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Revisión electrónica: plazos, medio de defensa y responsabilidad del asesor

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Revisión electrónica: plazos, medio de defensa y responsabilidad del asesor

Comercial del Bajío, S. de R.L. de C.V., presentó en marzo de 2023 su declaración anual de 2022. El 10 de marzo de 2025 el SAT notificó por buzón tributario una revisión electrónica (artículo 42, fracción IX, del CFF) por ISR e IVA de 2022. El 5 de junio de 2025 notificó el oficio de observaciones con una omisión de $3,900,000 (ISR $2,600,000 e IVA $1,300,000) y multas de $1,950,000. El contador externo recibió el aviso, pero el representante legal estaba de viaje y no se presentó respuesta en 15 días. El 30 de octubre de 2025 se notificó la resolución determinante. La empresa no tiene bienes embargables suficientes ni ha garantizado el crédito. El contador propone un amparo indirecto “para no agotar el recurso” y alega prescripción de cinco años.

1. Verifique si la resolución fue oportuna y valore la alegación de prescripción.

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Plazos. La revisión electrónica sigue las reglas de la revisión de gabinete: el oficio de observaciones da 15 días hábiles al contribuyente; la autoridad debe notificar la resolución dentro de los cuatro meses siguientes (artículo 50 del CFF) y concluir la revisión en un plazo máximo de seis meses (artículo 48). Del 10 de marzo al 30 de octubre hay casi ocho meses: se excedió el plazo de conclusión. Del 5 de junio al 30 de octubre hay casi cinco meses: también se excedió el plazo de cuatro meses para notificar la resolución.

Efecto. El exceso en el plazo de cuatro meses es un vicio formal; la jurisprudencia ha exigido valorar si trasciende al sentido de la resolución y no lo considera nulidad automática. El exceso del plazo de seis meses para concluir la revisión puede invocarse como vicio, pero su eficacia depende del caso concreto. La falta de respuesta al oficio de observaciones no invalida la resolución: sólo dejó pasar la oportunidad de defenderse en esa etapa.

Caducidad. El plazo del artículo 67 del CFF es de cinco años desde la presentación de la declaración (marzo de 2023), por lo que vence en 2028. La alegación de prescripción es infundada.

2. ¿Qué medio de defensa procede y cómo se logra la suspensión de la ejecución?

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Vía. El recurso de revocación es optativo (artículos 116 y 127 del CFF) y debe interponerse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación (artículo 121). El juicio contencioso ante el TFJA también procede en 30 días (artículo 13 de la LFPCA), pero si se interpone el recurso debe esperarse la resolución. El amparo indirecto no es la vía idónea: existe un medio ordinario y el amparo es improcedente mientras no se agote, salvo violaciones directas a la Constitución o actos de imposible reparación.

Suspensión. La interposición del recurso suspende la ejecución si se garantiza el interés fiscal conforme al CFF. Sin garantía, la suspensión no opera y la autoridad puede iniciar la ejecución. En el juicio contencioso la suspensión se tramita como medida cautelar (artículo 28 de la LFPCA) y también exige garantía, salvo insuficiencia de bienes.

Estrategia. Conviene el recurso de revocación por los vicios de plazo, ofreciendo prueba pericial contable y garantizando el crédito si se busca suspender. Si la resolución se confirma, queda abierto el juicio contencioso.

3. Evalúe la conducta del contador al no responder el oficio de observaciones y la responsabilidad del representante legal.

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Contador. El contador no es representante legal ni obligado tributario; su responsabilidad es civil y ética, no solidaria, salvo dolo o firma de datos falsos. La omisión de responder el oficio en 15 días es una falta de diligencia profesional: el Código de Ética del IMCP exige competencia y cuidado. Si el cliente sufrió un daño por esa omisión (por ejemplo, la pérdida de la oportunidad de desvirtuar observaciones), puede exigir responsabilidad civil.

Representante legal. La responsabilidad fiscal es de la sociedad; el representante responde solidariamente sólo en los supuestos del artículo 26 del CFF. La falta de respuesta no configura por sí un delito; el artículo 108 del CFF exige engaño y un monto superior al umbral vigente.

Recomendación. Documentar la notificación, informar por escrito al cliente, solicitar instrucciones y no sustituir la voluntad del contribuyente. El secreto profesional no impide advertir el riesgo penal ni obliga a ocultar información a la autoridad.