EGEL Plus Derecho key terms

Manifestación voluntaria de la voluntad destinada a crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Requiere elementos de existencia, como consentimiento y objeto, y de validez, como capacidad y ausencia de vicios.

Sanción civil que priva de efectos a un acto por faltar un elemento de existencia o por contravenir una norma de orden público. No puede confirmarse ni prescribir por regla general y puede alegarse por cualquier interesado.

Invalidación de un acto por defectos de validez que protegen un interés privado, como incapacidad o vicio del consentimiento. Es confirmable y prescriptible, y solo puede invocarla la persona afectada o su representante.

Defectos que impiden que la voluntad se forme libre e informada: error, dolo, mala fe, violencia y lesión. Su acreditación permite pedir la nulidad relativa del acto jurídico afectado.

Aptitud reconocida por el ordenamiento para ser titular de derechos y obligaciones (goce) y para ejercerlos por cuenta propia (ejercicio). La incapacidad de ejercicio se suple mediante representación o asistencia legal.

Institución por la cual una persona actúa en nombre y por cuenta de otra que no puede hacerlo por sí misma, como menores o personas con incapacidad declarada. Sus efectos recaen directamente en el representado.

Conjunto de derechos y deberes de los padres sobre la persona y bienes de sus hijos menores, orientado a su protección integral. Incluye guarda, educación, representación y administración de bienes.

Poder de hecho sobre una cosa con ánimo de comportarse como titular, sea de buena o mala fe. Puede conducir a la prescripción adquisitiva si se cumplen los plazos y requisitos legales.

Modo de adquirir la propiedad por el ejercicio de la posesión durante el plazo fijado por la ley, con los requisitos de pacífica, pública y continua. Suele distinguirse entre ordinaria y extraordinaria según la buena fe.

Derecho real que permite usar, gozar y disponer de un bien con las limitaciones que impone la ley y sin perturbar el derecho ajeno. Se ejerce frente a todos y puede ser objeto de modalidades como copropiedad o usufructo.

Derecho real de usar y gozar temporalmente de un bien ajeno, conservando su forma y sustancia, con obligación de restituirlo. Puede constituirse por contrato, testamento o disposición legal.

Vínculo jurídico por el cual una persona llamada deudor queda sujeta a dar, hacer o no hacer algo frente a otra llamada acreedor. Su incumplimiento genera responsabilidad y permite exigir la prestación.

Acuerdo de voluntades que crea o transfiere derechos y obligaciones. Se rige por el principio de autonomía de la voluntad, limitado por normas imperativas, el orden público y las buenas costumbres.

Deber de reparar el daño causado a otro por incumplimiento de una obligación o por un hecho ilícito. Comprende la restitución, la reparación del daño material y, en su caso, la indemnización por daño moral.

Afectación a derechos de la personalidad, sentimientos, reputación o proyecto de vida que no puede valorarse solo en términos económicos. Su reparación se fija considerando la naturaleza del hecho y las circunstancias.

Transmisión de bienes y derechos por causa de muerte conforme a un testamento válido. Prevalece sobre la sucesión legítima en cuanto a la porción de libre disposición, respetando los derechos de los legitimarios.

Transmisión hereditaria que ocurre cuando no existe testamento válido o este no cubre toda la herencia. La ley designa a los herederos según el orden de parentesco y otros vínculos reconocidos.

Porción de la herencia que la ley reserva a determinados parientes, llamados legitimarios, y que el testador no puede disponer libremente. Su vulneración puede dar lugar a la reducción de las disposiciones testamentarias.

Adecuación exacta de una conducta concreta a la descripción legal de un delito. Es un elemento del delito y exige que la ley penal describa previamente la conducta de manera clara y precisa, sin analogías prohibidas.

Regla según la cual nadie puede ser sancionado por una conducta que no esté previamente tipificada como delito ni con una pena no establecida en la ley. Prohíbe la retroactividad desfavorable y la analogía in malam partem.

Juicio de reproche que se formula a quien pudo actuar de otro modo y no lo hizo, pese a ser imputable y conocer la ilicitud. Excluyen la culpabilidad la inimputabilidad, el error de prohibición invencible y la no exigibilidad.

Capacidad de comprender la ilicitud del hecho y de dirigir la conducta conforme a esa comprensión. Su ausencia, por minoría de edad o trastorno mental, da lugar a medidas de seguridad o tratamiento en lugar de pena.

Situación de quien no puede ser declarado culpable por falta de capacidad de comprensión o de autocontrol, como menores de edad o personas con alteración psíquica grave. Puede generar medidas de seguridad, no penas.

Desconocimiento o falsa representación sobre la ilicitud de la conducta. Si es invencible excluye la culpabilidad; si es vencible puede atenuar la pena, según la regulación aplicable.

