Prima única de $7.4 millones en efectivo fraccionado para un PEP
Un agente independiente atiende a un cliente nuevo que quiere contratar un seguro de vida con componente de inversión, prima única de $7,400,000, con beneficiario a favor de una persona sin parentesco con el contratante. Pide que la póliza quede en propiedad de una sociedad anónima constituida tres meses antes, cuyo representante legal es director de adquisiciones de un organismo público y aparece también como apoderado de una empresa proveedora del mismo organismo. El cliente propone pagar en tres exhibiciones en efectivo de $2,400,000, $2,500,000 y $2,500,000 'para no rebasar el límite que pide el banco' y ofrece entregarlas en la oficina del agente. Se niega a entregar estados de cuenta y dice que el dinero proviene de un préstamo familiar. La solicitud se firma sin RFC, con domicilio en un estado distinto al de su identificación y con un correo genérico. El agente quiere cerrar antes del cierre trimestral porque la operación representa 40% de su producción anual y su contrato de agencia prevé bonos por volumen.
1. Identifique los focos rojos y resuelva si el agente puede recibir el efectivo en su oficina.
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Focos rojos identificables. 1) Estructuración: tres pagos en efectivo diseñados para no rebasar el límite del banco, sin justificación comercial; el fraccionamiento es un indicio clásico de evasión de controles. 2) PEP: un director de adquisiciones de un organismo público es persona políticamente expuesta por función, y además es apoderado de un proveedor del mismo organismo: riesgo simultáneo de lavado y de soborno. 3) Beneficiario sin parentesco con el contratante, combinado con propiedad de la póliza por una sociedad recién constituida: posible uso de interpósita persona. 4) Falta de RFC, domicilio incongruente con la identificación y correo genérico: debida diligencia imposible. 5) Origen de recursos no verificable ('préstamo familiar' sin documentación).
¿Puede recibir el efectivo? No. El agente no debe recibir primas en efectivo en su oficina. Los medios de pago deben ser los autorizados por la institución y trazables; recibir efectivo rompe la cadena de custodia, impide la identificación del pagador real y coloca al agente en una posición de riesgo regulatorio y penal propio.
Obligación de abstenerse. Cuando no es posible identificar al cliente, al beneficiario controlador y el origen de los recursos, la operación no se realiza. La instrucción al agente es documentar la negativa por escrito, no cerrar la venta y escalar el caso al oficial de cumplimiento de la institución.
Punto fino. Si el cliente ya entregó dinero o si el agente lo recibe aunque sea 'en resguardo', la exposición cambia por completo: hay que reportar y devolver por el mismo canal documentado, nunca en efectivo.
2. ¿Qué obligaciones de aviso, debida diligencia y conservación documental se activan y en qué plazos?
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Quién es el sujeto obligado. En la comercialización de seguros de vida, el sujeto obligado que presenta los avisos ante la autoridad es la institución; el agente opera como su auxiliar en la distribución. Eso no exime al agente: debe aplicar el manual de prevención de la institución, integrar el expediente de identificación y reportar internamente cualquier operación inusual o preocupante.
Debida diligencia. Identificación del contratante, del propietario real y del beneficiario controlador de la sociedad; verificación del origen de los recursos; y, por tratarse de un PEP, diligencia reforzada con aprobación de un nivel jerárquico superior antes de iniciar la relación. La negativa a proporcionar estados de cuenta o documentación del supuesto préstamo impide completar el expediente.
Avisos. Si la operación se concretara, la institución debe presentar el aviso correspondiente conforme a la LFPIORPI y a las reglas de carácter general, dentro de los plazos legales y sin esperar al cierre trimestral. El plazo no se administra por conveniencia comercial. Adicionalmente procede un reporte interno de operación inusual.
Conservación. La documentación de identificación y de la operación debe conservarse por un plazo de cinco años, y debe estar disponible para requerimientos de la autoridad.
Tipología a documentar. Fraccionamiento de pagos, pago en efectivo por un tercero, uso de sociedad recién constituida, beneficiario sin vínculo aparente y PEP con conflicto de interés. Ese conjunto, no un solo elemento, es lo que sostiene el reporte.
3. El cliente insiste y amenaza con irse con otro agente. ¿Cómo debe resolverse el conflicto entre el bono de producción y el deber de cumplimiento?
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Jerarquía de deberes. El deber de cumplimiento normativo y el deber de diligencia frente al cliente preceden a cualquier incentivo comercial. El bono por volumen es una expectativa, no un derecho; la sanción por participar en una operación sospechosa puede implicar multas, la revocación de la autorización para intermediar y responsabilidad penal. Ningún bono compensa ese riesgo.
Qué hacer, en orden. 1) Comunicar al cliente, con claridad y sin acusaciones, que la institución no puede recibir el pago en efectivo en la oficina del agente ni continuar sin la documentación de origen de recursos; ofrecer el canal bancario autorizado. 2) No sugerir formas de evitar el control ni aceptar fraccionamientos alternativos: hacerlo convertiría al agente en partícipe de la estructuración. 3) Documentar por escrito la conversación, la negativa y los documentos faltantes. 4) Escalar al oficial de cumplimiento y, si la institución lo determina, presentar el aviso correspondiente. 5) Abstenerse de emitir la póliza.
Sobre el 'tipping off'. El agente no debe informar al cliente que se reportará la operación; el reporte es confidencial y su revelación puede constituir una conducta sancionada.
Dimensión ética. La negativa a recibir efectivo no es discriminación: es una obligación regulatoria explicable al cliente. El conflicto de interés del representante legal -servidor público y apoderado de un proveedor del mismo organismo- debe además valorarse a la luz de las normas de contrataciones públicas y de responsabilidades administrativas, no sólo del marco de prevención de lavado.
Cierre. El agente debe estar en condiciones de mostrar que, ante la misma operación, cualquier otro intermediario habría hecho lo mismo: esa es la prueba práctica de una decisión ética.