Concurso Magistratura San Luis cheat sheet

Artículo 1 CN: la Nación adopta forma representativa, republicana y federal; las provincias se reservan poderes no delegados (arts. 121-124).

Artículo 5 CN: cada provincia dicta su constitución bajo el sistema representativo republicano, conforme a los derechos y garantías de la Constitución Nacional.

Artículo 31 CN: supremacía de la Constitución, leyes nacionales y tratados; las constituciones provinciales deben subordinarse a ese orden.

Artículo 75 inciso 22 CN: tratados de derechos humanos enumerados tienen jerarquía constitucional; otros requieren mayoría especial.

Artículo 43 CN: amparo expedito contra actos u omisiones de autoridades o particulares; hábeas corpus y hábeas data con jueces competentes.

Artículo 18 CN: debido proceso, juez natural, defensa en juicio, presunción de inocencia y prohibición de declaración contra sí mismo.

Artículo 16 CN: igualdad ante la ley; artículo 14 bis: derechos sociales del trabajador y protección integral de la familia.

Constitución de San Luis: organiza los tres poderes provinciales, reconoce derechos y garantías y regula el control de constitucionalidad local.

Artículo 124 CN: las provincias ejercen dominio originario sobre recursos naturales de su territorio, con límites de la Constitución.

Artículo 1 CCCN: fuentes del derecho son la ley, usos, costumbres y principios generales; la jurisprudencia interpreta cuando corresponde.

Artículo 19 CCCN: la persona humana comienza en la concepción; la persona jurídica nace desde su constitución o inscripción según el tipo.

Capacidad de derecho es la aptitud para ser titular de derechos; capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercerlos por sí mismo.

Artículo 724 CCCN: obligación es relación jurídica por la cual una parte se compromete a una prestación de dar, hacer o no hacer.

Artículo 957 CCCN: contrato es acto jurídico bilateral o multilateral que crea, modifica, transfiere, extingue o regula relaciones patrimoniales.

Artículos 1708 y siguientes CCCN: responsabilidad civil exige daño, antijuridicidad, nexo causal y factor de atribución objetivo o subjetivo.

Artículo 1882 CCCN: dominio es derecho real que otorga poder absoluto sobre una cosa, con límites legales y ejercicio material o jurídico.

Artículo 2277 CCCN: la sucesión se abre en el momento de la muerte del causante, en su último domicilio.

Prescripción liberatoria: extingue la acción para exigir una prestación; su plazo general y sus excepciones surgen del CCCN y leyes especiales.

Artículo 1 CP: no hay delito ni pena sin ley previa, escrita y estricta; prohíbe analogía en perjuicio del imputado.

Artículo 2 CP: si una ley penal posterior es más benigna, se aplica aun de oficio a hechos cometidos antes de su vigencia.

Artículo 34 CP: exime de pena por inimputabilidad, estado de necesidad, legítima defensa y otras causas previstas.

Artículo 42 CP: tentativa exige comienzo de ejecución e intención de cometer delito, con consumación frustrada por causa ajena.

Artículo 55 CP: concurso real o ideal de delitos determina acumulación jurídica de penas con límites legales.

Artículo 62 CP: prescripción de la acción penal se computa desde la medianoche del día del hecho o desde el último acto interruptivo.

Delitos especiales relevantes: homicidio (art. 79), lesiones (art. 89), hurto (art. 162), robo (art. 164), estafa (art. 172).

Artículo 80 inciso 11 CP: femicidio agrava el homicidio cuando media violencia de género, con pena de prisión perpetua.

Artículo 119 CP: abuso sexual; la edad de la víctima y la relación de poder inciden en la calificación y agravantes.

Competencia se determina por materia, territorio, grado y turno; puede ser prorrogable o improrrogable según la ley.

Demanda requiere individualización de partes, objeto, causa, petitorio y prueba ofrecida; su admisión ordena traslado a la contraria.

Contestación de demanda permite negar hechos, oponer excepciones y reconvenir; la reconvención se tramita con traslado.

Carga de la prueba recae en quien afirma un hecho; el juez valora conducta de las partes y facilidad probatoria.

Sentencia debe ser congruente con la pretensión, motivada y fundada en derecho; firme, produce cosa juzgada.

Recursos ordinarios: reposición, apelación y queja; casación procede por causales taxativas y tribunal competente.

Nulidad procesal exige defecto relevante, interés y perjuicio; puede convalidarse por consentimiento tácito o expreso.

Medidas cautelares requieren verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela suficiente.

Ejecución se funda en título ejecutivo; intimación de pago y excepciones taxativas permiten defensa del ejecutado.

Sistema acusatorio: separación de funciones entre juez, fiscal y defensor; la investigación penal preparatoria la dirige el fiscal.

Imputado tiene derecho a defensa técnica, a declarar o guardar silencio, a conocer la imputación y a ofrecer prueba.

Prisión preventiva es excepcional; requiere peligro de fuga o entorpecimiento probatorio y revisión periódica de su mantenimiento.

Juez de garantías controla medidas restrictivas, allanamientos, interceptaciones y demás actos que afecten derechos fundamentales.

