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Un comité de gestión que confunde sus funciones con las del organismo certificador

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Un comité de gestión que confunde sus funciones con las del organismo certificador

Un consejo empresarial de un estado reúne a nueve empresas de turismo de aventura, una cámara sectorial y una universidad para constituir un comité de gestión por competencias. En su primera sesión acuerdan: (1) redactar un estándar para guías de rápel, (2) emitir ellos mismos los certificados a los guías que ya trabajan en la región, (3) cobrar una cuota de recuperación por cada certificado para financiar el comité y (4) usar como base el estándar de un país vecino traducido, sin adaptarlo. Además, el presidente del comité es dueño de la empresa que concentra al 40% de los guías que se certificarían. El consejo solicita al organismo certificador local que “solo valide los certificados” y pide al evaluador que firme los juicios de los candidatos que no puedan presentarse a la observación por la temporada alta.

1. Clasifica los cuatro acuerdos como viables, viables con condiciones o inviables, y explica el fundamento de cada uno.

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Acuerdo 1 - redactar un estándar: viable con condiciones. Es función natural del comité, pero el producto debe pasar por el proceso de elaboración y validación técnica, y registrarse en el RENEC antes de usarse para certificar.

Acuerdo 2 - emitir certificados: inviable. El comité no certifica. La certificación la realiza un organismo certificador acreditado, con evaluadores acreditados y con base en juicios de competencia; el comité define, valida y promueve estándares.

Acuerdo 3 - cobrar por certificado: inviable. La emisión de certificados no puede convertirse en negocio del comité que define el estándar ni condicionarse a una cuota, porque compromete la imparcialidad. Sí puede haber ingresos por servicios distintos (formación, asesoría, estudios de brecha), siempre separados de la decisión de certificar y sin conflicto de interés.

Acuerdo 4 - adoptar un estándar extranjero traducido: viable con condiciones. Se requiere adaptación al contexto legal, técnico y de riesgos local, verificación de derechos de uso y validación técnica. Copiar y traducir no equivale a un estándar nacional.

2. El presidente del comité quiere que su propia empresa sea la primera en certificar a sus 40 guías. ¿Cómo se gestiona ese conflicto de interés?

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Se gestiona con separación de funciones y documentación, no con buena voluntad:

  • El presidente debe recusarse de toda decisión que afecte la evaluación de sus trabajadores: definición de criterios, selección del organismo certificador, designación de evaluadores y revisión de resultados.
  • Su empresa puede certificarse como cualquier otra, pero el proceso lo conduce el organismo certificador con evaluadores sin vínculo laboral o comercial con ella.
  • La decisión debe quedar en acta, con la declaración de conflicto y la ruta alterna aprobada por el resto de los miembros.
  • Conviene revisar la composición del comité: si una sola empresa concentra el 40% de la población a certificar, su peso en las votaciones y en la presidencia distorsiona la representatividad sectorial.

El punto de fondo: un comité sin reglas de conflicto de interés produce estándares y procesos a la medida de quien lo preside, y eso destruye la confianza del mercado en la certificación.

3. El organismo certificador recibe la propuesta de “solo validar certificados” y el evaluador la solicitud de firmar juicios sin observar. ¿Qué debe responder cada uno y qué consecuencia tendría aceptar?

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Ambos deben negarse por escrito y explicar por qué:

  • Al consejo: el organismo certificador no “valida” certificados ajenos; certifica con base en un proceso propio de evaluación, con plan, evidencias y juicio de evaluador acreditado. Validar documentos emitidos por un tercero no es una figura del proceso.
  • Al evaluador: firmar un juicio sin haber aplicado el plan de evaluación es una conducta contraria a la ética profesional, además de producir un documento falso sobre un hecho que no ocurrió.

Consecuencias de aceptar:

  • Los juicios serían nulos y los certificados, cancelables.
  • El evaluador y el centro de evaluación quedarían expuestos a revisión y suspensión.
  • Los guías tendrían un documento sin respaldo verificable, justo en una actividad de alto riesgo donde la competencia real importa para la seguridad de terceros.

Alternativa legítima: programar observaciones fuera de la temporada alta, con un calendario anticipado y evaluadores suficientes. La estacionalidad se planea; no se resuelve con firmas de papel.