CNBV PLD/FT Certification key terms

Ley mexicana que obliga a ciertas personas físicas y morales, incluidas las entidades financieras, a identificar clientes y reportar operaciones vulnerables vinculadas con recursos de procedencia ilícita.

Conducta o servicio listado en la LFPIORPI que, por su naturaleza, puede ser usada para lavar dinero o financiar el terrorismo y que obliga a quien la realiza a cumplir deberes de identificación y aviso.

Reporte que las entidades financieras y demás sujetos obligados presentan a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre operaciones relevantes, inusuales o internas, conforme a plazos y formatos establecidos en la normativa.

Autoridad mexicana adscrita a la Secretaría de Hacienda que recibe, analiza y explota la información de operaciones reportadas para detectar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Grupo de Acción Financiera Internacional que emite recomendaciones globales contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, usadas como estándar para evaluar los regímenes nacionales.

Principio según el cual las entidades asignan recursos y controles de forma proporcional al riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que representan sus clientes, productos, canales y jurisdicciones.

Conjunto de criterios y procedimientos documentados que una entidad usa para identificar, medir, priorizar y actualizar sus riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Herramienta que cruza factores como tipo de cliente, producto, canal y geografía para clasificar el nivel de riesgo y definir controles proporcionales a cada combinación.

Característica del cliente, la operación, el producto, el canal o la jurisdicción que puede aumentar o disminuir la probabilidad de que se use a la entidad para lavar dinero o financiar el terrorismo.

Nivel de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que la entidad está dispuesta a asumir en su operación, expresado en políticas aprobadas por su consejo y aplicado a la toma de decisiones.

Proceso mediante el cual la entidad identifica, verifica y conoce a su cliente, entiende el propósito de la relación y da seguimiento continuo para administrar el riesgo asociado.

Conjunto de políticas y procedimientos para recabar datos de identificación, comprobar su veracidad y comprender la actividad económica y el perfil transaccional del cliente antes y durante la relación comercial.

Persona física que, directa o indirectamente, ejerce el control real de una persona moral o es propietaria última de sus bienes, aunque no aparezca formalmente como titular.

Organización de la propiedad de una persona moral que permite identificar a los socios, sus porcentajes y las cadenas de tenencia necesarias para localizar al beneficiario controlador.

Persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas, así como sus familiares y asociados cercanos, lo que exige medidas de debida diligencia reforzada por su mayor riesgo.

Nivel reducido de verificación aplicable solo cuando el riesgo evaluado es bajo y la normativa lo permite, sin que ello elimine la obligación de identificar al cliente.

Conjunto de medidas adicionales de identificación y seguimiento aplicadas a clientes o operaciones de mayor riesgo, como PEP, jurisdicciones de riesgo o estructuras societarias complejas.

Descripción del comportamiento esperado de un cliente en cuanto a montos, frecuencia, contrapartes y tipo de operaciones, que sirve de referencia para detectar desviaciones.

Operación que no coincide con el perfil transaccional del cliente o que, por sus características, no tiene un fundamento económico o lícito aparente, por lo que debe analizarse y, en su caso, reportarse.

Acto u operación que supera los umbrales establecidos en la normativa y que debe informarse a la autoridad dentro de los plazos definidos, con independencia de que parezca sospechosa.

Acto u operación realizado por directivos, empleados o apoderados de la propia entidad financiera que, por su naturaleza o monto, resulta inusual y debe reportarse a la autoridad.

Indicio o comportamiento observable que sugiere una posible operación de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo y que activa la revisión del caso por el área de cumplimiento.

Patrón o esquema conocido de conductas y mecanismos usados para ocultar el origen o destino de recursos ilícitos, que sirve para diseñar controles y reconocer casos similares.

Práctica de fraccionar una operación en varias de menor monto para evitar superar umbrales de reporte o activar controles internos de la entidad.

Modalidad de estructuración en la que varias personas, llamadas mulas, realizan depósitos o retiros pequeños y repetidos por cuenta de un mismo beneficiario para evadir la detección.

Aportación o recaudación de recursos, incluso de origen lícito, destinados a sostener actos terroristas o a organizaciones que los cometen, por lo que debe detectarse y reportarse.

Sistema y proceso que revisa de forma continua las operaciones del cliente frente a parámetros de riesgo y perfiles para generar alertas que el área de cumplimiento debe analizar y documentar.

Herramienta informática que aplica reglas, escenarios y listas de riesgo a los datos de operaciones para identificar patrones anómalos y priorizar su revisión.

Relación de individuos o entidades señalados por autoridades nacionales o internacionales con quienes la entidad no puede operar y cuyos recursos deben congelarse cuando son identificados.

Obligación de mantener por los plazos legales los expedientes de identificación, registros de operaciones y soportes de reportes, en medios que permitan su consulta por la autoridad.

Conjunto documental que respalda la identificación, el perfil, el beneficiario controlador y el seguimiento de cada cliente, y que debe estar disponible para revisión interna y de autoridades.

Deber de no revelar a terceros la información sobre clientes, operaciones y reportes presentados a la autoridad, cuya divulgación indebida puede constituir una infracción sancionada.

Conjunto documentado de políticas, procedimientos, controles, capacitación y auditoría que la entidad implementa para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Funcionario designado por la entidad para coordinar y vigilar la aplicación del programa de PLD/FT, actuar como enlace con la autoridad y rendir informes al consejo u órgano equivalente.

Programa periódico y documentado de formación dirigido a empleados y directivos sobre obligaciones, riesgos, señales de alerta y procedimientos internos de prevención.

Revisión independiente y documentada que evalúa la eficacia del programa de cumplimiento, identifica deficiencias y genera recomendaciones para corregirlas.

Consecuencias legales, como multas, amonestaciones o inhabilitaciones, que impone la autoridad a los sujetos obligados o a sus funcionarios por incumplir las normas de PLD/FT.

Conjunto de reglas internas y legales que definen faltas, responsabilidades y consecuencias aplicables a empleados y directivos por incumplir políticas de prevención.

Falta de observancia de las obligaciones legales, regulatorias o internas en materia de PLD/FT, que puede generar sanciones, responsabilidad penal o daño reputacional.