SBS Auxiliar de Seguros cheat sheet

En Perú, la Ley 26702 (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros) regula la constitución, autorización, supervisión y liquidación de aseguradoras; la SBS es el supervisor competente.

La actividad aseguradora se organiza bajo el régimen de autorización previa: ninguna entidad puede operar sin autorización de funcionamiento otorgada por la SBS mediante resolución.

Ramos y coberturas se clasifican en seguros de personas (vida, invalidez, accidentes personales, salud) y seguros generales (patrimoniales, responsabilidad civil, transporte, ingeniería).

La Ley 29946, Ley del Contrato de Seguro, regula el contrato, la póliza, la prima, el siniestro, la prescripción y las obligaciones de información; complementa a la Ley 26702.

La prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro es de dos años para seguros de daños y de diez años para seguros de vida, contados desde el vencimiento de la obligación.

El sistema de seguros incluye además al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo de Seguro de Depósitos; el primero no cubre pólizas de seguros, por lo que la protección del asegurado se apoya en el patrimonio de la aseguradora y en la supervisión.

Las aseguradoras deben mantener patrimonio efectivo y margen de solvencia conforme a la normativa de solvencia dictada por la SBS, con reportes periódicos de solvencia y de inversiones.

La SBS aprueba tarifas, notas técnicas y condiciones generales de los productos; las modificaciones contractuales requieren comunicación previa al asegurado.

Riesgo asegurable: debe ser incierto, lícito, fortuito, medible económicamente y no depender de la sola voluntad del asegurado; el interés asegurable debe existir al momento de la contratación.

Prima = prima pura (o de riesgo) + recargo por gastos de administración y comercialización + margen de seguridad y utilidad; la prima pura se calcula como frecuencia esperada por severidad media.

Siniestralidad = siniestros pagados y pendientes divididos entre primas devengadas del periodo; es el indicador básico de rentabilidad técnica del ramo.

Deducible: monto o porcentaje que asume el asegurado en cada siniestro; la franquicia es el monto bajo el cual la aseguradora no indemniza y por encima del cual cubre el total o el exceso.

Infraaseguro: suma asegurada menor al valor real del bien; la indemnización se reduce proporcionalmente (regla proporcional) salvo pacto de valor convenido.

Sobreseguro: suma asegurada mayor al valor real; el exceso no genera indemnización y puede dar lugar a devolución de prima en seguros de daños.

Subrogación: la aseguradora que indemniza se sustituye en los derechos del asegurado contra el tercero responsable, hasta el monto pagado.

Reaseguro: transferencia de parte del riesgo de la aseguradora (cedente) a una reaseguradora; puede ser proporcional (cuota parte, excedente) o no proporcional (exceso de pérdida, stop loss).

Seguro de vida individual: cubre muerte por cualquier causa salvo exclusiones expresas (suicidio dentro del plazo de carencia, guerra, actos dolosos del beneficiario).

Seguro de vida con ahorro (dotales o mixtos): combina cobertura de fallecimiento con supervivencia; genera valor de rescate y préstamos sobre póliza según tabla contractual.

Seguro de desgravamen: cubre el saldo deudor de un crédito; el beneficiario es la entidad financiera hasta el monto del saldo insoluto y el excedente va a los herederos.

Seguro de accidentes personales: cobertura por muerte accidental, invalidez permanente y gastos médicos; requiere que la lesión sea consecuencia directa de un accidente cubierto y ocurrido en vigencia.

Seguro de salud e invalidez: la preexistencia declarada o no declarada afecta la cobertura; la reticencia o declaración inexacta permite a la aseguradora resolver el contrato conforme a la Ley 29946.

En seguros de personas la suma asegurada es un capital pactado, no una indemnización por daño; por ello no aplica la regla proporcional del infraaseguro.

Beneficiario: designación nominativa o por estipulación general; a falta de designación, el capital corresponde a los herederos legales del asegurado.

Período de carencia: plazo inicial durante el cual determinadas coberturas no se activan; debe constar expresamente en las condiciones particulares.

