Los tres millones del consejo estudiantil
El consejo estudiantil de un colegio rural debe decidir en qué gastar $3.000.000 que el municipio giró para «bienestar estudiantil». Hay tres propuestas: (1) reparar los baños, donde dos de cada cinco sanitarios no funcionan; (2) comprar implementos deportivos, promesa central del personero electo; (3) crear un fondo de transporte para 18 estudiantes que caminan más de 40 minutos por trocha y han faltado en promedio 6 días al mes. La rectora advierte que el dinero no alcanza para las tres y que debe ejecutarse este año.
En la asamblea, un grupo de WhatsApp de grado once propone votar a mano alzada y «grabar para que todos vean quién está en contra del deporte». Una estudiante cuenta que su hermano menor se ha enfermado por el estado de los baños. Otro estudiante propone que solo voten quienes pagan matrícula completa, porque «ellos sostienen el colegio».
1. ¿Qué criterio debería orientar la decisión sobre los $3.000.000? Justifica y muestra cómo se aplicaría a las tres propuestas.
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El dinero está etiquetado para bienestar estudiantil, así que los criterios defendibles son necesidad, urgencia y equidad, no popularidad ni cumplimiento de promesas de campaña.
- Baños: afectan a toda la comunidad, hay riesgo sanitario directo y no existe alternativa (nadie puede «no usar» el baño). Urgencia alta, beneficiarios amplios.
- Transporte: son 18 estudiantes con 6 ausencias mensuales; el acceso al colegio condiciona el derecho a la educación. Beneficiarios pocos, pero el daño es grave y acumulativo: la inasistencia sostenida termina en deserción.
- Implementos deportivos: tienen valor pedagógico, pero son sustituibles y no urgentes; además, una promesa de campaña no obliga al consejo, que debe decidir con criterios públicos.
Una salida razonable: financiar baños y fondo de transporte, y buscar recursos distintos para los implementos (convenio con el municipio, rifa, donación). Lo esencial es dejar acta con los criterios y los datos usados, porque la legitimidad de la decisión depende de que pueda explicarse, no solo de que haya ganado la mayoría.
2. ¿Qué problemas tiene la propuesta de votar a mano alzada y grabar la votación?
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Introduce presión social en una decisión que debería ser libre. Quien discrepa del grupo mayoritario queda expuesto y, en un colegio, esa exposición tiene consecuencias reales: comentarios, burlas, exclusión de otros espacios. El voto secreto existe precisamente para proteger la posibilidad de disentir sin costo personal.
La grabación además no aporta la transparencia que dice buscar: la transparencia se logra publicando el acta con los criterios, los datos y el resultado, no los rostros de quienes votaron en contra. Grabar convierte la deliberación en una prueba de lealtad al grupo.
Hay, por último, un problema de fondo: aunque la votación fuera secreta, una mayoría no puede decidir cualquier cosa. Los derechos de los estudiantes con mayores necesidades no quedan a merced de la mayoría circunstancial. La asamblea debe elegir entre opciones que respeten esos mínimos, no decidir si se respetan o no.
3. Evalúa la propuesta de permitir el voto solo a quienes pagan matrícula completa.
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Es discriminatoria y se apoya en un supuesto falso.
Primero, confunde dos cosas: sostener económicamente el colegio y tener derecho a participar en sus decisiones. La calidad de estudiante no depende del pago: es miembro de la comunidad quien está matriculado, y los órganos de participación se rigen por representación de todos, no por aportes económicos. En una institución oficial, además, los recursos del municipio son públicos y se asignan por equidad, no como retorno proporcional a lo que cada familia paga.
Segundo, el efecto sería perverso: los estudiantes con mayores necesidades -muchos con matrícula condonada o apoyos- serían justamente quienes no podrían votar sobre el fondo de transporte que los beneficia. Se excluiría a los interesados directos del asunto que les concierne.
Tercero, el argumento se refuta solo: si el criterio fuera «quien sostiene el colegio decide», habría que excluir también a los estudiantes becados, a los docentes y al personal de servicios, y el gobierno escolar dejaría de existir como espacio de formación ciudadana. La regla debe rechazarse y sustituirse por participación igualitaria con reglas claras.