La cancha, el humedal y los límites de la mayoría
La Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio El Mirador recibió 120 millones de pesos de regalías para construir una cancha deportiva. El predio disponible, de 900 m², colinda con un humedal de 1,2 hectáreas que atraviesa el barrio y que en temporada de lluvias se desborda. Quince familias llevan 30 años cultivando en el borde del humedal y se oponen a la obra porque perderían sus cultivos y temen que el relleno aumente las inundaciones. El presidente de la JAC convoca a asamblea para el sábado y anuncia que «la obra se decide por mayoría simple; quien no esté de acuerdo que se abstenga». Una de las líderes de las familias afectadas envía un derecho de petición a la alcaldía pidiendo los estudios de riesgo y el acta de asignación de los recursos, y no recibe respuesta en 20 días hábiles. Otro grupo de vecinos quiere que la obra se haga ya, porque los jóvenes no tienen espacio para el deporte.
1. La líder de las familias afectadas quiere una respuesta de la alcaldía sobre los estudios de riesgo y el uso de los recursos. ¿Qué mecanismo constitucional es el más adecuado y por qué no lo es la acción de tutela?
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El mecanismo adecuado es el derecho de petición (artículo 23 de la Constitución; regulado por la Ley 1755 de 2015). Lo que se busca es información y una respuesta de fondo de una autoridad pública: los estudios de riesgo y el acta de asignación de los 120 millones. El derecho de petición otorga precisamente eso y obliga a responder en los términos legales; la falta de respuesta en 20 días hábiles habilita además la queja ante el superior o la insistencia.
Por qué no la tutela: la tutela (artículo 86) protege derechos fundamentales y es subsidiaria: exige una vulneración o amenaza concreta de un derecho fundamental y que no exista otro medio eficaz. Una solicitud de documentos no es, por sí sola, una vulneración de un derecho fundamental. Solo cabría la tutela si se acreditara, por ejemplo, riesgo para la vida o la salud de las familias por las inundaciones y la administración se mantuviera inactiva; ahí sí habría conexidad con derechos fundamentales.
Y si el humedal se ve afectado, la vía principal frente al daño ambiental es la acción popular (artículo 88), que protege derechos colectivos como el ambiente sano, no la tutela. Distinguir estas tres vías -petición para información, popular para lo colectivo, tutela para lo fundamental- es lo que se evalúa aquí.
2. ¿Puede la asamblea de la JAC decidir por mayoría simple construir la cancha sobre el borde del humedal? Analiza los límites de la regla mayoritaria.
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No, no de esa manera. La mayoría es un procedimiento para decidir, no una fuente ilimitada de poder. Cuatro límites operan aquí:
- Legalidad y competencia. La JAC no es dueña del humedal ni del espacio público; su decisión no puede sustituir permisos ambientales ni el ordenamiento territorial. Aprobar la obra no la vuelve legal.
- Derechos de terceros y de las minorías. Quince familias con 30 años de cultivo tienen una situación jurídica que debe evaluarse; la regla «quien no esté de acuerdo que se abstenga» excluye deliberadamente a los afectados en lugar de escucharlos.
- Derechos colectivos. El humedal cumple una función de regulación hídrica: rellenarlo puede agravar inundaciones que afectan a todo el barrio, incluidos los que votan a favor. Un derecho colectivo no se decide por votación de los presentes.
- Debido proceso y estatutos. La convocatoria, el quórum y el orden del día deben seguir los estatutos de la JAC; una decisión que afecta bienes de uso común exige información previa y acta motivada.
Conclusión: la mayoría puede elegir entre alternativas legales -un predio distinto, otra ubicación dentro del barrio-, pero no puede autorizar lo que la Constitución y la ley prohíben.
3. Propón un procedimiento de tres pasos para que la comunidad decida sin vulnerar derechos y sin paralizar el proyecto.
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Paso 1 - Información pública y verificable. Publicar en la cartelera y en la asamblea: el acta de asignación de los 120 millones, el estudio de riesgo de inundación del predio y la situación jurídica del suelo. Sin esta base, cualquier votación es una decisión a ciegas y queda expuesta a nulidad.
Paso 2 - Mesa de concertación con las familias y alternativas sobre la mesa. Sesión con las 15 familias y con la autoridad ambiental para evaluar opciones concretas: reubicar la cancha en otro predio del barrio, rediseñarla fuera de la ronda del humedal o compensar la pérdida de cultivos. Debe quedar acta con acuerdos y desacuerdos.
Paso 3 - Decisión formal y ruta de escalamiento. Llevar la alternativa viable a la asamblea con el quórum estatutario, votar y dejar constancia de la votación y de los disensos. Si persiste la afectación al humedal, remitir el expediente a la autoridad ambiental y dejar abierta la vía judicial (acción popular).
Este orden no garantiza acuerdo, pero garantiza que la mayoría decida sobre información completa y dentro de sus competencias, lo que protege la obra de una suspensión posterior.