Seguro de daños patrimoniales: la indemnización no puede exceder el valor real del bien al momento del siniestro ni la suma asegurada; rige el principio indemnizatorio.

Coberturas típicas en patrimonio: incendio y línea aliada, robo y asalto, rotura de maquinaria, todo riesgo contratista, transporte de mercancías y responsabilidad civil.

Responsabilidad civil general: cubre la obligación de reparar daños a terceros por hechos involuntarios del asegurado; excluye dolo y obligaciones contractuales asumidas voluntariamente salvo pacto.

Responsabilidad civil profesional (E&O): protege frente a reclamos por errores u omisiones en la prestación de servicios profesionales; opera bajo régimen de reclamos presentados durante la vigencia.

Seguro de automóvil: distingue responsabilidad civil obligatoria, daños propios, robo total y pérdida total por accidente; el deducible y la depreciación se aplican según condiciones generales.

Seguro de todo riesgo: cubre todo daño material accidental salvo exclusiones enumeradas; la carga de probar la exclusión corresponde a la aseguradora.

Seguro de lucro cesante: indemniza la pérdida de utilidad por paralización del negocio como consecuencia de un siniestro cubierto; requiere período de indemnización pactado.

Seguro de caución: garantiza el cumplimiento de obligaciones del afianzado frente al beneficiario; la aseguradora tiene acción de reembolso contra el afianzado.

Documentos del contrato: solicitud o propuesta de seguro, cuestionario de declaración de riesgo, condiciones generales, condiciones particulares y condiciones especiales, además de la póliza y sus endosos.

La póliza debe contener: identificación de las partes, objeto asegurado, suma asegurada, riesgos cubiertos y excluidos, prima, vigencia, deducibles y forma de pago.

La aseguradora debe entregar al asegurado, antes o al momento de la contratación, la información precontractual: coberturas, exclusiones, deducibles y derecho de arrepentimiento.

Declaración del riesgo: el asegurado debe declarar todas las circunstancias que delimitan el riesgo; la reticencia o inexactitud dolosa faculta a resolver el contrato y retener la prima.

Pago de la prima: si no se paga la primera prima, la aseguradora no está obligada a cubrir el siniestro; el incumplimiento de primas sucesivas puede suspender la cobertura conforme a la póliza.

Endoso: documento que modifica la póliza (suma asegurada, beneficiario, vigencia); requiere aceptación de la aseguradora y consta como anexo de la póliza.

Derecho de arrepentimiento: en seguros de vida y en contratos celebrados a distancia, el asegurado puede dejar sin efecto el contrato dentro del plazo legal informado previamente.

Los datos personales del asegurado se tratan con consentimiento y bajo la Ley 29733 de Protección de Datos Personales; su uso para fines distintos requiere autorización expresa.

Suscripción: proceso de evaluar la aceptabilidad del riesgo, fijar condiciones (suma asegurada, deducible, exclusiones) y decidir la aceptación, modificación o rechazo de la propuesta.

Factores de tarificación en vida: edad, sexo, estado de salud, hábitos, ocupación y suma asegurada; en generales: ubicación, construcción, uso, historial de siniestros y medidas de protección.

La prima de riesgo se estima como frecuencia esperada de siniestros por severidad media esperada; los recargos cubren gastos, comisiones y margen de seguridad.

Tablas de mortalidad y morbilidad aprobadas por la SBS sustentan el cálculo de primas de vida y de salud; la tasa de interés técnico afecta las reservas matemáticas.

Reserva de primas no devengadas: porción de la prima correspondiente al tiempo no transcurrido de la póliza; se calcula en forma pro rata temporis o según método técnico aprobado.

Reserva de siniestros pendientes: estimación de indemnizaciones por siniestros ocurridos y no liquidados, incluidos los avisados tardíamente y los gastos de liquidación.

Inspección de riesgo: verificación previa del bien (estado, medidas contra incendio, seguridad) que puede condicionar la aceptación o modificar la prima y el deducible.

Nota técnica: documento que sustenta la tarifa y las bases técnicas del producto, incluyendo hipótesis de frecuencia, severidad, gastos y margen de seguridad.

