Derecho Constitucional nacional y provincial (con énfasis en la Constitución de San Luis)
Bloque federal
La Constitución nacional es norma suprema (art. 31) y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22) integran el bloque de constitucionalidad; de allí derivan el control de constitucionalidad difuso -todo juez puede inaplicar una norma al caso concreto- y el control de convencionalidad. El art. 43 habilita amparo, hábeas data y hábeas corpus frente a actos de autoridad pública o de particulares; el art. 14 bis fija el piso de derechos sociales. El federalismo se articula con los arts. 5, 121 a 126 y 75 inc. 12: las provincias conservan todo el poder no delegado y dictan su propia constitución bajo sistema representativo republicano.
Plano provincial
La Constitución de San Luis regula el poder constituyente derivado (convención y reforma total o parcial), la organización de los tres poderes, el control de constitucionalidad local y el régimen municipal. El candidato debe manejar la relación jerárquica: la constitución provincial no puede reducir derechos de la federal, pero sí ampliarlos y crear garantías adicionales.
Trampas frecuentes
Confundir autonomía con soberanía; sostener que las provincias celebran tratados; creer que el amparo no procede contra actos administrativos; omitir la sentencia arbitraria como cuestión federal; y citar artículos de la constitución provincial sin verificar la numeración del texto vigente tras la última reforma.
Regla de trabajo
Ante una norma local que exige un recaudo no previsto en la CN, aplique el test de razonabilidad (art. 28): fin legítimo, medio idóneo y menor restricción posible. Ejemplo: exigir diez años de residencia para ser juez provincial resulta desproporcionado frente al art. 16.