PEP sobrevenido por el cónyuge y adjudicaciones públicas
Una entidad de banca privada revisa el expediente de un cliente español de 45 años, residente en Madrid, administrador único de un grupo de construcción, clasificado como riesgo medio desde hace tres años. En la revisión anual, la gestora descubre que el cónyuge del cliente ha sido nombrado Secretario de Estado de Transportes y que, en los doce meses siguientes, dos sociedades del grupo han recibido adjudicaciones de obra pública por 8 millones de euros, una de ellas de un organismo dependiente de ese ministerio. Además, el cliente ha recibido doce transferencias de 40.000 euros cada una desde una sociedad panameña sin actividad acreditada, con el concepto «servicios de consultoría». El modelo de riesgo puntúa automáticamente como alto a toda persona con responsabilidad pública, pero la gestora sostiene que debe mantenerse el riesgo medio porque el PEP es el cónyuge, no el cliente, y porque el patrimonio del cliente es anterior a ese nombramiento. La revisión vence en diez días y el comité de admisiones quiere cerrarla sin escalar el caso.
1. Determine si el cliente debe ser tratado como persona con responsabilidad pública y qué consecuencias tiene, distinguiendo entre el régimen del cónyuge y el del cliente.
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El cónyuge es el PEP; el cliente es su familiar
El artículo 11 de la Ley 10/2010 extiende las medidas de las personas con responsabilidad pública a sus familiares y allegados. El cónyuge, como Secretario de Estado, es PEP en sentido estricto; el cliente no ocupa el cargo, pero entra en el ámbito de aplicación por su vínculo familiar.
Consecuencias para el cliente
- Clasificación de riesgo alto por defecto, sin perjuicio de la evaluación específica documentada.
- Aprobación de la relación o de su continuidad por la alta dirección.
- Determinación del origen de su patrimonio y de los fondos, tanto propios como familiares.
- Seguimiento reforzado y revisión más frecuente.
- Prohibición de diligencia simplificada.
Matiz importante
Que el patrimonio sea anterior al nombramiento es un dato relevante para analizar el origen de la riqueza, pero no convierte al cliente en riesgo medio por sí solo. La clasificación debe reflejar el vínculo y los factores concurrentes, no una regla automática que la gestora pueda desactivar con una explicación comercial.
Error frecuente
Confundir «ser PEP» con «ser sospechoso». Miles de personas con responsabilidad pública operan con normalidad. El régimen exige medidas reforzadas, no presunción de delito. Pero tampoco permite ignorar el vínculo ni bajar el riesgo sin análisis escrito y aprobado.
2. Evalúe el argumento de la gestora de mantener el riesgo medio y proponga la clasificación y las medidas que corresponden, incluidas las relativas a las adjudicaciones públicas.
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El argumento no se sostiene
«El PEP es el cónyuge, no el cliente» es precisamente el supuesto que la norma contempla. Y que el patrimonio sea anterior al nombramiento no neutraliza los factores sobrevenidos: doce transferencias de una sociedad panameña sin actividad y adjudicaciones públicas obtenidas en los doce meses siguientes al nombramiento.
Clasificación propuesta
Riesgo alto, con evaluación específica documentada y aprobación por la alta dirección. El modelo automático acierta en este caso; el problema no es el modelo, sino la intención de desactivarlo.
Medidas
- Análisis de las adjudicaciones: órgano contratante, procedimiento, competencia del ministerio del cónyuge y posibles conflictos de interés. La proximidad temporal es un factor de riesgo, no una prueba.
- Análisis de las doce transferencias: contrato, facturas, entregables, identidad de los titulares reales de la sociedad panameña, tratamiento fiscal y adecuación de los importes al mercado.
- Entrevista documentada con el cliente, sin comunicarle que se está evaluando una posible comunicación.
- Seguimiento reforzado y revisión semestral.
Si la documentación no explica los fondos
La combinación de PEP, adjudicaciones próximas y pagos desde una jurisdicción opaca supera el umbral de indicio y procede comunicación al SEPBLAC. El interés comercial del comité de admisiones no es un criterio jurídico.
3. ¿Qué tratamiento daría a las transferencias de la sociedad panameña y en qué supuesto podría rebajarse el riesgo en el futuro?
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Las transferencias, elemento central
Una sociedad panameña sin actividad acreditada que paga 480.000 euros en consultoría a un directivo de la construcción es un indicador de riesgo elevado. Panamá figura en la lista española de países y territorios no cooperativos, lo que añade un factor objetivo. Hay que comprobar:
- Quién está detrás de la sociedad (titular real, cadena societaria, administradores).
- Qué servicios se prestaron, con contrato, facturas y entregables verificables.
- Si los importes son de mercado y si se declararon fiscalmente.
- Si el pagador tiene relación con las adjudicaciones públicas.
Si no se explica
No se trata de un simple defecto documental: la falta de explicación coherente en un contexto de PEP y contratación pública configura un indicio que debe comunicarse. La operación no debe ejecutarse mientras no se resuelva, valorando el deber de abstención.
Rebaja futura del riesgo
Solo cabría si: cesa el cargo el cónyuge; transcurre un periodo prudencial desde el cese (habitualmente entre 12 y 18 meses, sin plazo legal fijo); se documenta que el origen de la riqueza está explicado; y no hay operaciones anómalas. La decisión debe adoptarla la alta dirección con informe del cumplimiento, no el gestor comercial. El cese no borra automáticamente el riesgo ni la obligación de conservar el expediente.