Reticencia en seguro de vida: cuestionario llenado por el agente y agravación posterior
En marzo de 2022, Marta Quiroz, de 47 años, contrató un seguro de vida temporal 20 años con suma asegurada de $4,500,000. El agente llenó el cuestionario médico en su oficina, sin formular las preguntas en voz alta, y marcó 'no' en todos los apartados de padecimientos cardiacos; Marta firmó la solicitud sin leerla. En el expediente clínico que la aseguradora obtuvo tras el fallecimiento por infarto agudo al miocardio, ocurrido en enero de 2025, consta una angioplastia con colocación de stent practicada en 2019 y tratamiento anticoagulante. Además, en 2024 se le diagnosticó hipertensión arterial y no avisó a la aseguradora. La hija de Marta, de 24 años y única beneficiaria, reclama los $4,500,000. La aseguradora responde que el contrato es nulo por reticencia dolosa y ofrece devolver solo las primas: $38,600 anuales, pagadas puntualmente durante tres años. La aseguradora conoció el expediente clínico el 12 de febrero de 2025 y notificó la nulidad el 4 de abril de 2025. No hay prueba de que la aseguradora haya instruido al agente a llenar así las solicitudes, pero tampoco de que lo haya supervisado.
1. ¿Procede la nulidad por reticencia? Distinga dolo y culpa, y explique el peso de que el agente haya llenado el cuestionario.
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Marco aplicable. La omisión o inexacta declaración sólo vicia el contrato si fue determinante: la aseguradora debe acreditar que, de haber conocido el hecho, no habría contratado o lo habría hecho en condiciones distintas (esencialidad, art. 8 LCS). La carga de la prueba es suya, no de la beneficiaria.
Dolo frente a culpa. Con dolo (art. 9 LCS) procede la nulidad, la aseguradora retiene las primas y no paga la suma asegurada, aunque el siniestro ya haya ocurrido. Con culpa (art. 10 LCS) no hay nulidad: la consecuencia es la reducción proporcional de la indemnización, calculada con la prima que se habría cobrado de haber conocido el riesgo real.
El cuestionario llenado por el agente. Firmar la solicitud crea una presunción de responsabilidad del solicitante, pero no prueba el dolo: éste exige conocimiento y voluntad de ocultar. Aquí el agente -auxiliar de la aseguradora, no de la clienta- omitió formular las preguntas, de modo que la aseguradora pretende beneficiarse de un error generado en su propia cadena de distribución. Ese hecho debilita la esencialidad (no consta que la aseguradora hubiera preguntado y recibido una respuesta falsa) y puede sostener una defensa de 'conocimiento o culpa del asegurador'.
Conclusión razonable. La nulidad sólo es sostenible si se acredita dolo con prueba médica fehaciente y esencialidad tarifaria. En el escenario más probable el juez aplique la reducción proporcional del art. 10. La hipertensión de 2024 es un problema distinto (agravación) y no refuerza retroactivamente la nulidad.
2. ¿Qué efecto tiene la falta de aviso del diagnóstico de hipertensión de 2024 sobre la reclamación y sobre las primas?
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Naturaleza del hecho. La hipertensión diagnosticada después de la contratación es una agravación del riesgo, no una reticencia: el deber del asegurado no es declarar al contratar, sino comunicar la modificación relevante durante la vigencia conforme a las reglas de agravación de la LCS y a la condición general respectiva.
Esencialidad. La agravación sólo produce consecuencias si es esencial, es decir, si habría alterado la decisión o la tarifa de la aseguradora. En una mujer de 47 años, con hipertensión en tratamiento, el impacto en la tarifa de un temporal suele ser marginal; la aseguradora tendría que demostrar con su manual de suscripción y su nota técnica que habría declinado el riesgo o recargado la prima de forma significativa.
Remedios. La aseguradora puede rescindir el contrato o re-tarificar hacia adelante, nunca de forma retroactiva. Si rescinde, debe devolver la prima no devengada; las primas ya devengadas no se reintegran. Si el siniestro ocurre después de la agravación y ésta influyó en el resultado, cabe reducir la indemnización en la proporción correspondiente; si no influyó, la reducción es discutible.
Electio. La aseguradora no puede acumular la nulidad por reticencia y la rescisión por agravación sobre hechos distintos como si fueran un solo argumento: debe elegir la vía y acreditarla. Mezclarlas, como en este expediente, transmite la impresión de una negativa de pago construida después del siniestro.
3. La beneficiaria pregunta desde cuándo corren los intereses moratorios y qué debe hacer si la aseguradora mantiene la negativa. ¿Qué le responde?
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Plazo de pago. Recibida la documentación completa (acta de defunción, dictamen, identificación, designación de beneficiarios y acreditación de interés), la aseguradora tiene 30 días naturales para pagar (art. 71 LCS). Si no paga, se generan intereses moratorios con independencia de que la objeción se discuta después.
Qué interrumpe el plazo. Sólo una solicitud fundada de documentación faltante o la consignación de la suma ante la autoridad. Una carta genérica de 'investigación en curso' no suspende el cómputo y suele costar intereses y una queja ante CONDUSEF.
Estrategia para la beneficiaria. 1) Solicitar por escrito la respuesta fundada y motivada, con la cláusula aplicada y el cálculo. 2) Requerir el pago de lo no controvertido: si la objeción se refiere a la esencialidad de la omisión, no alcanza a toda la prestación. 3) Acudir a CONDUSEF para la conciliación y, en paralelo, valorar la vía judicial, cuidando la prescripción de las acciones derivadas del contrato, que es más breve que la de un juicio ordinario.
Riesgo para la aseguradora. Sostener una nulidad débil durante meses puede convertir un pago de $4,500,000 en un pago con intereses moratorios y una sanción reputacional, además de una posible condena en costas.