Derecho Constitucional y Administrativo (incluye responsabilidad y régimen disciplinario notarial)
El Derecho Constitucional y Administrativo aplicado a la función notarial evalúa el carácter público del notariado, los principios de legalidad y debido proceso, y el régimen de responsabilidad y disciplina. El notario no es autoridad judicial, pero ejerce una función pública y responde por sus actos.
Reglas centrales
- La función notarial se somete a la ley estatal, al reglamento y a la vigilancia de la autoridad competente.
- Toda sanción disciplinaria exige fundamento, audiencia y proporcionalidad; no basta la sospecha.
- Responsabilidad civil, administrativa, penal y disciplinaria son vías distintas y pueden concurrir.
- El notario debe excusarse o abstenerse cuando tenga interés personal o conflicto de interés.
- La fe pública no ampara ilegalidades ni subsana vicios de voluntad.
Ejemplo razonado
Se abre expediente disciplinario a un notario por retraso en la entrega de un testimonio. Antes de sancionar, la autoridad debe notificar los hechos, permitir pruebas y resolver por escrito. El retraso puede generar responsabilidad administrativa, pero no automáticamente falsedad penal. El notario, a su vez, debe conservar acuses y constancias del protocolo. La distinción importa: una falta de gestión no equivale a delito contra la fe pública.
Errores que cuestan puntos
Confundir responsabilidad administrativa con penal; creer que el nombramiento notarial elimina la sujeción a la ley; ignorar la garantía de audiencia; y no documentar la actuación.