Embargo del SAT, recurso de revocación y plazo para el juicio de nulidad

Contra la resolución determinante, notificada el 10 de mayo de 2024, el recurso de revocación debía presentarse dentro de los 30 días siguientes. Si se computan días hábiles, el plazo venció a finales de junio de 2024; la empresa no lo interpuso, así que la determinante quedó firme. Contra el embargo, la situación es distinta: el embargo se trabó el 20 de septiembre de 2024 y el recurso se presentó el 15 de octubre de 2024, dentro de los 30 días. Pero el embargo es un acto de ejecución; su impugnación no reabre la discusión sobre el crédito fiscal si la determinante ya es firme. La empresa puede alegar vicios propios del embargo: falta de notificación del requerimiento, exceso en el monto o bienes inembargables. La revocación contra el embargo es oportuna, pero no puede usarse para controvertir la procedencia del ISR e IVA. Ese límite es clave: la firmeza de la determinante no se combate por la vía del embargo.

El recurso de revocación es optativo. El artículo 120 del Código Fiscal de la Federación permite al contribuyente elegir entre interponerlo o acudir directamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por eso, la autoridad se equivoca si sostiene que el juicio es improcedente por no agotar la revocación. Sin embargo, hay una salvedad: si la empresa ya interpuso el recurso contra el embargo, no puede simultáneamente llevar el mismo acto al TFJA sin esperar la resolución, so pena de litispendencia o de que el juicio se tenga por prematuro. La opción es excluyente por acto. Además, el juicio de nulidad contra el embargo debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación del acto o de la resolución del recurso. Si la empresa presentó ambos, el TFJA podría sobreseer el juicio respecto del embargo mientras el recurso esté pendiente. Estrategia: o se sigue la revocación y luego se impugna su resolución, o se desiste de ella y se va al juicio; no ambas.

El procedimiento administrativo de ejecución exige requerimiento previo y notificación; si no se notificó, el embargo carece de base y puede anularse. La empresa debe pedir copia del expediente administrativo y acreditar que no se le dio a conocer el requerimiento. Sobre el monto, el embargo debe ser suficiente para cubrir el crédito, actualización, recargos y costas; un embargo de $2,100,000 sobre un crédito de $1,850,000 no es necesariamente excesivo, porque los recargos siguen corriendo, pero si incluye bienes inembargables o duplica garantías, procede la reducción. La vía idónea es el juicio de nulidad ante el TFJA, con solicitud de suspensión para que no se disponga de los fondos; también puede pedirse aclaración o reducción en el propio procedimiento. La falta de notificación es un vicio de procedimiento que puede llevar a la nulidad del embargo, pero no a la extinción del crédito. Si la empresa no impugnó la determinante, el TFJA no puede revisar la cuantía del crédito original, solo los vicios del embargo.