus derechos humanos o garantías, tramitándose ante el Poder Judicial de la Federación.

Mandato constitucional según el cual las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, y los particulares pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe, salvo excepciones expresas.

Derecho fundamental de toda persona a ser oída y vencida en juicio antes de que se afecte su esfera jurídica, con oportunidad de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga.

Manifestación unilateral de voluntad de la administración pública que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones de los particulares, sujeta a los principios de legalidad y debido proceso.

Medio de defensa que el particular interpone ante la propia autoridad administrativa para impugnar un acto que le afecta, buscando que se revoque o modifique antes de acudir al contencioso.

Obligación tributaria que el Estado impone a los particulares para cubrir los gastos públicos, comprendiendo impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

Contribución establecida en ley que el Estado exige a las personas sin contraprestación directa e individualizada, como el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado.

Vínculo jurídico entre el Estado y el contribuyente por el cual este debe cumplir con el pago de contribuciones y con las obligaciones formales que la ley establece, como declarar y facturar.

Conducta típica, antijurídica y culpable que la ley penal sanciona con una pena, requiriendo la concurrencia de sus elementos para atribuir responsabilidad a una persona.

Delito que consiste en alterar, simular o elaborar un documento falso para engañar a terceros o a la autoridad, pudiendo cometerse en documentos públicos o privados con distintas penalidades.

Deber de una persona de responder por la comisión de un delito con las consecuencias jurídicas previstas en la ley, exigiendo capacidad, voluntad y culpabilidad debidamente acreditadas.

Vínculo jurídico entre trabajador y patrón que surge de la prestación de un trabajo personal subordinado a cambio de un salario, generando derechos y obligaciones recíprocos.

Acuerdo por el cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario, pudiendo ser verbal o escrito y sin formalidad notarial obligatoria.

Retribución que el patrón paga al trabajador por sus servicios, integrada por pagos en efectivo y prestaciones, y que debe cumplir con el mínimo legal y la igualdad de género.

Proceso contencioso que se tramita ante el juez civil para resolver controversias entre particulares mediante demanda, contestación, pruebas y sentencia, siguiendo las etapas del código procesal local.

Acto procesal por el cual el actor expone ante el juez sus pretensiones, los hechos que las fundamentan y las disposiciones legales aplicables, solicitando la tutela jurisdiccional correspondiente.

Resolución judicial que pone fin al proceso, resolviendo el fondo de la controversia con base en las pruebas y alegatos, y que puede ser impugnada mediante recursos legalmente previstos.

Núcleo de población agrario dotado de tierras, bosques y aguas por resolución presidencial, con personalidad jurídica y régimen de propiedad social regido por la ley agraria.

Órgano supremo de decisión del ejido, integrado por todos los ejidatarios, que adopta acuerdos sobre el uso de tierras, la distribución de parcelas y demás asuntos de interés colectivo.

Régimen de tenencia de la tierra que comprende ejidos y comunidades agrarias, distinto de la propiedad privada, cuya regulación corresponde al derecho agrario y a la ley de la materia.

Deber del notario de guardar reserva sobre los hechos, documentos y datos que conoce con motivo de su función, sin revelarlos a terceros salvo las excepciones que la ley autoriza.

Conjunto de principios y deberes de conducta que orientan la actuación del notario, como la imparcialidad, la honestidad, la diligencia y el respeto a la ley y a los otorgantes.

Diligencia por la cual el notario hace saber a una persona una resolución, requerimiento o comunicación, dejando constancia en acta de la fecha, hora, lugar y circunstancias de la entrega.