Asamblea de S.A. de C.V. sin quórum y supresión del derecho de preferencia
Grupo Horizonte, S.A. de C.V., con domicilio en Mérida, tiene cuatro accionistas: A con 55%, B con 20%, C con 15% y D con 10% del capital fijo. En febrero de 2025 el consejo de administración convoca a asamblea general extraordinaria para aumentar el capital en $6,000,000 mediante nuevas acciones que suscribiría un inversionista externo, con prima de emisión del 30%. A la asamblea del 14 de marzo asisten únicamente A y C, que representan el 70% del capital. Aprueban el aumento por unanimidad de los presentes y acuerdan «no aplicar el derecho de preferencia por resultar contrario al interés social». Ni B ni D fueron notificados del orden del día ni de la fecha; se enteraron por un correo interno. El acta se presenta a protocolización el 20 de marzo y el notario advierte que en el libro de actas hay una anotación de que B impugnó una asamblea anterior. El inversionista condiciona el depósito a que la escritura quede inscrita en el Registro Público de Comercio.
1. ¿Fue válida la asamblea? Analice convocatoria, quórum y orden del día.
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No, la asamblea es inválida por dos razones autónomas.
- Materia: el aumento de capital es asunto de asamblea general extraordinaria (art. 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles), no de una reunión informal ni del consejo de administración.
- Quórum: la asamblea extraordinaria exige la presencia de al menos el 75% del capital social. Con A y C solo se reunió el 70%. La resolución es ineficaz aunque los presentes hayan votado por unanimidad: la voluntad de los asistentes no sustituye el quórum legal. La regla de segunda convocatoria con cualquier número de socios corresponde a la asamblea ordinaria, no a la extraordinaria, de modo que debía convocarse de nuevo.
- Convocatoria y orden del día: la convocatoria debe publicarse en el medio oficial con la anticipación legal y contener el orden del día. Que B y D se enteraran por un correo interno confirma la falta de convocatoria formal y la indefensión; no puede deliberarse sobre materia no anunciada.
Consecuencia: lo resuelto es impugnable mediante la acción de nulidad, dentro del plazo legal, y el acta no debería generar inscripción. La anotación previa de impugnación de B es una señal de alerta que el notario debe revisar: si existe litigio vigente sobre la integración del órgano, protocolizar agrava el conflicto.
2. ¿Qué ocurre con el derecho de preferencia y con el acuerdo de «no aplicarlo»?
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El acuerdo es nulo y el derecho de preferencia no es renunciable por mayoría.
- En el aumento de capital, los accionistas tienen derecho preferente a suscribir las acciones nuevas en proporción a su participación. La ley lo configura como garantía del socio frente a la dilución, no como una concesión del consejo.
- La forma de hacerlo efectivo es publicar el aviso correspondiente y otorgar el plazo legal para que los socios manifiesten su decisión; la prima de emisión también debe ser conocida por los socios antes de ejercer el derecho.
- Una mayoría, aunque sume 70% u 80%, no puede privar a la minoría de un derecho que la ley le reconoce. El argumento del «interés social» no habilita a suprimir el derecho de preferencia: a lo sumo permitiría analizar, por la vía y con las mayorías correspondientes, una exclusión o un aumento distinto, no un atropello formal.
- Si las nuevas acciones ya se emitieron, B y D pueden impugnar la resolución y reclamar la nulidad o la reparación; además, la dilución puede afectar derechos económicos y de voto consolidados en la escritura constitutiva.
Consecuencia práctica: el acta debe rehacerse con convocatoria válida, quórum del 75%, orden del día completo, publicación del aviso de preferencia y constancia del plazo transcurrido. Todo ello debe constar en el expediente que se exhiba al notario para la protocolización.
3. ¿Debe el notario protocolizar el acta? Explique el juicio de legalidad y las alternativas.
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No debe protocolizar en estas condiciones.
- La protocolización de actas de asamblea no es un acto mecánico: el notario ejerce un juicio de legalidad sobre la convocatoria, el quórum, las mayorías, el orden del día y la congruencia de las resoluciones. No califica la conveniencia económica, pero sí la legalidad de las formas.
- Aquí los vicios son manifiestos y no subsanables por la vía de una cláusula de estilo: falta de quórum, convocatoria defectuosa y supresión de un derecho irrenunciable. Protocolizar generaría apariencia de validez, facilitaría la inscripción y comprometería la responsabilidad del notario.
Alternativas ordenadas:
- Devolver el acta y requerir que se celebre nueva asamblea con las formalidades legales.
- Asentar en el expediente una razón o acta de observaciones con los defectos detectados y las prevenciones hechas.
- Verificar si subsiste la impugnación de B y, en su caso, exigir la resolución que la dirima antes de dar fe de la integración del órgano.
- Una vez corregido el procedimiento, protocolizar el acta, verificar la modificación de la escritura constitutiva y tramitar la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Advertir al inversionista que el depósito debe condicionarse a la validez del acto, no a la simple inscripción.