Notario Jalisco key terms

Atribución del Estado que el notario ejerce para dar certeza jurídica a los actos que autoriza, haciendo que lo asentado en el instrumento se tenga por verdadero salvo prueba en contrario.

Documento autorizado por notario en ejercicio de sus funciones, redactado conforme a la ley, que hace prueba plena de los hechos y declaraciones que contiene y puede inscribirse en registros públicos.

Instrumento notarial que documenta actos jurídicos como compraventa, donación, hipoteca o constitución de sociedad, y que debe inscribirse cuando la ley exige publicidad registral para producir efectos frente a terceros.

Instrumento que el notario levanta para hacer constar hechos que presencia o verifica, sin que exista un acto jurídico bilateral, como notificaciones, fe de hechos, sorteos o asambleas corporativas.

Colección ordenada de los instrumentos autorizados por el notario, encuadernados y resguardados conforme a la ley, que constituye el archivo oficial de su actuación y debe conservarse por los plazos legales.

Copia certificada que el notario expide de un instrumento de su protocolo, con la cual el interesado acredita ante terceros y registros el contenido del acto originalmente autorizado.

Conjunto de documentos anexos que el notario incorpora al protocolo, como identificaciones, avalúos, permisos o comprobantes fiscales, para acreditar los antecedentes y requisitos del instrumento principal.

Actuación notarial en la que el fedatario describe lo que percibe por sus sentidos en un lugar y momento determinados, sin calificar jurídicamente los hechos, y que suele usarse como prueba en juicios o trámites administrativos.

Profesional del derecho investido por el Estado para ejercer la función notarial, con fe pública, independencia e imparcialidad, obligado a guardar secreto profesional y a cumplir la Ley del Notariado de Jalisco.

Deber de reserva absoluta sobre los hechos, documentos y declaraciones conocidos con motivo de la función, que impide al notario revelarlos salvo excepciones legales expresas y que perdura aun después de dejar el cargo.

Conjunto de principios de probidad, imparcialidad, diligencia y respeto al interés público que orientan la conducta del notario y cuyo incumplimiento puede generar sanciones del Colegio de Notarios o responsabilidad administrativa.

Deber de asesorar y dar forma jurídica a los intereses de todas las partes por igual, sin favorecer a una de ellas, bajo riesgo de nulidad o sanción disciplinaria por conflicto de interés.

Registro inmobiliario que identifica cada predio con un número único y concentra en una sola ficha su historial de propietarios, medidas, gravámenes y limitaciones, sustituyendo el sistema de inscripción por personas.

Institución estatal que da publicidad a los actos jurídicos sobre inmuebles y derechos reales mediante inscripciones, de modo que lo no inscrito no perjudica a terceros de buena fe en los términos del Código Civil.

Regla que presume conocido por todos el contenido del registro una vez inscrito el acto, permitiendo que terceros consulten la situación jurídica de un inmueble y que la inscripción produzca efectos frente a ellos.

Protección que la ley otorga al tercero de buena fe que adquiere confiando en el contenido del registro, manteniendo su adquisición aunque después se anule o resuelva el derecho del transmitente.

Asiento que se practica en el Registro Público para dar publicidad a un acto o derecho, previa calificación de su legalidad y del pago de derechos, y que puede ser provisional o definitiva.

Registro administrativo de los predios de un municipio que contiene datos físicos, económicos y jurídicos, como superficie, ubicación, valor catastral y propietario, y que sirve de base para el impuesto predial.

Documento expedido por la autoridad catastral que acredita la ubicación, superficie, medidas y valor de un predio, exigido con frecuencia para otorgar escrituras o tramitar trámites registrales.

Reconocimiento legal de que una persona, física o moral, es centro de derechos y obligaciones, con nombre, domicilio, patrimonio y capacidad para actuar por sí o por representante.

Aptitud legal para realizar por cuenta propia actos jurídicos válidos, que se adquiere con la mayoría de edad y que puede limitarse por incapacidad declarada judicialmente o por estado de interdicción.

Conjunto de derechos y obligaciones de los padres sobre la persona y bienes de sus hijos menores, ejercido en su beneficio y bajo vigilancia judicial, que puede suspenderse o perderse por resolución.

Institución de protección de menores o incapaces que carecen de patria potestad, mediante un tutor nombrado judicialmente que administra sus bienes y responde de su cuidado conforme al Código Civil.

Acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre mediante el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte, y que en la forma pública abierta se otorga ante notario.

Transmisión de los bienes del difunto conforme a su testamento válido, previa tramitación notarial o judicial, en la que el albacea designado administra y liquida la herencia.

Persona designada en el testamento o por la ley para administrar la herencia, pagar deudas y entregar los bienes a los herederos, con las facultades y plazos que la ley le concede.

Porción de la herencia que la ley reserva obligatoriamente a ciertos herederos, como los hijos, y que el testador no puede libremente disponer en perjuicio de ellos.

Vínculo jurídico por el cual el deudor se compromete a dar, hacer o no hacer algo frente al acreedor, quien puede exigir su cumplimiento y, en su caso, la indemnización por incumplimiento.

Pacto por el que las partes fijan de antemano el monto de la indemnización o pena para el caso de incumplimiento total o parcial de la obligación principal, sin necesidad de probar el daño.

Acuerdo por el que el vendedor transmite la propiedad de una cosa y el comprador paga un precio cierto en dinero, y que tratándose de inmuebles debe constar en escritura pública e inscribirse.

Entidad creada por contrato social que adquiere personalidad jurídica propia y realiza actos de comercio, adoptando alguna de las formas previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Documento que hace constar las deliberaciones y resoluciones de la asamblea de socios o accionistas, que puede protocolizarse ante notario para darle fecha cierta y efectos frente a terceros.

Documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que en él se consigna, como el cheque, la letra de cambio o el pagaré, regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Declaración escrita y firmada en el título de crédito o en hoja adherida por la que su tenedor transmite el derecho a otra persona, con efectos de responsabilidad solidaria salvo la cláusula sin garantía.

Impuesto federal que el notario retiene y entera cuando autoriza la venta de un inmueble, calculado sobre la ganancia obtenida según las reglas de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Contribución municipal que grava la propiedad inmueble y cuyo pago se acredita con el recibo vigente, documento que el notario suele exigir para formalizar operaciones sobre predios.

Consecuencia jurídica por incumplir la Ley del Notariado o normas administrativas, que puede consistir en amonestación, multa, suspensión o revocación de la patente, impuesta tras procedimiento administrativo.

Secuencia reglada en la que la autoridad investiga, imputa y resuelve una posible infracción, respetando audiencia, pruebas y motivación, antes de imponer sanciones a servidores públicos o profesionales.

Delito que consiste en alterar, simular o fabricar un instrumento o sello notarial para hacerlo pasar como auténtico, o en usar dolosamente uno falso, con penas agravadas por la fe pública comprometida.

Conjunto de trámites administrativos y notariales para incorporar al régimen jurídico formal predios sin título o con antecedentes irregulares, incluyendo medición, deslinde, escrituración e inscripción.

Sistema de propiedad social de la tierra que la ley reconoce a los núcleos agrarios, con reglas propias de uso, aprovechamiento y transmisión de parcelas y tierras de uso común.

Situación jurídica del ejidatario que, tras el procedimiento agrario correspondiente, obtiene la titularidad completa de su parcela, pudiendo venderla, rentarla o hipotecarla conforme a la ley.