Venta de inmueble heredado por menor de edad bajo patria potestad
En el libro de protocolo de una notaría de San Luis Potosí se pretende autorizar una compraventa de una casa ubicada en la colonia Tangamanga, valuada en $1,850,000. Comparecen doña Marta, viuda, y su hijo Diego, de 16 años. Diego heredó la casa de su abuelo; la adjudicación testamentaria ya se protocolizó y se inscribió en el Registro Público. No hay hipoteca y el predial está pagado. Doña Marta ejerce la patria potestad y afirma que no necesita autorización judicial porque la venta beneficia al menor: pagará su universidad. El comprador ya entregó $190,000 de apartado. Doña Marta exhibe una autorización judicial dictada en un juicio de jurisdicción voluntaria, pero el auto solo la faculta a constituir una hipoteca para cubrir gastos médicos, no a vender. Diego manifiesta en la comparecencia que está de acuerdo. El notario debe decidir si autoriza la escritura y qué documentos exigir.
1. ¿Basta el consentimiento del menor y de quien ejerce la patria potestad para autorizar la venta? Explique el estándar aplicable.
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No. La patria potestad no convierte a la madre en dueña ni le permite, por sí sola, realizar actos de dominio sobre bienes del hijo. La venta de un inmueble del menor excede la administración ordinaria y requiere autorización judicial específica, además de la representación materna. El consentimiento del adolescente, aunque relevante, no sustituye la autorización: la ley protege el patrimonio del menor frente a conflictos de interés y disposiciones precipitadas. La autorización exhibida no sirve porque su objeto es constituir una hipoteca para gastos médicos; una autorización para gravar no equivale a una para vender. El notario no puede interpretar extensivamente el auto ni aceptar que el destino benéfico del precio cure el defecto. Tampoco basta el argumento de que se pagará la universidad: el juicio de necesidad y conveniencia corresponde al juez, no al notario. Por tanto, debe negarse a autorizar mientras no exista autorización judicial para la venta, con precio y condiciones determinados.
2. ¿Qué debe hacer el notario con la autorización judicial exhibida y qué requisitos debe satisfacer la nueva autorización?
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El notario debe devolver o dejar copia de la autorización exhibida, hacer constar en el expediente que no corresponde al acto y requerir una nueva resolución judicial dictada en el procedimiento de autorización para vender bienes del menor. Esa resolución debe identificar el inmueble, el precio mínimo o las condiciones, la forma de pago y el destino del producto; además, debe verificar que el juez haya escuchado al menor y, en su caso, al Ministerio Público, y que la autorización siga vigente. También debe revisar la escritura de adjudicación, el certificado de gravámenes actualizado, el pago de predial y la identidad de las partes. Si el comprador ya entregó apartado, el notario no es responsable de ese contrato preliminar, pero debe advertir que la compraventa no puede formalizarse. La autorización debe incorporarse como parte del apéndice notarial.
3. Si autoriza a pesar del defecto, ¿qué riesgos jurídicos y profesionales enfrenta?
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Si autoriza sin la autorización judicial específica, la escritura queda expuesta a nulidad, pues se dispone de bienes del menor sin el requisito legal. El Registro Público puede observar o suspender la inscripción, y el comprador no adquiere protección plena si conocía el defecto. El notario incurre en responsabilidad civil por daños, en responsabilidad disciplinaria ante la autoridad notarial y puede enfrentar una reclamación del menor al alcanzar la mayoría de edad. Además, el precio entregado a la madre no sana el vicio: la nulidad protege al menor y puede exigir la restitución. La gravedad aumenta si el notario consignó falsamente que se cumplió con la autorización judicial. Por eso la actuación correcta es suspender la firma hasta contar con el auto judicial idóneo.