Convenio de alimentos con cláusulas que afectan derechos irrenunciables
En una mediación familiar, los padres de dos adolescentes llegan a un preacuerdo. El padre gana 18,000 pesos mensuales y ofrece pagar 2,000 pesos de pensión, además de cubrir la escuela. La madre acepta porque “así ya no peleamos”. El documento incluye tres cláusulas: la madre renuncia a reclamar diferencias pasadas y a solicitar aumento de pensión durante cinco años; el padre podrá suspender la pensión si pierde su empleo, sin necesidad de avisar; y la convivencia de los adolescentes quedará condicionada a que el padre esté al corriente en los pagos. El mediador debe revisar el convenio antes de presentarlo para su aprobación u homologación ante el Centro de Justicia Alternativa.
1. Identifique las cláusulas problemáticas y explique por qué no pueden validarse.
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Hay tres problemas. La renuncia a solicitar aumento de pensión durante cinco años afecta un derecho irrenunciable y disponible de los menores: la pensión debe responder a las necesidades de los hijos y a la capacidad del obligado, y puede modificarse si cambian las circunstancias. No es válido “congelar” ese derecho por acuerdo de los adultos. La suspensión automática de la pensión si el padre pierde el empleo, sin aviso ni valoración, traslada todo el riesgo a los hijos y desconoce que la obligación alimentaria no desaparece por desempleo; a lo sumo puede ajustarse el monto con un procedimiento. Condicionar la convivencia al pago convierte a los adolescentes en moneda de cambio y afecta su interés superior; la convivencia y la pensión son obligaciones distintas. Además, el monto de 2,000 pesos frente a un ingreso de 18,000 pesos es manifiestamente bajo y debe revisarse su proporcionalidad. El mediador no puede limitarse a “dar fe” de lo que las partes firman: debe hacer un control de legalidad y explicar por qué esas cláusulas no son aprobables.
2. ¿Cómo debe conducir el mediador la corrección del convenio sin imponer su criterio?
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Debe separar su función de la de un juez: no dicta la pensión, pero tampoco puede validar un acuerdo ilegal. Primero, explicar a ambas partes, en lenguaje claro, qué cláusulas no pueden homologarse y por qué; usar ejemplos concretos, como el cambio de empleo o la mayoría de edad de los hijos. Segundo, preguntar por las necesidades reales de los adolescentes y por la capacidad económica del padre, sin interrogar como autoridad. Tercero, abrir opciones: fijar una pensión proporcional, prever un mecanismo de revisión si cambia el ingreso, sustituir la suspensión automática por una comunicación y revisión, y separar la convivencia del pago. Cuarto, dejar que las partes elijan entre las opciones legales y documentar su voluntad. Si no aceptan corregir, el mediador no debe presentar el convenio para aprobación; puede cerrar el proceso sin acuerdo. Su tarea es mejorar la calidad del acuerdo, no sustituir la voluntad de las partes ni convertirse en juez.