INPE CENECP Seguridad Penitenciaria Admisión key terms

Norma jurídica suprema que organiza el Estado, reconoce los derechos fundamentales de las personas y fija los límites del poder público. Ninguna ley ni acto administrativo puede contradecirla.

Facultades y garantías reconocidas por la Constitución a toda persona por su condición humana, como la vida, la integridad, la libertad y el debido proceso. Vinculan a todas las autoridades, incluido el personal penitenciario.

Conjunto de garantías que aseguran que toda decisión que afecte derechos se adopte con juez competente, procedimiento previo, defensa y posibilidad de impugnación. También rige los procedimientos disciplinarios dentro de los establecimientos penitenciarios.

Regla según la cual la autoridad solo puede actuar y restringir derechos cuando una norma previa le atribuye esa facultad. En el ámbito penitenciario limita el uso de la fuerza y las sanciones disciplinarias.

Conjunto de normas constitucionales y de tratados de derechos humanos que, al ser incorporados al ordenamiento, sirven para interpretar y limitar el ejercicio del poder. Incluye tratados sobre personas privadas de libertad.

Reconocimiento de que toda persona posee un valor intrínseco que no se pierde por estar detenida. Obliga a brindar trato respetuoso, condiciones materiales mínimas y prohibición de tortura o tratos crueles.

Persona internada en un establecimiento penitenciario por mandato judicial o medida cautelar. Conserva todos los derechos no restringidos por la sentencia o la ley, y mantiene garantías frente al Estado.

Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, que fijan estándares sobre alojamiento, alimentación, salud, disciplina, contacto con el exterior y uso de la fuerza. Son referencia interpretativa para la administración penitenciaria.

Actos que causan dolor o sufrimiento grave con fines de castigo, intimidación o confesión. Están prohibidos de forma absoluta, incluso en situaciones de emergencia penitenciaria, y generan responsabilidad penal y administrativa.

Norma que regula la ejecución de las penas privativas de libertad: ingreso, clasificación, tratamiento, régimen disciplinario, beneficios penitenciarios y egreso. Desarrolla los fines resocializadores previstos en la Constitución.

Conjunto de reglas sobre vida interna, horarios, actividades, seguridad y disciplina que se aplican a las personas internadas según su clasificación. Busca compatibilizar el orden con el respeto de derechos.

Conjunto de actividades educativas, laborales, psicológicas, sociales y de salud dirigidas a favorecer la reinserción social de la persona privada de libertad. Se organiza de forma individualizada según el diagnóstico inicial.

Proceso técnico mediante el cual se evalúa a la persona internada para asignarle un régimen y un tratamiento adecuados, considerando su situación jurídica, perfil y necesidades. Se revisa periódicamente.

Finalidad de la pena privativa de libertad orientada a que la persona pueda reincorporarse a la vida en comunidad sin volver a delinquir. Se apoya en educación, trabajo, salud y acompañamiento postpenitenciario.

Mecanismos legales que permiten reducir el tiempo de reclusión o acceder a formas alternativas de cumplimiento, como redención de pena por trabajo o estudio, semilibertad y liberación condicional. Requieren cumplir requisitos y evaluación favorable.

Secuencia reglada para investigar y sancionar faltas cometidas por personas internadas, con comunicación de cargos, descargo y decisión motivada. Respeta el debido proceso y la proporcionalidad de la sanción.

Conjunto de medidas preventivas y reactivas destinadas a mantener el orden, proteger la vida e integridad de las personas y evitar fugas, motines o ingreso de objetos prohibidos. Combina seguridad estática y dinámica.

Modalidad de seguridad basada en la observación, el trato directo y la comunicación con las personas internadas para detectar riesgos y reducir tensiones. Complementa los controles físicos y tecnológicos.

Procedimiento de verificación de personas, vehículos y objetos que ingresan o salen del establecimiento penitenciario, mediante registro, identificación y uso de equipos. Previene el ingreso de armas, drogas y celulares.

Revisión corporal o de pertenencias realizada conforme a protocolos, con respeto de la dignidad y, cuando corresponda, con presencia de testigos. Busca detectar objetos prohibidos sin constituir vejación.