Aviso de siniestro: el asegurado debe comunicar el hecho dentro del plazo pactado (usualmente 3 a 15 días según póliza); la demora injustificada puede afectar la cobertura en perjuicio causado.

Liquidación: la aseguradora designa un liquidador o ajustador, verifica la cobertura, cuantifica el daño y emite el informe de liquidación con la indemnización propuesta.

Plazo de pago: una vez acreditado el siniestro y presentada la documentación completa, la aseguradora debe pagar la indemnización dentro del plazo legal o contractual; el retraso genera intereses.

La indemnización en seguros de daños se limita al valor real del bien al momento del siniestro, deducido el deducible y aplicando la regla proporcional si hay infraaseguro.

Salvamento: el asegurado debe adoptar medidas para evitar la extensión del daño; los gastos razonables de salvamento son reembolsables aun cuando la cobertura se agote.

Documentación típica: denuncia policial cuando corresponda, formulario de reclamo, presupuestos o facturas, informe del ajustador y documentos de identidad del asegurado.

Reclamo y queja: el asegurado puede presentar reclamo ante la aseguradora y, si no se atiende, acudir al servicio de atención de la SBS o al INDECOPI según la materia.

Subrogación tras el pago: la aseguradora adquiere los derechos del asegurado contra el tercero responsable; el asegurado no debe renunciar a esas acciones.

El sistema de prevención se sustenta en el enfoque basado en riesgos: identificar, evaluar, mitigar y monitorear el riesgo de LA/FT por cliente, producto, canal y jurisdicción.

Debida diligencia del cliente: identificar al cliente y al beneficiario final, verificar identidad con documentos, conocer el propósito de la relación y actualizar la información periódicamente.

Debida diligencia intensificada: se aplica a personas expuestas políticamente, clientes de alto riesgo, jurisdicciones de riesgo y estructuras societarias opacas.

Operación sospechosa: aquella que no guarda relación con la actividad económica del cliente o carece de justificación; debe reportarse a la UIF-Perú sin informar al cliente sobre el reporte.

Señales de alerta: pagos en efectivo fraccionados, primas elevadas pagadas por terceros sin vínculo, rescates anticipados de pólizas de vida, uso de beneficiarios no relacionados y solicitud de endosos frecuentes.

Obligaciones internas: oficial de cumplimiento designado, manual de prevención, matriz de riesgos, capacitación periódica del personal y auditoría del sistema.

Conservación de registros: los documentos de identificación y de operaciones deben mantenerse por el plazo legal (no menor a cinco años) a disposición de la SBS y de la UIF.

El financiamiento del terrorismo se detecta mediante listas de sanciones y coincidencias de nombres; la coincidencia obliga a bloquear y reportar de inmediato.

Trato justo al cliente: la aseguradora debe informar con claridad, sin inducir a error, y ofrecer productos adecuados al perfil y necesidad del asegurado.

Transparencia: las condiciones generales y particulares deben redactarse en lenguaje comprensible; las exclusiones y limitaciones deben destacarse y no quedar ocultas en anexos.

Venta con asesoría: el asesor debe identificar la necesidad del cliente, explicar coberturas, exclusiones, deducibles y costo total, y documentar la recomendación.

Prohibiciones de conducta: venta atada o condicionada, presión indebida, cobro de primas no informadas, uso de información privilegiada y publicidad engañosa.

Atención de reclamos: la aseguradora debe contar con un libro de reclamaciones y un procedimiento con plazos de respuesta; el usuario puede acudir a la SBS o a INDECOPI.

Protección de datos: el tratamiento de datos del cliente requiere consentimiento informado, finalidad determinada y medidas de seguridad; el titular puede ejercer derechos ARCO.

Publicidad de productos: la información de rendimientos o beneficios debe ser veraz, destacar riesgos y no prometer resultados no garantizados.

Conflictos de interés: la remuneración por comisiones debe informarse y no puede prevalecer sobre el interés del cliente; las recomendaciones deben ser trazables.