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Rescisión sin aviso, salarios caídos y prescripción laboral

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Rescisión sin aviso, salarios caídos y prescripción laboral

María trabajó como gerente de ventas en 'Comercializadora Azteca, S.A. de C.V.' del 1 de febrero de 2016 al 30 de septiembre de 2024, con salario mensual de $38,000 y prestaciones superiores a las de ley. El 27 de septiembre de 2024 discutió con su jefe y le dijo 'eres un inepto'. Dos días después, Recursos Humanos le entregó una carta de rescisión que invocaba 'falta de probidad y actos de violencia verbal' y la despidió ese mismo día, sin precisar hechos ni entregar el aviso previsto en el contrato colectivo. María firmó de recibido con la leyenda 'no estoy de acuerdo'. El 5 de diciembre de 2024 presentó demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado, indemnización constitucional, prima de antigüedad y salarios caídos. La empresa opone prescripción y gravedad de la falta.

1. ¿Está prescrita la acción? Computa el plazo del artículo 518 de la LFT y explica la conciliación prejudicial.

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El artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo fija un plazo de dos meses para demandar el despido, contado desde el día siguiente a la separación. María fue despedida el 30 de septiembre de 2024; el plazo venció el 30 de noviembre de 2024. Presentó la demanda el 5 de diciembre de 2024, fuera del plazo. La circunstancia de que la carta dijera 'no estoy de acuerdo' no interrumpe la prescripción; solo la presentación oportuna de la demanda o de la solicitud de conciliación prejudicial la suspende. Desde la reforma de 2019, antes de acudir al Tribunal, la trabajadora debe solicitar la conciliación ante el Centro de Conciliación; si esa solicitud se presenta dentro de los dos meses, el plazo se suspende y luego continúa. El caso no menciona que María haya acudido al Centro, sino que presentó directamente la demanda ante el Tribunal. Por tanto, la acción está prescrita, salvo que acredite una solicitud de conciliación anterior al 30 de noviembre. La empresa tiene una excepción fuerte.

2. ¿Fue válida la rescisión? Analiza la causa, el aviso y la carga de la prueba.

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La rescisión requiere una causa grave, actual y proporcional, y el aviso escrito al trabajador. La empresa invoca 'falta de probidad y actos de violencia verbal', pero no precisa hechos: la carta es genérica. La expresión 'eres un inepto' puede ser una falta de respeto, pero no necesariamente una falta de probidad o violencia verbal grave; el patrón debe acreditar la gravedad y la relación con el trabajo. Además, la carta se entregó dos días después y no consta el aviso previsto en el contrato colectivo; aunque la ley no exige un plazo exacto, la inmediatez es relevante. La carga de la prueba corresponde al patrón, conforme al artículo 784 de la LFT: debe demostrar la causa y la proporcionalidad. Si no lo hace, el despido se considera injustificado. La firma de María con 'no estoy de acuerdo' no convalida la rescisión; solo deja constancia de su inconformidad. La empresa tampoco puede alegar que la falta fue grave si no siguió el procedimiento contractual.

3. Si se declara injustificado el despido, ¿qué prestaciones corresponden y cómo se calculan? Incluye el tope de salarios caídos.

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Corresponde indemnización constitucional: tres meses de salario más 20 días de salario por cada año de servicio. María trabajó 8 años y 8 meses, del 1 de febrero de 2016 al 30 de septiembre de 2024. Para el cálculo se usa el salario diario integrado, no solo el mensual; si el salario mensual es $38,000, el diario base es $1,266.67, más la parte proporcional de prestaciones. La indemnización sería: $114,000 por los tres meses, más 20 días por 8 años, es decir 160 días, y la parte proporcional por 8 meses, 13.33 días; en total 173.33 días, que equivalen a $219,555 con el salario base. La prima de antigüedad es de 12 días por año, con tope de dos salarios mínimos; como el salario diario supera el tope, se calcula con el tope, no con el salario real. Los salarios caídos corren desde el despido hasta el pago, pero la reforma de 2019 fijó un tope de 12 meses; además, deben descontarse los periodos de suspensión imputables al trabajador. También pueden reclamarse prestaciones devengadas y, en su caso, intereses. Si la acción está prescrita, nada de esto prospera.