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Derecho Notarial
El notario es un profesional del derecho investido de fe pública, con funciones auténticas y de asesoría; su intervención da autenticidad a los actos jurídicos.
La fe pública notarial es la potestad del Estado delegada al notario para dotar de certeza jurídica a los hechos y actos que autoriza.
El protocolo es el conjunto de libros (apéndice, instrumentos públicos, índices) que el notario debe conservar y custodiar; su llevanza es obligatoria.
El instrumento público notarial se compone de: introducción (comparecencia), antecedentes, estipulaciones, generales y formalización (lectura, firma, autorización).
El testimonio es la copia autorizada del instrumento público; su expedición procede a solicitud del interesado y debe constar en el protocolo.
El notario debe verificar la identidad de los comparecientes y su capacidad legal; la falta de capacidad o identidad vicia el instrumento.
La escritura pública es el instrumento original que se incorpora al protocolo; una vez autorizada, no puede ser alterada sino mediante nueva escritura.
El notario incurre en responsabilidad civil, administrativa y penal por faltas en el ejercicio; el arancel notarial regula los honorarios por actuación.
Los libros del protocolo deben conservarse por un plazo mínimo de cinco años (según legislación local) y luego transferirse al archivo notarial.
Derecho Civil
La capacidad jurídica se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte; la capacidad de ejercicio se obtiene a los 18 años cumplidos.
Los actos jurídicos requieren consentimiento, objeto lícito y solemnidad cuando la ley lo exige; la ausencia de forma legal produce nulidad relativa o absoluta.
El registro civil es la institución que da publicidad a los actos del estado civil; las actas tienen valor probatorio pleno.
La prescripción positiva (usucapión) requiere posesión en concepto de dueño, pacífica, continua y pública por el tiempo que fije la ley (generalmente 5 años para muebles y 10 para inmuebles).
Las obligaciones se extinguen por pago, compensación, confusión, remisión, prescripción y novación; el pago debe ser íntegro y en el lugar convenido.
El contrato de compraventa civil obliga a transmitir la propiedad de una cosa a cambio de un precio cierto en dinero; la entrega puede ser real o jurídica.
La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones de los padres sobre los hijos menores; se ejerce conjuntamente y puede suspenderse por resolución judicial.
El matrimonio puede ser civil o religioso; el divorcio puede ser voluntario (por mutuo consentimiento) o necesario (por causal).
Los bienes inmuebles se clasifican en urbanos y rústicos; su transmisión requiere escritura pública e inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
Derecho Mercantil
El comerciante es la persona física o moral que ejerce actos de comercio de manera habitual; su actividad se rige por el Código de Comercio y leyes especiales.
La sociedad anónima se constituye mediante escritura pública e inscripción en el Registro Público de Comercio; su capital se representa por acciones.
Las obligaciones mercantiles se rigen por el Código de Comercio; los contratos mercantiles consensuales se perfeccionan por el consentimiento, salvo excepciones.
El título de crédito es el documento necesario para ejercitar el derecho literal que en él se consigna; puede ser a la orden, al portador o nominativo.
La letra de cambio, el pagaré y el cheque son títulos de crédito típicos; su emisión y transmisión se rigen por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
El contrato de arrendamiento mercantil (leasing) implica la cesión del uso de un bien a cambio de una renta, con opción de compra al final del plazo.
La quiebra y el concurso mercantil se regulan por la Ley de Concursos Mercantiles; el comerciante insolvente puede solicitar concurso preventivo o necesario.
Los actos de comercio son aquellos que la ley califica como tales; incluyen la compraventa de mercancías, el transporte, el seguro y las operaciones bancarias.
Derecho Fiscal
El impuesto es la contribución establecida en ley que deben pagar las personas físicas y morales por los ingresos o actividades que realicen.
El ISR grava la renta de las personas físicas y morales; la tasa para personas morales es del 30% sobre la utilidad fiscal.
El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo; la tasa general es del 16%, con tasas del 0% y exenciones para ciertos bienes y servicios.
Los sujetos pasivos del IVA son quienes enajenan bienes, prestan servicios, usan o gozan bienes, o importan bienes o servicios.
El Código Fiscal de la Federación regula los derechos y obligaciones de los contribuyentes; establece plazos, infracciones y delitos fiscales.
La obligación fiscal se extingue por pago, prescripción, compensación, condonación o cancelación; el plazo de prescripción es de cinco años.
El notario debe dar aviso a las autoridades fiscales cuando autorice actos que impliquen transmisión de bienes inmuebles, y calcular el impuesto que corresponda.
Los impuestos locales (como el impuesto sobre adquisición de inmuebles) se rigen por las leyes estatales y municipales; su pago es requisito para la inscripción registral.
Derecho Administrativo y Registral
El acto administrativo es la manifestación unilateral de voluntad de la administración pública que produce efectos jurídicos; debe ser dictado por autoridad competente.
Los elementos del acto administrativo son: sujeto, objeto, fin, forma y motivación; la falta de alguno lo hace nulo o anulable.
El Registro Público de la Propiedad es la institución que da publicidad a los actos jurídicos sobre bienes inmuebles; su inscripción es declarativa, salvo excepciones.
La calificación registral es la facultad del registrador para revisar la legalidad y validez del documento; puede suspender o negar la inscripción.
El procedimiento registral inicia con la presentación del título; el registrador debe resolver en un plazo máximo de cinco días hábiles.
La fe pública registral protege al tercero de buena fe que adquiere un derecho confiando en el contenido del registro; prevalece la inscripción sobre actos no inscritos.
Los recursos administrativos (revisión, revocación, queja) permiten impugnar actos de la administración; deben interponerse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación.
El derecho de petición y la tutela administrativa efectiva son principios que rigen la actuación de la administración; los actos deben ser fundados y motivados.
Derecho Constitucional y Amparo
El juicio de amparo protege los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales; procede contra actos de autoridad.
Los principios del amparo son: instancia de parte, existencia de agravio, definitividad, estricto derecho (salvo suplencia) y relatividad de las sentencias.
El amparo directo procede contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio; se interpone ante el tribunal que dictó la resolución.
El amparo indirecto se interpone contra actos que no sean sentencias definitivas, como leyes, reglamentos o actos de autoridad administrativa.
El plazo para interponer amparo indirecto es de 15 días hábiles desde la notificación del acto reclamado; el directo es de 15 días también.
La controversia constitucional resuelve conflictos entre poderes u órdenes de gobierno; la acción de inconstitucionalidad impugna normas generales.
Los derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles; su interpretación debe ser conforme a la Constitución y a los tratados.
El control de convencionalidad exige que jueces y autoridades apliquen los tratados de derechos humanos y las interpretaciones de la Corte Interamericana.
La suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que paraliza los efectos del acto mientras se resuelve el amparo; procede si no se afecta el orden público.