Doctrina que exige emplear la fuerza solo cuando sea necesaria, en intensidad creciente y proporcional al riesgo, privilegiando el diálogo y la negociación. Su aplicación se documenta y se somete a control posterior.

Alteración colectiva del orden interno en la que personas internadas se enfrentan o toman instalaciones, poniendo en riesgo vidas y bienes. Se gestiona con negociación, aislamiento de líderes y uso de la fuerza como último recurso.

Actividad de recolección y análisis de información sobre riesgos internos, como planes de fuga, ingreso de sustancias o conflictos entre grupos. Permite anticipar incidentes y orientar medidas de seguridad.

Registro cronológico y documentado de la recepción, traslado y conservación de indicios o evidencias, desde su hallazgo hasta su entrega a la autoridad. Garantiza su valor probatorio y evita alteraciones.

Disciplina que aplica técnicas científicas para descubrir, recolectar y analizar evidencias relacionadas con un hecho delictivo. En el ámbito penitenciario apoya la investigación de delitos cometidos dentro del establecimiento.

Ciencia que estudia el delito, sus causas, las características de los autores y las formas de prevención y respuesta social. Aporta criterios para la clasificación y el tratamiento penitenciario.

Conjunto de principios que orientan a los servidores públicos a actuar con probidad, imparcialidad y transparencia, subordinando el interés particular al interés general. Su incumplimiento genera responsabilidad administrativa.

Situación en la que un interés personal del servidor puede influir indebidamente en sus decisiones. Debe declararse y gestionarse mediante abstención o recusación para preservar la imparcialidad.

Compromiso institucional de prevenir y sancionar el soborno, el tráfico de influencias y el abuso de funciones. Se refuerza con controles internos, transparencia y canales de denuncia.

Delito en el que un servidor público o particular acepta u ofrece dádiva para realizar u omitir un acto propio de su cargo. En penitenciaría suele vincularse al ingreso de objetos prohibidos o beneficios indebidos.

Atención inmediata y provisional brindada a una persona lesionada o enferma antes de la llegada del personal especializado. Prioriza la seguridad del auxiliador, la evaluación de conciencia y respiración, y la activación del sistema de emergencia.

Maniobra de compresiones torácicas, y ventilaciones si se está capacitado, aplicada a una persona inconsciente que no respira con normalidad. Debe iniciarse de inmediato y mantenerse hasta que llegue ayuda especializada.

Colocación de una persona inconsciente que respira, de costado y con la vía aérea despejada, para evitar que aspire vómito o se obstruya la lengua. No se aplica cuando se sospecha lesión de columna.

Indicadores básicos del estado fisiológico: frecuencia respiratoria, pulso, temperatura y presión arterial. Su medición permite detectar deterioro y decidir la urgencia de traslado a un centro de salud.

Capacidad de extraer el sentido global y las ideas específicas de un texto, distinguiendo hechos de opiniones e infiriendo información implícita. Se evalúa con preguntas de idea principal, inferencia y vocabulario en contexto.

Enunciado que expresa el tema central que el autor desarrolla en un párrafo o texto. Suele ubicarse al inicio o al final y articula las ideas secundarias que la sustentan.

Deducción de información no expresada literalmente en el texto, obtenida a partir de indicios y del conocimiento previo del lector. Debe estar respaldada por el contenido y no por suposiciones ajenas.

Conjunto de rasgos sociales, económicos, culturales y políticos que caracterizan al Perú y condicionan su desarrollo, como la diversidad cultural, la informalidad y la descentralización. Es materia frecuente de cultura general.

Presencia de múltiples pueblos, lenguas y tradiciones en el territorio peruano, reconocida constitucionalmente. Exige que los servicios públicos, incluido el penitenciario, se adapten a las diferencias culturales y lingüísticas.

Proceso de transferencia de competencias y recursos del gobierno nacional hacia gobiernos regionales y locales. Influye en la gestión de servicios públicos y en la coordinación de políticas de seguridad y salud.