Ética profesional, secreto de las comunicaciones y protección de datos
Ética profesional, secreto y protección de datos
Esta sección aborda la tensión entre confidencialidad, secreto profesional y obligación de reportar. El examen comprueba que el candidato distingue el deber de reserva del encubrimiento y sabe tratar datos personales sin bloquear la prevención.
Reglas y conceptos
- Secreto profesional: no es un derecho absoluto frente a la prevención. Abogados, notarios y otros profesionales deben cumplir la Ley 10/2010; la comunicación al Sepblac está amparada y no vulnera el secreto.
- Prohibición de revelación: no se puede informar al cliente de que se ha comunicado una sospecha ni de los datos que la sustentan.
- Protección de datos: el tratamiento se basa en el cumplimiento de una obligación legal y en el interés público; no se requiere consentimiento del cliente para la diligencia debida o el reporte.
- Minimización y conservación: se tratan los datos necesarios, se conservan los plazos legales (10 años) y se limita el acceso a quienes lo necesitan.
- Derechos del interesado: el cliente puede ejercer acceso, rectificación o supresión, pero pueden existir limitaciones para no obstaculizar la prevención o la investigación.
- Ética: no se utilizan datos para fines incompatibles; no se discrimina por nacionalidad; se documentan las decisiones y se evitan conflictos de interés.
Ejemplo razonado
Un cliente solicita acceso a todos los datos que la entidad tiene sobre él y pregunta si se ha enviado algún informe a una autoridad. La entidad debe atender el derecho de acceso con la información disponible, pero puede limitar la revelación de datos que afecten a una comunicación de sospecha o a una investigación en curso. No debe mentir ni confirmar la existencia del reporte; debe responder por escrito, con asesoramiento jurídico, y documentar la decisión. La obligación de confidencialidad pesa más que la curiosidad del cliente.
Errores que cuestan puntos
- Creer que el secreto profesional impide comunicar al Sepblac.
- Exigir consentimiento del cliente para tratar datos de KYC.
- Revelar la comunicación para “tranquilizar” al cliente.
- Conservar datos sin plazo o acceder a ellos sin necesidad.
- Denegar todos los derechos del interesado invocando prevención.
- Usar la nacionalidad como criterio único de sospecha.