Concurso Magistratura San Luis key terms

Regla según la cual la Constitución ocupa la cúspide del ordenamiento jurídico y todas las normas y actos inferiores deben adecuarse a ella, bajo riesgo de invalidez.

Facultad de los jueces de examinar si una norma o un acto de autoridad respeta la Constitución y, cuando la contradice, declararlo inaplicable para el caso concreto.

Conjunto de tratados de derechos humanos que, con la jerarquía que les reconoce el artículo 75 inciso 22, integran junto al texto constitucional el parámetro de validez del ordenamiento.

Acción judicial breve y sumaria que protege derechos constitucionales lesionados, restringidos o amenazados por actos u omisiones de autoridades públicas o de particulares, cuando no existe otro remedio idóneo.

Garantía que permite a cualquier persona reclamar judicialmente por su libertad ambulatoria o por las condiciones de su detención cuando ellas resultan ilegales o agravadas.

Atributo de las provincias que les permite dictar su propia constitución, organizar sus instituciones y ejercer los poderes no delegados al gobierno federal.

Órgano que encabeza el Poder Judicial de la provincia de San Luis y ejerce la máxima jurisdicción local, incluido el control de constitucionalidad provincial.

Vínculo jurídico que coloca a un deudor en la necesidad de cumplir una prestación de dar, hacer o no hacer frente a un acreedor, que puede exigirla judicialmente.

Acuerdo entre dos o más partes dirigido a crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, regido por la autonomía de la voluntad y la buena fe.

Principio que exige a las partes actuar con lealtad y rectitud en la celebración y ejecución de sus relaciones jurídicas, y que el juez debe valorar al interpretarlas.

Deber de reparar integralmente el daño causado a otro, que nace cuando concurren un hecho ilícito o una situación de riesgo, el daño y el nexo causal adecuado.

Modo de adquirir el dominio de una cosa mediante su posesión continua, pública, pacífica e ininterrumpida durante el plazo que fija la ley.

Porción de la herencia que la ley reserva a determinados herederos forzosos y que el causante no puede disponer libremente por testamento ni por actos entre vivos.

Regla que exige que los delitos, las penas y las medidas de seguridad estén previstos en una ley anterior, escrita y estricta, y que prohíbe la aplicación analógica.

Adecuación de una conducta concreta a la descripción legal de un delito, requisito indispensable para que esa conducta pueda ser considerada punible.

Voluntad de ejecutar la conducta típica con conocimiento de sus elementos, que puede ser directo, indirecto o eventual según el alcance de esa voluntad.

Comienzo de ejecución de un delito que el autor no consuma por causas ajenas a su voluntad, y que la ley castiga con una pena atenuada.

Aptitud que la ley reconoce a cada órgano judicial para intervenir en determinados asuntos, según la materia, el territorio, el grado y la cuantía.

Providencias que el juez dicta durante el proceso, a pedido de parte, para asegurar bienes o derechos y evitar que la sentencia se vuelva de cumplimiento imposible.

Efecto de la sentencia firme que la vuelve inmutable e indiscutible dentro del proceso y en cualquier otro juicio, aportando certeza y seguridad jurídica.

Remedio que la parte agraviada interpone para que un tribunal superior revise la resolución del juez inferior y la confirme, revoque o modifique.

Conjunto de garantías que aseguran un juicio justo: juez natural e imparcial, defensa, contradicción, prueba, publicidad, sentencia fundada y duración razonable.

Regla derivada de la presunción de inocencia que obliga a absolver cuando la prueba reunida no permite alcanzar certeza sobre la culpabilidad del imputado.

Medida de coerción que restringe la libertad del imputado durante el proceso, de aplicación excepcional y condicionada a riesgos procesales y a control judicial.

Sociedad cuyo capital se divide en acciones y en la que los socios limitan su responsabilidad al aporte comprometido, mientras la administración corresponde a órganos sociales.

Procedimiento judicial voluntario en el que el deudor en crisis propone un acuerdo a sus acreedores y queda protegido de ejecuciones individuales mientras se sustancia.

Procedimiento universal y forzoso que se declara por el incumplimiento del deudor, desapodera de sus bienes para liquidarlos y distribuir el producido entre los acreedores.

Documento que incorpora un derecho literal y autónomo, necesario para ejercerlo, y que circula mediante entrega, endoso o cesión según su clase.

Acuerdo por el cual una persona presta servicios personales bajo la dependencia y dirección de otra, que se obliga a pagar una remuneración a cambio.

Criterio interpretativo del derecho laboral que, ante duda o conflicto de normas, favorece al trabajador, por la desigualdad de las partes y el carácter alimentario del salario.

Extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador sin invocar una causa justificada, que genera la obligación de pagar indemnización y rubros derivados.

Declaración de voluntad, juicio o conocimiento emitida por la administración en ejercicio de su función, que produce efectos jurídicos concretos y puede ser impugnada.

Impugnación que el interesado presenta ante el superior del órgano que dictó el acto, para que lo revoque, modifique o sustituya por razones de legalidad o mérito.

Efecto que la ley asigna a la falta de respuesta de la administración dentro del plazo legal, y que puede habilitar al particular a reclamar o accionar.

Procedimiento disciplinario que investiga la conducta del empleado público y, respetando el derecho de defensa, puede concluir en una sanción, cesantía o exoneración.

Criterio rector que obliga a atender primordialmente el bienestar del niño, niña o adolescente en toda decisión judicial o administrativa que lo afecte.

Conjunto de deberes y derechos de los progenitores dirigidos al cuidado, la educación y el desarrollo integral de sus hijos, ejercidos conforme al interés superior del niño.

Prestación que una persona debe a otra, especialmente a hijos, cónyuge o conviviente, para cubrir subsistencia, educación, salud y vivienda conforme a su situación.

Clasificación de los postulantes en un concurso según el puntaje obtenido en las etapas de antecedentes y oposición, que determina el orden de propuesta.