Juicio oral se rige por publicidad, contradicción, inmediación, continuidad y oralidad; la sentencia se dicta en audiencia.

Sentencia penal debe ser motivada; condena exige certeza sobre autoría y hecho; duda favorece al imputado.

Recursos: apelación contra resoluciones y casación contra sentencias por causales legales; queja ante denegatoria.

Víctima puede constituirse en querellante y ejercer derechos reconocidos, sin desplazar la acción pública del fiscal.

Nulidades procesales penales requieren defecto esencial, interés y perjuicio; algunas son absolutas y declarables de oficio.

Evaluación de antecedentes pondera títulos, cursos, publicaciones, experiencia judicial o docente y conducta profesional.

Entrevista personal examina capacidad de expresión, fundamentación jurídica, ética judicial y coherencia con el cargo.

Idoneidad moral, independencia, imparcialidad y compromiso democrático son criterios centrales de la trayectoria judicial.

Inconsistencias entre currículum y entrevista o antecedentes disciplinarios pueden afectar la ponderación final.

La entrevista no sustituye la prueba técnica; complementa la evaluación de aptitudes personales y profesionales.

Trayectoria relevante incluye desempeño en fueros, función judicial, docencia, investigación y producción jurídica verificable.

Ley 19.550: sociedades típicas adquieren personalidad jurídica desde su inscripción registral, salvo excepciones legales.

Sociedad anónima: capital representado en acciones; órganos asamblea, directorio y sindicatura; socios limitan responsabilidad al aporte.

SRL: capital dividido en cuotas; gerencia y fiscalización según contrato social; responsabilidad limitada con excepciones legales.

Ley 27.349: SAS permite constitución digital y unipersonal; capital y órganos regulados por estatuto y ley.

Ley 24.522: concurso preventivo busca acuerdo con acreedores; quiebra liquida patrimonio; verificación de créditos es común.

Títulos valores se rigen por literalidad, incorporación, autonomía y abstracción; transmiten por endoso o cesión según el título.

Ley 24.452: cheque común exige fondos disponibles; cheque de pago diferido tiene fecha posterior y registro ante el banco.

Decreto-ley 5965/63: letra de cambio y pagaré requieren requisitos formales; el pagaré contiene promesa de pago.

Ley 20.744: contrato de trabajo es relación voluntaria con remuneración y subordinación; la prestación de servicios hace presumir laboralidad.

Jornada normal no puede exceder 8 horas diarias ni 48 semanales; horas suplementarias se abonan con recargos legales.

Remuneración incluye salario básico y adicionales; SAC se abona en dos cuotas semestrales según ley.

Vacaciones y licencias se graduán por antigüedad; su goce requiere notificación y período mínimo legal.

Estabilidad relativa: despido sin justa causa genera indemnización del artículo 245 LCT, preaviso e integración del mes.

Ley 24.557: riesgos del trabajo cubre accidentes y enfermedades profesionales mediante ART y prestaciones legales.

SIPA administra jubilaciones y pensiones; financiamiento tripartito y sistema de reparto solidario.

Trabajo infantil está prohibido; adolescentes tienen protección especial y límites de edad y tareas permitidas.

Procedimiento laboral provincial suele incluir conciliación obligatoria, demanda, audiencia y sentencia; rigen principios protectorios.

Ley 19.549: acto administrativo requiere competencia, causa, objeto, forma, motivación y finalidad; vicios afectan validez.

Principios: legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, debido proceso adjetivo y tutela administrativa efectiva.

Nulidad absoluta procede por vicios graves e insanables; nulidad relativa por vicios subsanables; revocación exige ley y plazo.

Recursos administrativos: reconsideración, jerárquico y alzada; plazos y efectos suspensivos surgen de la ley aplicable.

Silencio administrativo: falta de resolución en plazo puede configurar denegatoria tácita y habilitar la vía judicial.

Contratos administrativos se rigen por licitación pública, privada o contratación directa según monto y supuestos legales.

Empleo público provincial: ingreso por concurso, estabilidad, carrera, derechos y deberes, y régimen disciplinario legal.

Responsabilidad del Estado por falta de servicio exige daño, imputabilidad y nexo causal; puede ser objetiva en supuestos legales.

CCCN: matrimonio civil se celebra ante autoridad competente; divorcio es incausado y requiere convenio regulador cuando hay hijos o bienes.

Responsabilidad parental comprende deberes y derechos de cuidado, educación y asistencia; se ejerce según interés superior del niño.

Autonomía progresiva reconoce capacidad de niñas, niños y adolescentes según edad y madurez para decisiones que les conciernen.

Alimentos se fijan por necesidad del acreedor y capacidad del deudor; son proporcionales y exigibles desde la interposición.

Filiación puede ser matrimonial o no matrimonial; adopción requiere proceso judicial y resguardo del interés superior.

Uniones convivenciales generan efectos patrimoniales y personales; pactos de convivencia pueden regular aspectos legales.

Ley 26.061: protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes; prioriza prevención y restitución de derechos.

Ley 26.485: protección integral de mujeres; prevé medidas preventivas, urgentes y acceso a justicia en violencia de género.