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Prima única en efectivo, pagador tercero y beneficiario sin vínculo: ¿corresponde reportar?

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Prima única en efectivo, pagador tercero y beneficiario sin vínculo: ¿corresponde reportar?

Un cliente de 34 años, gerente de una empresa de importación constituida hace seis meses, solicita a su correduría una póliza de vida individual con prima única de US$ 60 000 y designa como beneficiaria a una persona sin vínculo declarado. La prima se paga en efectivo, en tres entregas de US$ 20 000 en ocho días, por un tercero que dice ser "primo". El cliente pide además que la póliza no figure en su declaración jurada, solicita que se le devuelva el excedente a una cuenta en el extranjero y que no se genere documentación adicional. La empresa tiene como accionista a una sociedad constituida en una jurisdicción de baja tributación. Usted es el oficial de cumplimiento de la correduría.

1. Identifique y jerarquice las señales de alerta y explique por qué configuran un riesgo alto.

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Señales de alerta (de mayor a menor peso):

  1. Fraccionamiento en efectivo. Tres pagos de US$ 20 000 en ocho días evitan los umbrales de reporte por operación y son el patrón clásico de estructuración (pitufeo).
  2. Pagador distinto del tomador. Un tercero que se limita a decir "primo", sin documento que acredite el vínculo ni el origen de los fondos, impide identificar al verdadero beneficiario final de la operación.
  3. Jurisdicción de baja tributación en el accionariado. Obliga a levantar la cadena de titularidad hasta persona natural; si no se logra, el riesgo es no mitigable.
  4. Beneficiario sin vínculo. En seguros de vida, el beneficiario es el punto donde se materializa el lavado: póliza con prima única alta y beneficiario arbitrario es una estructura típica de transferencia de valor.
  5. Solicitud de opacidad. Pedir que no figure en la declaración y "no generar documentación" es una instrucción que el corredor no puede aceptar: su obligación es registrar la operación.
  6. Devolución del excedente a una cuenta en el extranjero. Cambia el flujo de fondos a un tercero y país no verificados.

En conjunto, la operación no tiene un propósito económico razonable demostrado: un cliente de 34 años con una empresa de seis meses no explica una prima única de US$ 60 000 en efectivo. La calificación debe ser de riesgo alto y activar debida diligencia intensificada del cliente y del beneficiario final.

2. Detalle la actuación inmediata del oficial de cumplimiento, incluido el reporte y los límites de la comunicación con el cliente.

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1. No ejecutar la operación en los términos pedidos. No se acepta efectivo fraccionado sin documentación; se solicita pago por canal bancario desde una cuenta a nombre del tomador.

2. Debida diligencia intensificada: identificación del cliente y del beneficiario final (cadena accionaria hasta persona natural), identificación del pagador y del origen de los fondos, verificación en listas de personas expuestas políticamente y de sanciones, y declaración jurada de origen de fondos. Si el cliente se niega, se registra la negativa.

3. Evaluación y decisión: con los elementos descritos, la operación es sospechosa aunque no exista prueba de delito; el estándar es la sospecha, no la condena. La decisión de continuar o rechazar la relación corresponde al oficial de cumplimiento con aprobación del nivel gerencial; el rechazo debe constar por escrito.

4. Reporte de operación sospechosa: se remite a la UIF-Perú por el canal oficial (SIPAR) tan pronto se detecta, sin esperar a completar la investigación y sin exigir documentación adicional del cliente. Se conserva copia del reporte y del sustento.

5. Prohibición de revelar (no tipping off): no se informa al cliente que existe un reporte ni se le anticipa que sus operaciones serán reportadas. Si se le pide información adicional, se hace en el marco de la debida diligencia, no como advertencia.

6. Conservación: el expediente (identificación, documentos, análisis, reporte) se mantiene por el plazo legal y a disposición de la SBS y de la UIF.

3. Proponga el esquema mínimo de prevención que debe acreditar la correduría ante la SBS.

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Gobernanza: oficial de cumplimiento designado y con reporte directo a la alta dirección; manual de prevención de LA/FT aprobado y actualizado; código de conducta; matriz de riesgos por producto, canal y cliente.

Debida diligencia: política de conocimiento del cliente y del beneficiario final, con niveles simplificado, estándar e intensificado; reglas de aceptación de efectivo y de pagadores terceros; verificación en listas (PEP, sanciones, listas locales) al inicio de la relación y en cada actualización; prohibición de cuentas o beneficiarios no identificados.

Monitoreo y reporte: criterios de detección de operaciones inusuales, registro de operaciones, procedimiento documentado de análisis y reporte de operaciones sospechosas a la UIF-Perú, y prohibición de revelar el reporte.

Capacitación y control: capacitación anual obligatoria a todo el personal, con evaluación; auditoría o revisión independiente periódica; canal de denuncias internas; conservación de registros por el plazo legal.

Enfoque basado en riesgos: la correduría debe poder explicar por qué la cartera de vida con prima única en efectivo, la de transportes con pagos internacionales o la de clientes con estructuras offshore reciben controles distintos. La evidencia exigible no es el manual, sino los expedientes: si no hay análisis escrito, el programa no existe.