Creación de empresas y emprendimiento: formas jurídicas, viabilidad y responsabilidad social
Este dominio evalúa la creación de una empresa viable y responsable: elección de forma jurídica, plan de viabilidad y compromiso social. El examen puede pedir comparar formas jurídicas, detectar un plan financiero irreal o justificar la responsabilidad social.
Formas jurídicas y viabilidad
El empresario individual o autónomo responde con su patrimonio personal; es simple y adecuado para pequeña escala. La sociedad limitada (SL) limita la responsabilidad al capital aportado y es la forma habitual para proyectos con socios; desde la Ley 18/2022 el capital mínimo general es 1 €, aunque la cifra clásica de 3.000 € se estudia como referencia histórica. La sociedad anónima (SA) exige 60.000 € y es propia de grandes proyectos. La cooperativa y la sociedad laboral priorizan participación de los trabajadores. La viabilidad exige plan de mercado, técnico, legal y económico-financiero: inversión inicial, financiación, ingresos, costes, punto muerto y tesorería.
Responsabilidad social
La responsabilidad social empresarial integra impactos económicos, sociales y ambientales en la gestión. No es filantropía ocasional ni greenwashing: implica compromisos medibles con empleados, clientes, proveedores, comunidad y medioambiente. La economía social y los ODS ofrecen marcos para orientar la creación de valor compartido.
Ejemplo razonado
Dos socios quieren abrir una escuela de idiomas. Comparan autónomo y SL. Con autónomo, los socios responden personalmente y la marca se confunde con ellos; con SL, limitan responsabilidad, pueden entrar socios y separan patrimonio, a cambio de más formalidades contables. El plan debe estimar 30.000 € de inversión, 18.000 € de financiación ajena, ingresos por matrículas, costes fijos de local y personal, y punto muerto. Si el punto muerto exige 120 alumnos y el mercado local solo sostiene 80, el proyecto no es viable sin cambiar precio, costes o segmento.
Errores que cuestan puntos
Elegir forma jurídica solo por impuestos; confundir forma jurídica con modelo de negocio; presentar un plan de viabilidad sin hipótesis contrastadas; ignorar la tesorería; y reducir la responsabilidad social a donaciones o publicidad.