Ejecución de un delito que no se consuma por causas ajenas a la voluntad del autor, tras haberse iniciado la ejecución. Se castiga con pena menor que la del delito consumado, salvo disposición expresa.

Calidad de quien realiza el hecho típico por sí mismo, con dominio del hecho o mediante otro utilizado como instrumento. Se distingue de la participación, que comprende la complicidad y la instigación.

Conducta típica, antijurídica y culpable que la ley penal sanciona con una pena. Su estructura exige analizar tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, además de las condiciones de punibilidad.

Derecho fundamental que impide tratar a una persona como culpable hasta que exista sentencia firme condenatoria. Obliga a que la acusación pruebe los hechos y a que la duda favorezca al imputado.

Conjunto de garantías que aseguran un juicio justo: juez competente, audiencia, defensa, contradicción, publicidad y motivación de las resoluciones. Se aplica tanto en materia penal como en procedimientos administrativos y laborales.

Derecho de la persona afectada por un acto de autoridad a ser oída antes de la privación de sus derechos, con oportunidad de ofrecer pruebas y alegar. Es un componente esencial del debido proceso legal.

Regla que exige que la autoridad administrativa actúe solo con fundamento en la ley y dentro de las atribuciones que esta le confiere. Todo acto administrativo debe estar motivado, fundado y ser competente.

Declaración unilateral de voluntad de un órgano del Estado que produce efectos jurídicos concretos sobre los administrados. Debe cumplir requisitos de competencia, forma, motivación y finalidad para ser válido.

Medio de impugnación que el administrado interpone ante la propia autoridad para revisar la legalidad o el mérito de un acto administrativo. Su resolución agota la vía administrativa y habilita el acceso al tribunal.

Medio de control constitucional que protege a las personas frente a actos de autoridad que violan derechos fundamentales o normas constitucionales. Puede ser directo o indirecto según la naturaleza del acto reclamado.

Obligación de jueces y autoridades de contrastar las normas y actos internos con los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de cortes supranacionales. Busca la interpretación más favorable a la persona.

Conjunto de normas y principios que, junto con el texto constitucional, sirven como parámetro de validez del orden jurídico. Incluye tratados de derechos humanos y criterios interpretativos vinculantes.

Vínculo jurídico entre el Estado y el contribuyente que surge al actualizarse el hecho generador previsto en la ley. Comprende el pago del tributo y el cumplimiento de deberes formales.

Exige que los tributos se establezcan por ley, con elementos como sujeto, objeto, base, tasa y época de pago claramente determinados. También prohíbe la aplicación analógica de normas fiscales.

Tributo que grava un beneficio o gasto derivado de obras públicas, servicios o actividades estatales que benefician de manera especial al obligado. Se distingue del impuesto y de la tasa por su hecho generador.

Principio que obliga a que toda decisión sobre niñas, niños y adolescentes atienda prioritariamente su bienestar integral. Orienta la interpretación y aplicación de normas civiles, familiares y laborales.

Vínculo entre quien presta un servicio personal subordinado y quien lo recibe a cambio de un salario. Se configura por la prestación del trabajo, no por la existencia de un contrato escrito.

Sometimiento del trabajador a las facultades de dirección y disciplina del patrón en cuanto al modo, tiempo y lugar de la prestación. Es un elemento distintivo de la relación laboral frente a la prestación de servicios independientes.

Retribución que recibe el trabajador por su trabajo, integrada por pagos en efectivo y prestaciones en especie. Debe ser remunerador, igual por trabajo igual y pagarse en la periodicidad pactada o legal.

Terminación de la relación laboral por decisión del patrón sin que exista causa legal imputable al trabajador. Genera el derecho a indemnización constitucional y, en su caso, a salarios caídos.

Derecho del trabajador a conservar su puesto mientras subsista la relación laboral y no se actualice una causa justificada de despido. Se protege mediante la reinstalación o la indemnización según el caso.

Proceso entre patrones y sindicatos para acordar condiciones de trabajo mediante un contrato colectivo. Es un derecho fundamental de los trabajadores y un mecanismo de equilibrio de las relaciones laborales.

Asociación de trabajadores o patrones constituida para defender y promover sus intereses comunes. Tiene personalidad jurídica, puede negociar colectivamente y ejerce la representación de sus afiliados.

Convenio celebrado entre uno o varios sindicatos y uno o varios patrones para fijar condiciones de trabajo y regular las relaciones laborales. Su contenido puede extenderse a todos los trabajadores de la empresa.

Sistema de protección que cubre riesgos como enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y desempleo mediante contribuciones y prestaciones. Se organiza bajo principios de solidaridad, universalidad y redistribución.