Fianza de obra, prórroga no consentida y reclamación del beneficiario
Una institución afianzadora otorgó una fianza de cumplimiento por $15,000,000 para un contrato de obra pública celebrado entre una constructora y un municipio. El plazo original era de 12 meses y la fianza se emitió sin consentimiento expreso para prórrogas. A los 10 meses, municipio y constructora firmaron un convenio que amplió el plazo 6 meses y aumentó el monto del contrato en 20% sin notificar a la afianzadora. La obra se retrasó y el municipio presentó reclamación por el monto total de la fianza, acompañada de actas de incumplimiento y del convenio modificatorio. La afianzadora opone que la prórroga y el aumento la liberan; la constructora alega que el retraso se debió a lluvias atípicas y a cambios ordenados por el municipio. La fianza contiene una cláusula que exige reclamación por escrito antes del vencimiento de la vigencia.
1. ¿Procede la reclamación del municipio por el monto total de la fianza?
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Depende de la vigencia y de las modificaciones. La fianza es accesoria y no puede extenderse a obligaciones distintas de las pactadas ni a modificaciones sin consentimiento del fiador. La prórroga de 6 meses y el aumento del 20% fueron firmados sin notificar a la afianzadora. Si la fianza no autorizaba prórrogas ni ampliaciones, esos cambios pueden liberar a la afianzadora respecto de la obligación modificada.
Pero la liberación no es necesariamente total: si el incumplimiento ocurrió antes de la modificación, la afianzadora puede seguir obligada por el monto original. La reclamación debe cumplir requisitos: presentarse por escrito, dentro de la vigencia, con documentos que acrediten el incumplimiento. Si el municipio reclamó después del vencimiento de la vigencia original y no hubo prórroga consentida, la reclamación puede ser extemporánea. La afianzadora debe revisar fechas, monto original, convenio y actas antes de aceptar o rechazar.
2. ¿Qué efecto tienen la prórroga y el aumento del contrato? ¿Puede la afianzadora liberarse totalmente?
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La prórroga y el aumento son modificaciones del contrato principal. Si la afianzadora no las consintió, puede oponerlas como liberación en la medida en que agraven su obligación. La ley y la doctrina protegen al fiador: no puede ser obligado más allá de lo que se obligó. Sin embargo, la liberación total solo procede si la modificación altera la obligación afianzada de manera esencial o si la fianza lo establece.
Si el incumplimiento ya existía antes de la prórroga, la afianzadora conserva responsabilidad por ese incumplimiento hasta el monto original. El aumento del 20% no está cubierto si excede la suma afianzada. La afianzadora debe distinguir: (a) obligación original; (b) obligación ampliada; (c) fecha de incumplimiento. También debe revisar si el municipio dio aviso oportuno y si la fianza contenía cláusula de autorización de prórrogas. La respuesta no es binaria; puede haber cobertura parcial.
3. ¿Qué debe verificar la afianzadora y cómo debe sustanciar la reclamación?
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Debe verificar: 1) autenticidad de la fianza y vigencia; 2) identidad y facultades del reclamante; 3) contrato original, convenio modificatorio y actas de incumplimiento; 4) fecha de la reclamación frente a la vigencia; 5) monto reclamado frente a la suma afianzada; 6) si hubo prórroga consentida; 7) si el incumplimiento es imputable al fiado o a la beneficiaria; 8) si hay multas o penas convencionales excluidas.
Debe abrir expediente, requerir documentos faltantes y resolver por escrito en el plazo aplicable. Si la reclamación es extemporánea o la modificación no fue consentida, debe rechazarla con fundamento. Si hay controversia sobre el retraso por lluvias o cambios ordenados por el municipio, debe analizar el nexo causal y no limitarse a la existencia del retraso. La afianzadora también debe evaluar una posible reclamación contra el agente o el fiado por documentos falsos u ocultamiento.